Lío para la fiscal que investiga a Nicolás Petro. Tribunal le jaló las orejas por un eterno proceso de lavado de activos que “revivió”, según una denuncia, sin pruebas

En un lío judicial se convirtió una investigación que por más de 15 años ha estado en poder de la Fiscalía sin ningún resultado. El asunto llevará a los encargados de investigar a ser investigados. La historia incluye a la fiscal Lucy Marcela Laborde, que en la nueva administración de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, asumió la responsabilidad de buscar una condena contra Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro.

Laborde, fiscal tercera especializada contra el lavado de activos, fue quien, según una queja radicada ante la Comisión de Disciplina Judicial, tomó la determinación de revivir una investigación que se encontraba archivada en contra de Ignacio Álvarez Meyendorff por el delito de lavado de activos.

El proceso de Álvarez Meyendorff arrancó en 2008 y se convirtió en la base de un millonario operativo de extinción de dominio e incautación de dólares. Sin embargo, hace dos años, como quedó en informes de policía judicial y constancias del sistema de la Fiscalía, el proceso fue “archivado por inexistencia del hecho”.

Sin la investigación o con el archivo de esta, la extinción de dominio se quedó sin piso jurídico y, por tanto, tenían que devolver los bienes incautados. Esa fue la solicitud de la defensa de Álvarez Meyendorff, pero en respuesta y por arte de un clic el estado del proceso pasó de archivado a activo. Lo que se creía sepultado resucitó y se levantó de su descanso.

La ley advierte que para desarchivar una investigación es necesario que exista una prueba nueva que haga casi obligatorio desempolvar el expediente. En este caso, según la abogada Elisa Peña, representante legal de Álvarez Meyendorff, no se cumplió el trámite, lo que anticiparía un procedimiento irregular de la Fiscalía y la queja disciplinaria que tiene a la fiscal Laborde contra las cuerdas.

En la queja se asegura que la fiscal Laborde entregó varias versiones sobre lo que ocurrió con el procedimiento que cambió el estado de la investigación. Un lío de talla mayor y que dejó dudas sobre la legalidad de la decisión de la Fiscalía de reiniciar el proceso. “Me ha generado daños psicológicos, emocionales y de salud incalculables, me han mantenido durante estos años en un limbo jurídico”, dijo Álvarez Meyendorff.

Desde hace algunos meses, Fiscalía y defensa se encuentran en un tire y afloje por la devolución de los bienes. Mientras que la abogada Peña presenta documentos, soportes y hasta decisiones de la misma Justicia para demostrar que el proceso estaba archivado, la fiscal Laborde explica que no hay una “decisión de fondo” en este asunto, lo que pretende mantener la legalidad de la incautación.

Sin embargo, en una respuesta de la misma fiscal, se advierte que un “error” de un funcionario fue lo que alborotó el avispero en el que se encuentran defensa y Fiscalía. En la queja que se radicó contra la fiscal, quedó numerada esa falla en un listado de argumentos para dejar sin aire la investigación y devolverla a la tumba de donde despertó con reanimación de la fiscal que lleva el caso de Nicolás Petro.

“Lo anterior evidencia que no se llevó a cabo el archivo de las diligencias, sino la inactivación de las mismas dentro del sistema, y por error el funcionario de la época empleó dicha opción, ya que el sistema misional tiene predeterminada las opciones para efectuar la inactivación de las diligencias”, señaló la Fiscalía en una respuesta que parece una justificación.

Todo el enredo, las presuntas irregularidades en el desarchivo o activación de la investigación, aterrizó en el Tribunal de Bogotá y en un fallo de tutela que pone a la Fiscalía sobre hielo delgado en este caso. Para los magistrados, “hay una falta de diligencia por parte del ente persecutor”, pues luego de 16 años de investigación no han tomado alguna determinación de fondo.

“Una vez la Fiscalía 3.ª Especializada contó con la información sobre un posible archivo de la investigación por parte de la Unidad de Extinción de Dominio, solicitó en calidad de préstamo el expediente sin que dentro del mismo encontrara alguna decisión de fondo. Circunstancia que lleva a concluir que han transcurrido alrededor de 16 años sin que se le haya resuelto la situación jurídica del accionante”, señaló el Tribunal en el fallo de tutela.

Aunque el Tribunal reconoce que la fiscal Laborde le ha dado respuesta a las constantes solicitudes de su contraparte en este proceso, resalta que la “mora” no es justificable y que el eterno litigio termina por afectar el “debido proceso y acceso a la administración judicial a favor del demandante”. Por eso firma un ultimátum para la Fiscalía.

La fiscal Laborde, o quien haga sus veces, tendrá tres meses para definir este proceso y resolver la situación jurídica de Ignacio Álvarez Meyendorff. En otras palabras, lo que no hizo la Fiscalía en 16 años, tres administraciones y dos fiscales, se tendrá que resolver en 90 días.

El Tribunal le advierte a la Fiscalía que la orden debe cumplirse sin esperar a que se resuelvan los recursos de impugnación a la tutela. De lo contrario, se podría “incurrir en desacato, faltas disciplinarias o comportamientos penalmente relevantes”.

En los próximos tres meses, la Fiscalía tendrá que definir si archiva la investigación, solicita la preclusión o cita a imputación de cargos a Álvarez Meyendorff. De las tres posibilidades, en criterio de la defensa y dados los recientes acontecimientos, será la última a la que con seguridad tendrán que enfrentarse, pues las otras dos llevarían a la devolución de los bienes y allí hay un lío más grande.

Las propiedades incautadas a Ignacio Álvarez Meyendorff y otras 40 personas estaban repartidas por todo el país. Sumaban, en su momento, más de 2 billones de pesos, entre fincas, hoteles, apartamentos, bodegas, locales comerciales, vehículos y hasta semovientes. Son pocas las que se mantienen. Buena parte están destruidas, se despedazan en el abandono y, aunque están en poder del Estado a través de la SAE, su valor cayó en desgracia.

SEMANA conoció las imágenes de las fincas y algunos apartamentos que parecen los escombros de un terremoto, sacudidos por la poca efectividad en el manejo de los bienes que caen en manos de la SAE. El abandono y el descuido lo tendrán que pagar los colombianos si se convierte en una millonaria demanda contra el Estado.

Algunos de esos bienes tienen orden de devolución, pero la SAE mantiene en “trámites administrativos” la entrega, como si se tratara de un capricho de los afectados y no de fallo judicial. Nuevamente, será mediante la tutela y el desgaste del sistema judicial que los ciudadanos tendrán que exigir a las entidades que hagan su trabajo.