Lío de tierras enreda al director de la ANT por, presuntamente, avalar construcción de urbanizaciones ilegales en Villavicencio

Una banda de tierreros habría contado con la colaboración de las autoridades en Villavicencio. Esa es la denuncia que hacen desde la capital del Meta para advertir que el exalcalde de la ciudad y hoy director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, se habría saltado una serie de fallos judiciales que habrían evitado la construcción de barrios sin los permisos de ley. El mandatario, aseguran, fue notificado de las irregularidades y de las denuncias de los afectados, pero las ignoró.

El enredo está en un vasto terreno conocido como La Camelia. La extensa finca formó parte de una millonaria herencia que fue despresada en pequeños lotes, vendidos sin las autorizaciones respectivas. Dos décadas después, ese terreno se convirtió en tres barrios.

Según la denuncia, el entonces alcalde Harman legalizó de un plumazo esos barrios, a pesar de las decisiones judiciales que ordenaban la entrega del predio al Juzgado para seguir un proceso de sucesión.

Harman saltó de la Alcaldía de Villavicencio a la ANT. A esta importante posición llegó con pliego de cargos en la Procuraduría. Y ahora, según los denunciantes, contra él cursa un proceso en la Fiscalía, justamente por no atender los fallos de la Justicia que habrían evitado la prolongación de una estafa.

Sumado a esas decisiones, que han sido ignoradas por las autoridades, las víctimas denunciaron una supuesta actuación ilegal de un agente de tránsito. El funcionario había sido designado por encargo como inspector de Policía para una supuesta entrega del predio, pero nunca lo hizo. En este momento contra él pesa una investigación de la Fiscalía y una imputación de cargos.

Pero hay más. El inspector de Policía, en propiedad, radicó una queja por acoso laboral en contra de funcionarios de la Alcaldía de Villavicencio y aseguró que fue presionado para favorecer a los llamados tierreros del Meta. Por esa razón, el agente de tránsito fue trasladado a la inspección de Policía, donde realizó la diligencia de entrega, que, según los jueces, fue irregular.

“La actuación desarrollada por el inspector 8 municipal de Policía de esta ciudad, el día 5 de noviembre de 2021, no solo resultó contraria a derecho, sino que vulneró principios y derechos fundamentales de terceros como el de publicidad, confianza legítima y, de paso, el debido proceso y el derecho a la defensa”, explicó el Juzgado Primero de Familia de Villavicencio.

En la queja, el inspector de Policía en Villavicencio advierte que recibió llamadas de la secretaria de Gobierno y del director de justicia de la Alcaldía para entregar la finca La Camelia, desconociendo disposiciones legales. El funcionario explicó en detalle las “presiones” que recibió y cómo negarse a cumplirlas derivó en su traslado. “Para el cumplimiento de la anterior subcomisión, desde esa fecha empecé a ser presionado y a recibir llamadas de la secretaria de Gobierno y del director de justicia.

Que tenían que hacer la entrega de la finca La Camelia y que debía desconocer las oposiciones que fueran a ser presentadas, específicamente lo que corresponde al señor Gerardo Alvarado”, dijo el inspector respecto a la coerción que vivió de la Alcaldía de Villavicencio. Las víctimas exigieron el cumplimiento de los fallos judiciales, pero el alcalde Harman terminó su administración y las sentencias se hicieron humo.

Sin embargo, hace una semana, un nuevo fallo revivió la posibilidad de rescatar de los urbanizadores ilegales una parte del terreno. Un juez en Villavicencio dictó medidas cautelares y pidió a la Fiscalía investigar a las personas que estarían urbanizando ilegalmente otra parte del predio.

“Compúlsense copias a la Fiscalía Delegada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, para que adelanten investigación penal en contra de los señores Gunther Ditterich Dallatorre, Werner Ditterich Dallatorre, Fernando Ditterich y Erardo Ditterich, por posibles actividades de contaminación ambiental al interior del predio denominado finca La Camelia”, señaló el Juzgado en una acción de cumplimiento.

