“Me decían que si estaba hablando con personas malas”: explosivo testimonio de Marelbys Meza a la Fiscalía sobre la pesadilla del polígrafo

La humilde mujer que está detrás del más grande escándalo del Gobierno del presidente Gustavo Petro, Marelbys Meza, quien fue acusada de un robo, sometida a polígrafo, su celular le fue arrebatado sin autorización y hasta fue víctima de chuzadas, ya puso la cara ante la justicia. SEMANA revela en exclusiva detalles hasta ahora desconocidos de sus declaraciones ante la Fiscalía General de la Nación, en las que entregó su versión sobre el episodio del que ahora es la protagonista.

Durante más de cuatro horas, y en dos sesiones diferentes, Marelbys estuvo cara a cara frente a los investigadores y bajo gravedad de juramento contó lo que ocurrió ese 30 enero, cuando fue sindicada de robar un dinero de la entonces jefa de gabinete del presidente Petro, Laura Sarabia, de quien era la niñera de su hijo.

En la extensa versión, Meza se ratificó en absolutamente todo lo que le contó a SEMANA en la entrevista que generó el tsunami político y judicial que hoy enfrenta el país y que les costó la cabeza a dos de los más importantes y cercanos funcionarios del presidente Petro: el embajador en Venezuela, Armando Benedetti, y la jefa de gabinete Sarabia.

Hubo un detalle que llamó poderosamente la atención a los investigadores de la Fiscalía, que iban grabando y escuchando con atención su testimonio.

Marelbys contó cómo en un momento se sintió intimidada. El ambiente tuvo máxima tensión cuando iba a iniciar la prueba de polígrafo a la que fue obligada a someterse. En ese momento, narró Marelbys en su versión que mientras tenía su teléfono celular en la mano y estaba justamente hablando, casi pidiendo auxilio a sus familiares, abrió la puerta un hombre vestido de civil y ajeno a la diligencia. Contó que prácticamente se le abalanzó y con voz fuerte le lanzó una advertencia: “¿Usted que está haciendo? ¿Usted con quién está hablando? ¿Está hablando es con personas malas?”.

Marelbys narró que se asustó, y fue contundente al decir que de un manotazo le quitaron el celular. En ese momento entendió que la iban a interrogar por la fuerza. Ante esto, los fiscales le pidieron que contara más detalles por la grave afirmación de que “estaba hablando con personas malas”.

Ella, presionada, solo atinó a contestar que cómo se les ocurría, que estaba llamando a un familiar que es abogado para contarle lo que estaba sucediendo y saber cómo actuar ante la hostil situación. No le dieron tiempo de contar lo que estaba viviendo, pues el teléfono se lo arrebataron, y el misterioso hombre que lo tomó salió de la oficina ubicada a unos pasos de la Casa de Nariño, en un edificio adscrito a la Presidencia de la República.

¿Qué pasó con este equipo? ¿A dónde se lo llevaron? ¿Qué hicieron con él? A esa pregunta, la niñera Marelbys no tuvo respuesta. Lo que sí dijo es que unas horas después, mientras seguía en la extensa e intimidante diligencia del polígrafo, le devolvieron su celular sin ninguna explicación.

Para los investigadores es claro que este equipo se lo habrían llevado para la ahora famosa oficina del piso 13 del edificio de la Dian, encargada de la seguridad del Presidente de la República, en donde le habrían sacado, sin su autorización, una copia espejo.

Cuentan los investigadores que aprovecharon que el teléfono estaba desbloqueado para facilitar y, de manera rápida, acceder al contenido y sacar toda la información: videos, fotografías, audios y los chats de sus conversaciones por WhatsApp.

Marelbys contó en detalle cómo se llevó a cabo la prueba de polígrafo, en la cual asegura que se sintió atemorizada, repitió en varias ocasiones que estaba sola, y que una y otra vez le preguntaban sobre el dinero que se había perdido de una maleta en el apartamento de Laura. Ella, según narró, repetía que no se había robado nada.

