Lo último: la Corte Suprema de Justicia tiene nuevo magistrado

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia tiene un nuevo magistrado. Se trata del jurista Jorge Hernán Díaz Soto, quien ocupará la vacante que dejó el exmagistrado José Francisco Acuña Vizcaya en la Sala de Casación Penal.

El magistrado Acuña culminó su periodo como magistrado en mayo pasado debido a que ya cumplió la edad de retiro forzoso.

El magistrado Díaz Soto es abogado de la Universidad Católica de Colombia, con especialización y maestría en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado.

Tiene una amplia trayectoria en la Rama Judicial, en donde ha ocupado cargos como los de juez Penal Municipal de Facatativá, juez Penal del Circuito de Facatativá, juez Penal Municipal de Bogotá, procurador judicial y magistrado auxiliar de la Sala de Casación Penal, además de haber ejercido la profesión como abogado litigante.

Además, el magistrado Díaz Soto se desempeñó durante varios años como fiscal de la investigación que se ha adelantado en el caso de los desaparecidos de la toma y la retoma del Palacio de Justicia ocurridas el 6 y 7 de noviembre de 1985,

En la actualidad, el magistrado se venía desempeñando como fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

De igual forma, cuenta con trayectoria en la docencia, como profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y profesor de Derechos Humanos en la Pontificia Universidad Javeriana.

En ese alto tribunal está pendiente elegir a un magistrado que ocupe la vacante que dejó el magistrado Álvaro García en la Sala Civil hace más de un año.

Díaz Soto, junto con sus colegas, tendrán que elegir próximamente a la que será la sucesora del fiscal general Francisco Barbosa. En la terna presentada por el presidente de la República están: Ángela Buitrago, Amelia Pérez y Amparo Cerón.

La Fiscalía General de la Nación estará dirigida por una mujer

El presidente Gustavo Petro, con una anticipación de más de seis meses, envió una carta a la Corte Suprema de Justicia en la que postuló a las tres candidatas para ocupar el cargo de fiscal general de la Nación, en reemplazo del actual fiscal Francisco Barbosa, quien finaliza su gestión en febrero del próximo año.

“Ante la Honorable Corte Suprema de Justicia me permito presentar terna para elección del próximo fiscal general de la Nación. En cuanto a las indagaciones o procesos penales que involucren a miembros de mi familia, les solicito que consideren la posibilidad de designar un fiscal ad-hoc para que no haya dudas respecto de la transparencia de estas”, dice la misiva.

Por medio de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado manifestó: “he escogido tres mujeres con profunda experiencia en el derecho penal y en el ejercicio de su vida profesional como fiscales para integrar la terna para designación de fiscal general de la nación”, trinó el presidente Petro.

Y agregó en el mensaje: “Las tres tienen un común denominador: todas arriesgaron su vida por defender los derechos de los seres humanos en el peor momento del genocidio desatado en Colombia”.

Aunque, de acuerdo con la Sala de Consulta del Consejo de Estado, la terna se puede cambiar en cualquier momento, sin el consentimiento de quienes la conforman, estas son las tres mujeres que se disputarán la dirección del ente acusador:

Ángela María Buitrago y el Palacio de Justicia

Ángela María Buitrago, por poner un ejemplo, destrabó después de dos décadas el expediente por los desaparecidos del Palacio de Justicia, y radicó en el 2008, la resolución de acusación en contra de los generales Jesús Armando Arias Cabrales e Iván Ramírez Quintero, así como los coroneles Luis Alfonso Plazas Vega y Edilberto Sánchez Rubiano, por el delito de desaparición forzada agravada.

Igualmente, fue la encargada de presentar en juicio ante la Corte Suprema de Justicia al exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jorge Noguera Cotes por el crimen del profesor, sociólogo y defensor de los Derechos Humanos, Alfredo Correa D’Andreis, registrado el 17 de septiembre de 2004, en Barranquilla, por los paramilitares.

En septiembre de 2010 salió de la Fiscalía General tras una resolución firmada por el entonces fiscal general encargado, Guillermo Mendoza Diago, que argumentó demoras en la resolución de las investigaciones que estaban en su conocimiento.

Amparo Cerón comenzó la investigación por Odebrecht

El 30 de mayo de 2020, la fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, Amparo Cerón Ojeda, le presentó a Francisco Barbosa Delgado su carta de renuncia irrevocable. La decisión tomó a muchos por sorpresa porque había estado en el organismo más de una década y se había ganado la confianza para llevar investigaciones de temas delicados.

En octubre de 2018, la fiscal Cerón sufrió un accidente de tránsito cuando se encontraba en vacaciones junto a su familia en Chile. Por la gravedad de las heridas perdió un ojo. Es considerada una mujer con talante, una curtida investigadora, y con gran experiencia en el ente acusador.

De El Aro al atentado terrorista en El Nogal, los casos de Amelia Pérez

La lista de ternadas la completa Amelia Pérez Parra. Desde su despacho en la Unidad de Derechos Humanos se adelantó la investigación por la masacres de Trujillo, El Aro y Mapiripán, ejecutadas por paramilitares con el apoyo de agentes de la fuerza pública en la década de los noventa. Esto llevó a que desde las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se le pusiera un precio a su cabeza, situación por la cual empezó a recibir amenazas directas de Carlos Castaño Gil.

Igualmente, lideró la investigación por la desaparición de Nydia Erika Bautista, socióloga y militante del M-19, quien fue secuestrada, torturada, abusada sexualmente y desaparecida por militares adscritos Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano del Ejército Nacional, en agosto de 1987.

En el año 2003 le asignaron la investigación por el atentado terrorista ejecutado por la columna móvil Teófilo Forero de la guerrilla de las Farc en el exclusivo Club El Nogal, en el norte de Bogotá. Sin embargo, en abril de ese mismo año, fue relevada del caso y salió de la Fiscalía General. Por las constantes amenazas y el riesgo latente para su vida buscó exilio en en Canadá.

En abril de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares de protección.