La Uspec está en el ojo del huracán por presunta corrupción: habrían adjudicado millonarios contratos amañados que involucran a congresistas

Un nuevo escándalo de corrupción en el Gobierno del presidente Gustavo Petro está a la orden del día, esta vez en la adjudicación de contratos en la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec), que superó los 300.000 millones de pesos y salpicaría a congresistas que estarían recibiendo esta entidad como botín, tal como ocurrió con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Lo más grave es que en la Fiscalía, pese a tener toda la investigación y a los implicados listos para la imputación, de un plumazo fue cambiado el fiscal del caso, el que llegó tampoco mostró avances, el proceso le fue asignado a otro funcionario y todo apunta a la impunidad.

El 31 de enero de 2024 llegó a la Fiscalía una denuncia con el detalle, los documentos, fotos y un listado de evidencias para desenmascarar lo que llamaron una “empresa criminal” que incluye a funcionarios, contratistas y hasta congresistas. Se trata de un expediente que advierte hechos de corrupción en la multimillonaria licitación para el suministro de alimentos en las cárceles del país.

“Con documentación falsa, alteraciones a los estados financieros para aumentar el capital de trabajo, certificaciones de experiencia falsas o autocertificaciones, con las cuales no solo ha defraudado al Estado, sino a los contratistas mismos, ganándose un sinnúmero de licitaciones sin el lleno de los requisitos legales”, dice la denuncia, en poder de la Fiscalía, sobre cómo, pese a las irregularidades, los contratos se entregan a dedo en la Uspec.

La denuncia explica, con detalle y soportes, cómo de los 18 contratistas que se repartieron los contratos de alimentación en las cárceles, al menos diez presentaron documentación falsa que, tras una simple verificación, se pudo establecer que eran los mismos con las mismas. Diferentes empresas y uniones temporales que se presentaron a la licitación y, bajo cobijas, tienen a los mismos dueños.

La polémica adjudicación estuvo, desde el comienzo, hace un año, en las advertencias de veedores y fundaciones como Cárceles al Desnudo, que denunciaron un trámite irregular y amañado en el pliego de condiciones, en la modificación de requisitos, con el claro objetivo de beneficiar a determinados oferentes. “Un pliego tipo sastre”, listo para adjudicar.

La Fiscalía logró identificar descaradas irregularidades en la licitación que finalmente se adjudicó, cuando, curiosamente, el director de la Uspec, Ludwing Joel Valero, se fue con algunos días de descanso. La casualidad se atravesó en el día y la hora en que se firmaron los millonarios contratos, a pesar de las advertencias previas y de una raquítica presencia de la Procuraduría como garante.

“Tres procuradores intervinieron en la audiencia únicamente para decir su nombre, pero no dijeron absolutamente nada, a pesar de las gravísimas denuncias que se presentaron en la misma entidad. Fue nefasta la participación de la Procuraduría, representada en estos tres personajes”, advierte la denuncia.

No bastaron los avisos, los derechos de petición y las denuncias públicas para advertir que en la Uspec se estaba cocinando una cuestionada licitación, que luego terminaría en la Fiscalía y en un contundente informe de la Contraloría que rajó a esa entidad, que durante años ha sido fuente de acusaciones, pero sin ningún resultado cierto.

Esta vez, el ente de control dejó en rojo la ejecución y manejo de los recursos públicos asignados a la Uspec. En un informe de auditoría se repiten las palabras negativo, adversa, ineficiente y no razonable. Además, en el capítulo sobre la Publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública-Secop II, la Contraloría deja en claro que la Uspec no cumplió con lo que exige la ley.

“No se encuentran todos los soportes, faltan planos, diseños, faltan pólizas, faltan programas de inversiones, no se cargan los documentos, fueron publicados de manera incompleta, no aparecen los pagos realizados”, señala de manera repetida el informe, en un cuadro en el que se discrimina el listado de contratos.

Desde diferentes sectores advierten que han sido tantas veces que la Uspec termina relacionada con hechos de corrupción, que “corrupción y Uspec” parecen sinónimos. En este caso se repitió la escena con distintos protagonistas, la diferencia es que la Fiscalía fue más allá. El director de la Uspec terminó sentado en el banquillo en dos interrogatorios.

“Esta organización cuenta con el apoyo de senadores integrantes de la Comisión Primera, a quienes, según señalan, les fue entregada la Uspec para proponer nombramientos y tomar participación en la contratación estatal de esta entidad”, advierte la denuncia, que detalla los nombres de los congresistas supuestamente implicados y de los cuales SEMANA se reserva para proteger las investigaciones.

La denuncia en poder de la Fiscalía señala fechas, nombres, cargos y fotos de las reuniones secretas entre funcionarios de la Uspec, contratistas y hasta los interventores, en hoteles de Bogotá. “Una manguala corrupta”, señalan en el documento que abrió paso al proceso que estuvo por llegar a la imputación de cargos.

En los documentos adjuntos de la denuncia hay certificados de experiencia, de Cámara de Comercio, incluso de registro, que fueron, según los testigos, falsificados con el propósito de garantizar asiento en la licitación. A medida que avanzaba el proceso, las condiciones cambiaban para asegurar la adjudicación.

La Fiscalía tiene nombres de congresistas que, según los denunciantes, fueron beneficiados con la adjudicación de contratos, los mismos que se encargaron de ubicar las empresas, conseguir que vendieran su experiencia y razón social para participar hasta tres veces en los diferentes procesos de la licitación.

Advierten que algunos contratistas, que se llevaron la adjudicación, ni siquiera se tomaron el trabajo de revisar las experiencias que compraron o inventaron de otros contratistas. La Fiscalía estableció que algunos contratistas aparecen en investigaciones por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). “Los mismos que incluían carne de caballo y burro en los platos de los niños en Santander”.

Fuentes de la Fiscalía advirtieron que todo estaba listo para tomar decisiones. El expediente tiene documentos falsos, declaraciones, denuncias y algunos interrogatorios que abrieron paso a más responsabilidades. Sin embargo, decisiones de carácter administrativo terminaron por convertir a un fiscal experto en contratación pública en un inventado cacao en investigaciones por homicidios.

Con la llegada de la fiscal Luz Adriana Camargo, ternada por el presidente Petro, se hicieron cambios en el nivel directivo en la Fiscalía, pero las bases también fueron sacudidas. Sin mayores detalles, el fiscal que estaba por destapar otro gran escándalo para el Gobierno terminó en un despacho de la Unidad de Vida en la seccional de Bogotá.

Con una resolución, el fiscal con más de 20 años de experiencia en delitos contra la administración pública, en contratación estatal, que desarticuló poderosas mafias en distintas entidades, fue nombrado en un despacho que investiga homicidios con el falso argumento de que su trayectoria sería de gran utilidad. Así se sepultó la investigación de la Uspec.

Al mismo despacho llegó otro fiscal que después de cuatro meses no logró desenredar ese entuerto ni avanzar en otras investigaciones. Fue removido y ahora ese despacho estrena fiscal. Crecen las denuncias y hasta el Tribunal de Bogotá dejó constancia de la precaria ejecución de los contratistas que surten comida a los presos de Colombia, todo mientras el director de la Uspec es condecorado por el Inpec.