Los brazaletes de la impunidad. Delincuentes con beneficio de detención domiciliaria tienen estos aparatos y no sirven para nada

Resulta escandaloso lo que viene ocurriendo con los brazaletes electrónicos para monitorear delincuentes con detención domiciliaria. La Contraloría halló irregularidades por casi 15.000 millones de pesos en pagos por servicios de monitoreo diario a dispositivos que no sirven para nada. Así de claro, hay delincuentes en la calle, supuestamente vigilados por estos aparatos, pero en realidad están a su suerte.

SEMANA conoció toda la documentación que demuestra cómo casi 400 de esos dispositivos para vigilar presos con detención domiciliaria permanecen apagados o tienen serios problemas en su funcionamiento. Todo empezó cuando la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) le envió al director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez; al director del Centro de Reclusión Virtual (Cervi), Jesús Urrea, y a la procuradora delegada para la Vigilancia de la Función Pública, Claudia Hernández, una alerta sobre las graves fallas en los brazaletes electrónicos.

En ese documento, emitido el pasado 5 de julio, la Uspec reconoció la preocupante situación: “Se han demostrado situaciones ajenas al proveedor, la Uspec y el Inpec respecto del uso de los dispositivos por parte de la población privada de la libertad (...) un parte actual registra 292 dispositivos apagados fluctuantes que varían diariamente y 90 dispositivos apagados en su totalidad”.

Después de esa alerta, la propia Uspec y el Inpec se dieron un plazo de 15 días para definir el protocolo para monitorear a los presos con brazalete electrónico que estaban desapareciendo del sistema y si efectivamente estaban cumpliendo con la medida de aseguramiento que les impuso el juez.

Sin embargo, la Procuraduría venía haciendo seguimiento sobre la transición que adelantó la Uspec a los proveedores de dichos dispositivos. La empresa Buddi salía de dicha licitación y quedaba a cargo de la Unión Temporal Efectiva, la cual iba a suministrar los 5.000 dispositivos electrónicos para todo el país.

En medio de la vigilancia de esa transición, la Procuraduría les pidió a la Uspec y al Instituto Nacional Penitenciario respuestas sobre lo que estaban haciendo para monitorear a los casi 400 presos que andaban sin pena ni gloria con un brazalete que no monitoreaba si cumplían o no con la medida de casa por cárcel.

En ese momento, la Procuraduría alertó que la Uspec no estaba dando detalles del protocolo que estaban utilizando para atender la inconsistencia con los brazaletes y hasta advirtió que no tenía estructurado ningún plan para hacerlo. Una situación que consideraron como riesgosa “para la seguridad ciudadana y la administración de justicia”.

En ese oficio, el ente de control también aseguró que la Uspec no culminó el contrato del interventor para vigilar la licitación que se le entregó a la Unión Temporal Efectiva, y que existía el soporte que demostraba que no se han cumplido los términos pactados. Por eso pidieron medidas inmediatas ante la inexplicable situación.

La Uspec le explicó a la Procuraduría las irregularidades que se presentaron con los casi 400 brazaletes y la respuesta dejó más dudas. Afirmaron que los delincuentes que los tienen asignados “los apagan o los vandalizan”.

Lo más curioso o descarado es que atribuyen las inconsistencias que han presentado 292 dispositivos a que su “funcionamiento depende de si el privado de la libertad lo mantiene prendido o apagado”.

Para mitigar la crisis y el inminente riesgo para la sociedad, la UT Efectiva y el Inpec implementaron un protocolo de tres llamadas para avisarle al delincuente que se le está descargando el brazalete. Las entidades esperan que el imputado colabore de buena fe solo con llamadas.

Desde el Inpec también explicaron que los dispositivos que funcionan de manera intermitente tienen un problema de actualización para que se acomode al nuevo sistema del proveedor, pero por el momento están acudiendo al juez para que evalúe si se le levanta el beneficio de prisión domiciliaria o determine si existe una fuga de presos.