Leonidas Bustos, expresidente de la Corte Suprema, reapareció para desacreditar a testigo clave del cartel de la toga

Leonidas Bustos, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, está empecinado en demostrar que nunca tuvo ningún tipo de relación o cercanía con Luis Gustavo Moreno Rivera, el exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General condenado por ser el protagonista del más grande escándalo de corrupción en la historia de la Rama Judicial.

Bustos, cuyo paradero se desconoce desde hace cinco años, quiere que se revise minuciosamente el patrimonio económico de Luis Gustavo Moreno. Debido a esto apeló las pruebas contenidas en el escrito de acusación que se presentó en su contra ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público.

El expresidente de la Corte cuestionó el hecho que se omitieran la práctica de varias pruebas que había solicitado su defensa, principalmente, las que tiene relación con el denominado testigo clave. “Pruebas de carácter digámoslo, oficial, constitutivas por documentación que habrá de recaudarse a través de oficios dirigidos a diferentes entidades del estado, que tiene que ver con análisis del patrimonio económico del testigo Luis Gustavo Moreno”.

Con estas acciones, Bustos quiere desmarcarse por completo de Moreno, minando así la credibilidad de su testimonio. En más de una oportunidad, el exfiscal anticorrupción ha manifestado que empezó a trabajar de la mano del entonces magistrado, buscándole personas interesadas en “torcer” los procesos penales que se adelantaban en la Sala de Casación.

Tal fue su cercanía que Moreno llamaba “papá” al magistrado, puesto que había hecho el papel de su protector y maestro en el mundo del Derecho, supliendo la figura paterna que había estado tan ausente durante la mayor parte de su vida. Como agradecimiento por su trabajo y labor en la obtención de “clientes”, Bustos le daba lujosos regalos.

En 2018, Bustos fue mencionado en la grabación en la cual Luis Gustavo Moreno le exigía un millonario soborno al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, para retrasar una orden de captura por los procesos que se le adelantaba por el cartel de la hemofilia y el desfalco a los recursos de las regalías en el departamento.

En esa oportunidad, Moreno mencionó a Bustos asegurando que él había tenido intervención directa en los casos de los entonces senadores Musa Besaile, Álvaro Ashton y Hernán Francisco Andrade Serrano, así como el exgobernador Luis Alfredo Ramos Botero.

Según Moreno, el expresidente de la Corte Suprema habría recibido 200 millones de pesos como anticipo de los $600 millones que se cuadraron para frenar las órdenes de captura contra Besaile y Ashton en los procesos por parapolítica.

Moreno lo sabe porque él mismo le entregó personalmente en su apartamento en el barrio Ciudad Salitre, en el occidente de Bogotá. La repartición se hizo en compañía del abogado Vadith Orlando Gómez Reyes.

Con este dinero, Bustos se habría comprado un reloj avaluado en 42 millones de pesos. Las pruebas reseñan que esta lujosa compra la hizo el 19 de diciembre de 2012 en la joyería Cartier en el Centro Comercial Andino. La compra –según narró el vendedor– la hizo en efectivo y la factura quedó a nombre de Ricardo Beltrán Rivera.

Para la Corte Suprema, existen pruebas suficientes para vincular a Bustos con este escándalo de corrupción. “(....) se concertó con funcionarios y particulares para abordar aforados investigados por la Corte Suprema y ofrecerles decisiones contrarias a derecho a cambio de cuantiosas sumas de dinero”.

Los acercamientos los hizo utilizando al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera quien era el encargado de hacer los ofrecimientos de dinero y fijar la forma en cómo se debían realizar la entrega de los adelantos.

“Así se hizo en los casos de los senadores Besaile Fayas y Ashton Giraldo, en especial en este último, en el que Moreno Rivera lo abordó y le exigió un pago inicial de $600.000.000, de los cuales entregó $200.000.000 a Bustos Martínez, por orden del también exmagistrado Francisco Ricaurte”, precisa la decisión. Pese a que no fue ponente en los procesos si infirió en los magistrados que tenían conocimiento de los mismos.

Por estos hechos de corrupción ya fueron condenados los exmagistrados Francisco Javier Ricaurte y Gustavo Malo Fernández. El primero fue sentenciado a 19 años de prisión por mover sus influencias dentro del alto tribunal para que se archivaran, desviaran y suspendieran procesos contra aforados constitucionales, todo a cambio de una comisión.

Mientras tanto, Gustavo Malo Fernández fue sentenciado en 2021 a nueve años y diez meses de prisión por cancelar órdenes de captura y entorpecer procesos de aforados, principalmente el caso del entonces senador del partido de La U, Musa Besaile Fayad.