Nace la Comisión de Disciplina, pero la pelea con la Judicatura se mantiene viva

En ceremonia en la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque posesionó a los nuevos integrantes de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ). En el evento, el mandatario señaló que los togados tienen ahora dentro de sus funciones el deber de preservar y defender la justicia en el país, con transparencia y honorabilidad.

La CNDJ la conforman la exmagistrada de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Magda Victoria Acosta; el conjuez del Consejo de Estado, Mauricio Fernando Rodríguez; Diana Marina Vélez, quien tiene 30 años experiencia en el sector público según su hoja de vida, y Alfonso Quijano, exsecretario general de la Defensoría del Pueblo.

También integran la comisión Carlos Arturo Ramírez, quien estuvo ejerciendo como procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia y es actual magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura; Julio Andrés Sampedro, quien fungió en su momento como asesor externo de la Oficina del Alto Comisionado de Paz y estuvo un tiempo como conjuez de la Sala Panal de la Corte Suprema de Justicia.

“Requerimos una justicia pronta y por eso motivamos a las facultades de derecho para que los abogados se incentiven a entrar a la rama y puedan administrar justicia mediante una carrera provechosa. Cuentan con la tarea de velar para que quienes administran justicia estén ceñidos a los más altos estándares de ética y añoro éxitos en las labores que van a cumplir. Finalmente, invito a los magistrados designados en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que asuman la inspección aguda y objetiva por una justicia efectiva”, sostuvo Duque.

El paso de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha sido difícil hasta su último día. Aunque la reforma constitucional de 2015 planteaba que los magistrados de la judicatura solo se mantendrían en sus cargos hasta el momento que fueran posesionados por el presidente de la República, como lo hizo hoy Iván Duque, surge una nueva argucia jurídica.

Amparados en un auto de la Corte Constitucional, se mantendrán en sus cargos hasta que los entrantes magistrados no estén en ejercicio de sus funciones, asunto que aún está enredado, pues en la Rama hay un debate sobre el lugar donde debe estar ubicada la CNDJ. El pulso está entre el Hotel Hilton y el Palacio de Justicia, pero esta decisión depende de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Ahí aún hay tela para cortar.

El Consejo Superior de la Judicatura, que ha tratado de torpedear no solo las reformas a la justicia que buscaban su eliminación, sino también la entrada en funcionamiento de la naciente Comisión Nacional de Disciplina Judicial, tiene un largo historial de corrupción y escándalos que lo ha convertido en el capítulo oscuro de la cúpula de la justicia, lo que justifica los intentos de acabarlo.

El más reciente cuestionamiento tiene que ver precisamente con la decisión de atravesarse al nacimiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que desde hoy será la encargada de disciplinar a los funcionarios de la Rama Judicial. Aprobada la reforma de 2015, con la que se eliminaban las funciones disciplinarias del CSJ, esta debió desaparecer, pero el Consejo de Estado decidió suspender la conformación del nuevo tribunal argumentando que requería una ley estatutaria que reglamentara su funcionamiento.

Por este bloqueo institucional, la Sala Disciplinaria siguió en funcionamiento y se atornillaron a sus cargos los polémicos magistrados Pedro Sanabria y Julia Emma Garzón, quienes ya habían cumplido su periodo institucional de 8 años, pero, amparados en la supuesta necesidad que esta sala siguiera funcionado, se aferraron a los cargos, beneficios y salarios de magistrados hasta hace unos pocos meses, cuando una tutela fallada en favor de la Corte Constitucional determinó que ya habían cumplido el periodo y debían retirarse.

La magistrada Julia Emma Garzón y su colega Henry Villarraga también fueron cuestionados cuando se conocieron conversaciones de Villarraga con el coronel Róbinson González del Río, acusado como responsable de falsos positivos, en las cuales se interpretaba la intención de voltear la decisión para favorecer al acusado.

En 2012, nuevamente el Consejo Superior de la Judicatura fue el epicentro de las críticas, pues fue puesto al descubierto el que se denominó el “carrusel de las pensiones”, por medio del cual los magistrados nombraban por corto periodo a magistrados auxiliares, lo que les representaba una jugosa mesada de retiro.

También es recordado el escándalo que protagonizó el magistrado José Alfredo Escobar cuando fue revelada una grabación en la que le agradecía al empresario italiano Giorgio Sale, investigado por lavado de activos, por unos botines que le había regalado.

Hoy concluye la historia del más cuestionado alto tribunal de justicia en Colombia, tan polémico que, en varias ocasiones, vía reforma a la justicia trató de ser eliminado de un plumazo, pero las argucias jurídicas, la complejidad que ha significado tratar de reforma a la rama vía reforma constitucional y los micos en los trámites en el Congreso, han evitado el final del Consejo Superior de la Judicatura que hoy se empezó a escribir.