“No hay ningún expresidente que no haya ejercido alguna crítica a las cortes”: ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, frente a los reclamos de Petro a las decisiones de los magistrados

SEMANA: Hay una noticia coyuntural que tiene que ver con la reforma a la justicia, sobre principios de oportunidad para delitos contra menores de edad que propuso la Corte Suprema y la Fiscalía. ¿Qué es lo que plantean?

Ángela María Buitrago: Este proyecto de ley que se socializó encontró muy buena aceptación en el 90 por ciento. Entendiendo que el principio de oportunidad y los preacuerdos son medios adecuados para encontrar y tomar decisiones en justicia penal, pero había un artículo que significaba dar una rebaja en casos de delitos contra menores que, al encontrar objeciones, el presidente de la Corte Suprema y la Fiscalía han decidido apartarlo del articulado. El principio de oportunidad aplicará en casos comunes y delitos especiales en los que no se comprometa a niños, niñas o adolescentes.

SEMANA: Hay polémica por la reforma agraria que se radicó. La exministra Cecilia López afirma que es expropiación exprés y hasta señalan que la Agencia Nacional de Tierras va a funcionar como juez. ¿Cuál es su explicación?

A.B.: No. Lo que pasa es que, cuando hablamos de la Ley 160 de 1994, hay una posibilidad en procedimientos especiales agrarios en dudas sobre linderos, propiedad o temas particulares. Son situaciones en las que se requiere verificar, a través de un proceso administrativo, la titularidad y en muchos casos también si la ocupación es lícita o no. Lo que se hace en este proyecto es dejar viva esa ley, que está funcionando desde el 94, y se incluye la posibilidad de acudir a la jurisdicción para que quien no esté de acuerdo con ese acto administrativo entable una acción de nulidad ante los jueces.

SEMANA: ¿Aquí entonces el término de expropiación exprés no entra?

A.B.: La expropiación es permitida en Colombia, está regulada. En el Código, la expropiación es un mecanismo de utilidad pública y social. Lo que tenemos que decir es que cuando dicen expropiación exprés, podría referirse a una expropiación rápida, que no es ilegal o no es a dedo, pero cuando oímos la alerta que le ponen lo que tenemos que decir es que no existe ninguna figura que se llame así, expropiación exprés. No hay ninguna figura que tenga algún tinte de alerta dentro de la proyección de la ley, lo que se está haciendo es acercar a los jueces al territorio para que sean ellos los que resuelvan el conflicto.

SEMANA: Se ha hablado de la justicia y la necesidad de que las cortes no participen en temas electorales como los de fiscal y procurador, porque terminan politizadas. ¿Ese tema irá en la propuesta?

A.B.: Hay personas que han propuesto, en la mesa de reforma a la justicia, la supresión de la función de elección de las cortes, pero con el criterio de que no es una función que deban tener. Estas funciones no las tenían las cortes en su origen, son adquiridas a través de la Constitución del 91, pero muchas personas entran a discutir si son funciones que garantizan independencia, imparcialidad o si tienen otros fines. Podría pensarse en métodos alternativos para la elección de funcionarios de alto nivel.

SEMANA: El presidente Petro ha hecho serias críticas a fallos que afectan su Gobierno. Al Consejo de Estado, a la Corte Constitucional. ¿Cómo ve esas tensiones con la justicia?

A.B.: Esas tensiones las viví en periodos de otros presidentes, incluso con manifestaciones directas, estando todo el gabinete respaldando a ese expresidente para atacar a la Fiscalía y a los jueces que en su momento decidieron sobre una investigación. La tensión de esa época, estamos hablando de 2006 a 2010, también estuvo presente en otras épocas. Este es un tema que históricamente está presente en los Gobiernos, es una forma de expresión, en algunos casos de reclamos. Creo que no hay ningún expresidente que no haya ejercido alguna crítica a las cortes y a los jueces.

