Escándalo: militares vendían munición a disidencias de las Farc, luego el grupo criminal asesinaba a otros uniformados. Aquí las pruebas

Una incautación de munición a las disidencias de las Farc en Nariño se convirtió en una minuciosa y escandalosa investigación que dejó un dato estremecedor: el inmoral hecho de que funcionarios del Ejército, incluso del más alto rango, les estarían vendiendo las municiones y dotaciones a los grupos criminales que asesinan a soldados y policías en diferentes zonas del país. Se convirtieron en el armerillo de las disidencias.

El origen de este escándalo fue la incautación de más de 800 cartuchos y chalecos multipropósito en una vía que comunica a Pasto con Tumaco. La incautación no llamó la atención, seguramente porque en esa convulsa región minada de coca, narcos y todas las organizaciones criminales en guerra, cada semana ocurren operativos similares.

Pero la duda por el origen de esas armas llamó la atención de los investigadores de la seccional de fiscalías en Nariño que le pusieron la lupa y descubrieron una cloaca de corrupción. Los cartuchos que estaban en poder de los disidentes de las Farc, los mismos que se enfrentan al Estado, asesinan líderes sociales y siembran el terror en diferentes zonas del país, formaban parte de un lote de municiones que, en teoría, ordenó destruir el propio Ejército. Sin explicación estaban en los fusiles de los criminales.

Los peritos de la Fiscalía compararon cartucho por cartucho con el sistema que tiene la fuerza pública para hacerle seguimiento a la munición y el armamento. La trazabilidad indicó que esos cartuchos, incautados en septiembre de 2022, fueron destruidos por un grupo designado especialmente para ese fin.

Cada cartucho de esa incautación estuvo en las manos de oficiales, suboficiales y soldados del Ejército, pero por seguridad, y después de cumplirse un tiempo de uso, se ordenó renovar la munición.

El problema es que los encargados de ese procedimiento no destruyeron el material de intendencia y municiones, al parecer lo pusieron en venta. Los hallazgos de la Fiscalía, con solo revisar los sistemas de información del Ejército, destaparon lo que podría ser un escándalo de corrupción que no solo pone en riesgo los recursos públicos, sino la vida de los miembros de las Fuerzas Armadas, atacados, irónicamente, con las balas del Estado.

En un par de meses, lo que arrancó como una incautación más en Nariño se convirtió en una investigación de orden nacional y por hechos de corrupción, con una lista de oficiales que, por preservar la investigación, SEMANA mantiene en reserva. Lo que sí advirtieron fuentes del proceso fue la vinculación de generales, coroneles y suboficiales de diferentes unidades.

La Fiscalía tiene en su poder documentos, actas, resoluciones y constancias que dan cuenta de un negocio criminal que se gestó en el interior de unidades militares, no solo en Nariño, sino en otros departamentos del país. El Ejército se convirtió en el armerillo de las disidencias de las Farc y otros grupos criminales.

Preliminarmente, la investigación que abrió la Fiscalía es por los delitos de falsedad en documento público, peculado por apropiación y otras conductas que se van sumando conforme hacen nuevos hallazgos. El escándalo de corrupción no solo resulta indignante en una coyuntura de tanta violencia en el país, sino que crece y vincula más funcionarios.

Allanamiento al Ejército

Hace unas semanas, y por orden de un fiscal especializado en Delitos contra la Administración Pública, con apoyo de unidades de contrainteligencia del Ejército, los investigadores de CTI fueron hasta dos oficinas de la Brigada 23 con sede en Pasto, Nariño. El objetivo era claro, obtener los documentos que advertían lo que ya sabía. Los investigadores llegaron a los archivos de la Brigada y al almacén de armamento de esa unidad militar. Buscaron los documentos que daban soporte a la supuesta destrucción de la munición y el material de intendencia que meses atrás la oficina de Planeación y Logística del Ejército fijó por medio de actas.

En la diligencia de inspección encontraron un documento clave para la investigación. Se trata del Acta de Destinación Final de Bienes dados de baja n.° 004162 y firmada el 20 de junio de 2021. En ese documento, que es ahora una de las pruebas principales, el Ejército dio la orden de destruir más de un millón de cartuchos calibre 5.56 y 2.029 chalecos multipropósito, iguales a los encontrados en poder de las disidencias de las Farc. La Fiscalía obtuvo evidencia de sobra para avanzar en la investigación. Documentos que dibujaron en detalle la dinámica criminal que se gestó y esparció como un virus en el Ejército.

Las pruebas llevaron al fiscal encargado a ordenar otra diligencia de inspección, esta vez en Bogotá. Los investigadores, con orden de ingreso, llegaron al Departamento de Logística sede número cuatro para obtener, de manera formal y con ánimo de prueba judicial, todos los documentos que dan soporte al Acta de Destrucción inicial, la misma que instruyó a las unidades militares, en diferentes zonas del país, que la munición y el material de intendencia tenían fecha de vencimiento.

SEMANA conoció los documentos que están en poder de la Fiscalía y que se convierten en base de la investigación para vinculación de altos oficiales del Ejército. En esos soportes quedó detallado quién dio la orden de destruir la munición y los chalecos, quién debía cumplirla y quiénes se torcieron.

Lo que falta es establecer qué ocurrió después de esas órdenes impartidas por el Comando del Ejército y de qué manera, los funcionarios corruptos, lograron entregar soportes de una falsa destrucción. Luego ocultar las municiones, trasladarlas, ponerlas en venta y finalmente encontrar el cliente: las disidencias de las Farc. Resulta apenas obvio que son funcionarios del Ejército, quienes están metidos en una red de corrupción con alcances nacionales.

El trabajo para la Fiscalía será establecer en qué zonas del país, aparte de Nariño, ocurrió lo mismo y si el millón de cartuchos que tenía orden de destrucción ahora está en las filas de los grupos criminales. Los oficiales implicados están plenamente identificados. Los investigadores esperan que una vez terminadas las diligencias de inspección y recolección de pruebas, se pueda pasar a una segunda fase, que podría incluir imputaciones y hasta capturas. El escándalo con el llamado “armerillo de las disidencias” apenas comienza.

SEMANA consultó al Ejército en el propósito de obtener una respuesta ante los graves hechos, materia de investigación de la Fiscalía. El objetivo era conocer con detalle quién entregó la orden de destrucción y los responsables de omitir esa directriz. Al cierre de esta edición, aseguraron que estaban en consultas con los oficiales jurídicos, sin embargo, no resolvieron las inquietudes.