La mamá de reina de Barranquilla sería la jefe de una poderosa red de tráfico de cigarrillos. Expediente causa conmoción

“Líbrese orden de captura contra Noreidys Judith Acevedo Cuadros y contra Nora Ligia Díaz Rivera”, fueron las palabras de un juez de la república al autorizar a las autoridades judiciales para capturar a las dos mujeres en mención.

Acevedo Cuadros y Díaz Rivera, según el expediente en poder de SEMANA, serían las cabecillas de la poderosa organización de contrabando conocida como Frontera, dedicada a importar contenedores cargados con miles de cajetillas de cigarrillos ilegales para inundar el mercado colombiano, afectando las finanzas de la nación con la evasión de impuestos.

Para poder destapar la olla podrida del contrabando en el norte del país, la Policía y la Fiscalía pusieron en marcha una investigación hace dos años que terminó revelando toda una caja de Pandora criminal.

Una de las mayores sorpresas que se llevaron los investigadores fue descubrir que detrás de los miles de cigarrillos ilegales que circulan en Colombia estaban poderosas familias de La Guajira, como es el caso de la de Noreidys Acevedo Cuadros, mamá de Sharon Gamarra, la actual señorita Barranquilla.

Mientras Sharon desfilaba por las pasarelas de la belleza colombiana, su mamá, Noreidys, era la encargada, al parecer, de mover ríos de dinero para aceitar la maquinaria necesaria a fin de introducir mercancía de contrabando a Colombia.

Noreidys, a quien llamaban la Financiera, dice la investigación, se habría confabulado con otras personas para encargar contenedores de cigarrillos ilegales desde Asia y luego venderlos en Colombia sin pagar impuestos.

Por su parte, Nora Ligia Díaz, identificada por las autoridades como la Madrina, considerada como una reconocida empresaria de La Guajira, con importantes amigos políticos y personajes con un oscuro pasado, era la otra ficha clave en Frontera. Entre las dos, dice la investigación, tenían un sistema diseñado para la comercialización ilegal de cigarrillos.

La red

En el expediente de Frontera se observa una variedad de pruebas. Incluye interceptaciones, seguimientos, búsqueda de información en bases de datos y otras acciones que desplegó la policía judicial para obtener las órdenes de captura en contra de Noreidys y Ligia, señaladas como presuntas cabecillas, así como contra otras cuatro personas (Kassandra, Jorge, Jade y Jeison), quienes ya fueron detenidas.

Durante los dos años de investigación, la Policía Fiscal Aduanera y la Dirección de Delitos Fiscales de la Fiscalía descifraron la forma de delinquir de Frontera para introducir las cajetillas de cigarrillos evadiendo los controles de las autoridades nacionales. Para ello, la red, al parecer, tenía cooptado el control en puertos no solamente nacionales, sino extranjeros.

La ruta del contrabando tenía su punto de partida en países como China, en donde se hacía la primera transacción: la compra del contenedor con cerca de 50.000 cajetillas de cigarrillos de diferentes marcas que no cumplían los estándares sanitarios de Colombia. Alias la Madrina (Ligia) y alias la Financiera (Noreidys), señala el expediente, tenían al parecer sus fichas claves en los puertos de Aruba y Panamá, a donde llegaban los contenedores en tránsito. Allí, luego de unas inspecciones superficiales del personal presuntamente al servicio de Frontera, eran despachados hacia Colombia bajo la modalidad de tránsito aduanero, es decir, la mercancía no se puede quedar en el país.

Según la investigación, la Madrina y la Financiera sacaban provecho de la figura de tránsito aduanero para hacer cambiazos, en los que dejaban los contenedores con el cigarrillo ilegal en Colombia y en su lugar ponían otros, engañando los controles. Esta táctica parece ser una de las muchas que utilizan para inundar al país con cigarrillos.

El seguimiento a los productos de contrabando arrojó que eran distribuidos en Maicao, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, Bucaramanga y otras regiones del país. Esto le produjo miles de millones de pesos a la organización, una cifra que las autoridades aún están tratando de calcular debido a la dificultad para determinar la cantidad de envíos realizados y el tiempo durante el cual mantuvieron en funcionamiento la operación ilegal.

Para lograr este propósito, Frontera tenía ya diseñado un esquema con proveedores a quienes les entregaba las cajetillas ilegales luego de sacarlas del puerto. Ellos se daban a la tarea de comercializarlas al menudeo en locales comerciales, algunos incluso propiedad de la misma organización, revelando que el negocio era redondo.

Con los dineros ilícitos obtenidos del contrabando de cigarrillos, dice la investigación, la Madrina, la Financiera y los otros integrantes habían amasado una fortuna importante. En efecto, en otra etapa del proceso, la Policía Aduanera y la Fiscalía le quitaron a Frontera propiedades por un valor superior a los 3.500 millones de pesos. Las autoridades ubicaron nueve muebles e inmuebles, una sociedad, nueve establecimientos de comercio, siete vehículos y propiedades localizadas en Barranquilla y Maicao. Los vehículos en los que se movilizaban la Madrina y la Financiera eran de alta gama, por lo general Toyota Prado. Vivían en lujosas casas con piscina y los clósets de estas mujeres valían millones de pesos por la ropa y los accesorios de las más reconocidas marcas y diseñadores.

Las autoridades no descartan que ellas, con su amplio poder económico, hayan decidido diversificar sus finanzas apoyando campañas políticas, otra línea de investigación de la Policía y la Fiscalía para determinar si con los dineros del contrabando se promovieron personajes en el Caribe con el fin de cooptar el poder administrativo municipal.

Hoy las mujeres que se jactaban de su poder adquisitivo, se desplazaban en lujosos vehículos y eran objeto de admiración en el Caribe se encuentran prófugas de la justicia. Sobre la Madrina y la Financiera pesan órdenes de captura. Para el caso de Noreidys, por los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando; y a Nora hay que agregarle el delito de enriquecimiento ilícito.

Las órdenes de captura se refieren a “un grupo de personas dedicadas a la importación de cigarrillos de contrabando provenientes de Aruba para luego distribuirlos y comercializarlos en Maicao, La Guajira”.

La preocupación en el comercio legal por esta clase delitos radica en que, solo en 2023, las ventas de cigarrillos de contrabando alcanzaron en el país 35 por ciento del total. Eso quiere decir que miles de millones de pesos dejaron de entrar a las arcas públicas.

El año pasado se decomisaron 5,5 millones de paquetes de cigarrillos de contrabando, avaluados en más de 11.500 millones de pesos. Los departamentos con mayor ilegalidad fueron La Guajira, con 91 por ciento, y Cesar, con 85 por ciento. Un contrabando de largas pasarelas delincuenciales.