SEMANA: ¿Pero las críticas afectan el actuar de la justicia, que debería ser libre e independiente?

A.B.: El derecho a la libre expresión está claro, he visto también cómo nos hemos reunido con las cortes y el presidente. Los presidentes de las cortes le han manifestado lo que piensan, él también les ha explicado lo que pasa, y sobre esos supuestos no hay ninguna interferencia. Además, él no ha generado ninguna oposición permanente ni ninguna restricción; al contrario, siempre ha sostenido que garantiza la autonomía e independencia.

SEMANA: Le hablo de un caso concreto, magistrados consideran que el presidente le bajó la caña a la alerta por el plan del atentado contra el Palacio de Justicia al no pronunciarse sobre el tema. ¿Usted qué percepción tiene?

A.B.: No creo que fuera un mal mensaje, él se preocupó y se dio la seguridad inmediata de la Policía. Recuerde que el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Militares. Inmediatamente, el general Salamanca cubrió la seguridad del Palacio de Justicia y obviamente eso es por orden del presidente. Las alertas hay que investigarlas, son fundamentales en un Estado como el nuestro.

SEMANA: ¿Pero el mismo director de la Policía ha dicho que no hay ningún asomo de inseguridad?

A.B.: Creo que se le ha dado el camino correspondiente y es que la Fiscalía investigue, la Fiscalía no ha dicho nada. No conozco esas afirmaciones, conozco lo que se mostró por la prensa, pero hasta ahí. La investigación es necesaria para saber quién está detrás, qué era lo que se iba a hacer, pero ahí lo importante también es reforzar la seguridad como se ha hecho, ya puede ver los motorizados y de fuerza pública acompañando a la Corte.

SEMANA: Quisiera hablarle de las mesas de negociación en las cárceles, por ejemplo con Pipe Tuluá, que es un delincuente, un extorsionista. ¿Al Inpec le quedó grande y terminó negociando con su banda, la Inmaculada?

A.B.: Las negociaciones forman parte de la función del comisionado de Paz, y deben tener un marco claro. Desde ese punto de vista, yo no estoy sentada en las mesas de negociación, por lo tanto, no puedo decir qué se ha dicho o qué no se ha dicho. Lo que sí creo es que, como ministra de Justicia, y lo he manifestado en varias ocasiones, se debe tener un marco claro de desmovilización, se deben poner reglas y se deben cumplir las obligaciones.

SEMANA: La Corte Constitucional, hace años, declaró el estado de cosas inconstitucional en las cárceles y ha ordenado el traslado de estaciones y URI. ¿Cómo va la atención a esa crisis humanitaria?

A.B.: Ese es un punto que al Ministerio de Justicia y al resto del Gobierno le preocupa. Se ha generado un traslado de 1.200 condenados de las transitorias a los centros de reclusión. Este es un estado inconstitucional desde hace más de 35 años. Estamos tratando de terminar para entregar otros dos centros carcelarios que nos abrirían nuevos cupos, pero la solución no está ahí, la solución también está en restringir a un Estado punitivista en el que todo tiene cárcel. La pena tiene una función resocializadora y no denigrante, que las personas puedan tener una protección a su dignidad y a los derechos humanos, en esa función estamos tratando de inclinar en todas las estrategias para lograr deshacinar los centros carcelarios.

SEMANA: ¿En qué va la apuesta por las colonias agrícolas?

A.B.: La colonia agrícola es un espacio que permite la resocialización, la autosuficiencia, pero también de formación hacia el futuro. Estamos tratando de mirar en cuáles otros centros podremos abrir estos espacios. Hay uno que sirve en el Buen Pastor para actividades de crianza de animales, de manufactura, de arte, de piscicultura, de apicultura. Hemos tenido también el apoyo de organizaciones de Estados Unidos para poder participar con estos apoyos a los reclusos y esto significa entender que ellos tienen derecho también a trabajar, a rebaja de pena y a salir siendo útiles para la sociedad.