Ya conectada a los cables del polígrafo, las preguntas eran las mismas: ¿qué hizo usted con la plata? ¿Dónde vendió los dólares? Con un detalle particular, en cuatro ocasiones, los hombres que la estaban interrogando la desconectaron del polígrafo y, como manera de persuadirla, le decían que ahora sí “en confianza” les contara qué había hecho con la plata, que si contaba, todo quedaba solucionado de una vez.

En esas diligencias en la Fiscalía contó el episodio de persecución que vivió cuando fue requisada con su familia en la Terminal de Transporte, un día que iba a dejar a su mamá, quien tenía un viaje al Cesar.

La mujer, en su relato a los fiscales, les dijo a los investigadores que ella misma le pidió a su mamá que se fuera para la casa, y por eso la llevaron a la terminal con sus hermanos, una amiga y un sobrino. Cuando esperaban que saliera el bus, les llegaron agentes de policía que los agruparon y los requisaron, nuevamente buscando el dinero. Marelbys, sobre este episodio, les dijo a los investigadores que incluso fueron mujeres agentes de policía las que la esculcaron y nunca encontraron nada. Reafirmó que no había tomado ningún dinero.

En la diligencia, reiteró que desde ese 30 enero, cuando fue sometida al polígrafo, sentía que la estaban siguiendo, lo que resultó premonitorio, pues Marelbys fue además interceptada en sus comunicaciones, como lo confirmó el fiscal Francisco Barbosa, cuando explicó que usaron una jugada para hacerla pasar como miembro del Clan del Golfo y justificar la chuzada.

“Es grotesco que las chuzadas hayan vuelto en Colombia, no pueden admitirse estas prácticas de violación de derechos. No es un asunto de carácter personal entre funcionarios”, dijo el fiscal.

En ese momento, la Fiscalía aprovechó para borrar de tajo cualquier intento de evadir la responsabilidad de la Policía en esta chuzada.

“El 26 de enero, mediante informe de Policía Judicial, un funcionario de la Dijín solicitó la interceptación de dos líneas telefónicas distintas a las de la exniñera y la otra mujer. Luego, el 30 de enero, otro uniformado de la Policía Nacional elaboró un formato en el que indicó que una fuente anónima aseguraba que las líneas de celular de la exniñera y de la otra persona pertenecían a alias la Cocinera y alias la Madrina, dos presuntas integrantes del Clan del Golfo”, aseguró la Fiscalía.

Sobre este episodio, SEMANA consultó a expertos penalistas, entre ellos el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla Paucar, quien además fue víctima de las chuzadas del DAS. “Ni el presidente, ni los ministros, ni los secretarios tienen la competencia para ordenar o adelantar investigaciones. Para eso está la justicia”, dijo.

“Existe un claro abuso del poder por parte del funcionario que ordene este tipo de investigaciones. En este caso, existe una gravedad porque los policías se prestaron para estas interceptaciones, por congraciarse con los que detentan el poder gubernamental no miden las consecuencias de sus actuaciones”, explicó Arrubla Paucar.

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Francisco Bernate, explicó que aquellos que indujeron al error a los fiscales estarían inmersos en los delitos de “fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Mientras que los investigadores que realizaron las escuchas telefónicas incurrieron en una violación ilícita de comunicaciones”.

Para el también penalista Fabio Humar “hay varios delitos, pero quizá el más grave es haber instrumentalizado a un investigador de la Dijín para mentir en un informe que se destinaría al fiscal, quien de buena fe y basado en ese informe emitió la orden de interceptar. Los delitos cometidos: fraude procesal e interceptar sin motivos fundados a un ciudadano”.

El también abogado penalista Marlon Díaz explicó que “una orden de interceptación únicamente puede ser emitida por el fiscal de conocimiento de una actuación, debe constar por escrito y por un término de 180 días, sujeta al control posterior de legalidad ante los jueces de garantías dentro de las 36 horas siguientes a su terminación, así como su prórroga, y solamente cuando existan motivos razonablemente fundados”.

La Fiscalía está recibiendo todas las pruebas e interrogando a los protagonistas de este gigantesco escándalo. Sin embargo, según pudo confirmar SEMANA, los agentes de policía involucrados, aunque han asistido a las citaciones, en ellas se han acogido a su derecho a guardar silencio.