El abogado Alejandro Carranza, representante de víctimas, aseguró que con esta decisión de la Justicia son tres fallos los que buscan restablecer los derechos de sus defendidos, además de garantizar la protección de los bienes y el medioambiente, que se encuentra amenazado con la construcción de un barrio en el lote que permanece en disputa.

“El hoy director de tierras, que en ese momento era alcalde, Juan Felipe Harman, en el año 2022 hace un truco, nombra un agente de tránsito que sí le hiciera caso como inspector y van y hacen un desalojo ilegal. Inmediatamente, la Fiscalía inicia una investigación por prevaricato, imputa y acusa al agente de tránsito, y el juez de familia le ordena a Harman restablecer los derechos”, dijo el abogado Carranza.

La reciente acción popular incluye a las autoridades que están en ejercicio. Harman sale del radar, el daño está hecho, dicen las víctimas. El actual alcalde de Villavicencio, Alexánder Baquero, tiene que resolver o, mejor, cumplir con las disposiciones del Juzgado, que incluyen detener cualquier actividad relacionada con urbanización en el predio, además de realizar visitas para garantizar que las órdenes del despacho se cumplan.

“Ante la renuencia de los propietarios, señores Gunther Ditterich Dallatorre, Werner Ditterich Dallatorre, Fernando Ditterich y Erardo Ditterich, para permitir el ingreso de las autoridades ambientales y policivas al predio finca La Camelia, sirva este auto como orden de ingreso, a efectos de realizar las inspecciones a lugar y dar cumplimiento a lo aquí ordenado”, señaló el Juzgado.

El abogado fue al lugar y advirtió que el alcalde Baquero tendría alguna clase de “vínculo” con los llamados tierreros. Estos son los mismos que aparecen en la compulsa de copias del Juzgado, que ordena las medidas cautelares. El jurista enumera una lista de actuaciones que hasta hoy, según los denunciantes, no se han cumplido por ninguna autoridad de Villavicencio. “No entendemos por qué, si es que los Ditterich le dieron plata para la campaña, que es lo que nos dicen, si es su relación de amistad, por qué no lo ha dicho públicamente y entonces pide un alcalde ad hoc o se declara impedido, pero no comete el fraude a resolución judicial que empezó a cometer”, señaló el abogado.

El director de la ANT, Juan Felipe Harman, habló con SEMANA sobre este espinoso tema y afirmó que “el predio La Camelia se encuentra dentro de un proceso de sucesión de la familia Ditterich. Un Juzgado de Familia de Villavicencio ordenó la entrega del inmueble a los herederos desde 2014. En 2019, en calidad de alcalde, remití el despacho con la orden del juez para que fuera diligenciado por el inspector de Policía competente. En desarrollo de la diligencia, el inspector adoptó decisiones sobre las cuales una de las partes no estuvo de acuerdo y solicitó la nulidad de la misma. Por eso, el juez de familia resolvió anular la diligencia”.

Harman asegura que esta denuncia es un refrito y que no tiene ningún vínculo con la familia Ditterich. Agrega que “en atención a múltiples tutelas y revisiones que interpusieron las partes, en 2023 no se realizó la diligencia en ese periodo. Al salir de la Alcaldía, corresponde a la actual administración realizar la diligencia ordenada.

Con relación al pliego de cargos dentro del proceso iniciado por la Procuraduría, es importante señalar que el mismo fue iniciado por los señalamientos realizados por el doctor Carranza, los cuales fueron ampliamente investigados por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, que no encontró irregularidad alguna”.

SEMANA se comunicó también con el actual alcalde de Villavicencio, Alexánder Baquero, para conocer su opinión respecto de las denuncias que quedaron como soporte en los documentos y fallos de la Justicia. Se hicieron las consultas; sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta.