Nuevo escándalo en la Universidad San Martín: más de 1.000 estudiantes se podrían quedar sin dónde ver clases, la sede de Cali sería embargada

Después de nueve años de ser intervenida por el Gobierno a causa de malos manejos administrativos y actos de corrupción, un nuevo escándalo sacude a la Fundación Universitaria San Martín. SEMANA revela un millonario pleito que enfrenta y por el que podría perder la sede de Cali, afectando a cerca de 1.030 estudiantes de Medicina, Veterinaria, Administración de Empresas y Contaduría a Distancia.

Esta nueva y grave situación ocurre mientras los reclamos de casi 7.000 alumnos afectados en 2014 con la intervención del Gobierno permanecen estancados y el proceso de reorganización avanza a paso lento. La historia se repite.

La disputa tiene su génesis justamente en la intervención que realizó el Ministerio de Educación, entonces en cabeza de Gina Parody. Desde esa época, la San Martín reúne una larga lista de acreedores por deudas cercanas a los 250.000 millones de pesos, entre ellos docentes que reclaman el pago de salarios, empresas que piden que se les cancelen las deudas y estudiantes que tuvieron que volver a iniciar sus carreras.

En un intento por enfrentar la crisis, la institución puso como garantía de pago un lote de 40.000 metros cuadrados en el norte de Cali. Sin embargo, cuando se revisa la documentación, las cuentas no cuadran. Los documentos de catastro develan una extensión mucho menor, de apenas 10.898 metros cuadrados, pero lo más complejo es que no aparece el edificio donde funciona la universidad.

En el complejo proceso se indica que, en 2022, el Politécnico Santo Domingo, que forma parte de la misma Fundación Universitaria, realizó una construcción que abarcó 9.000 metros cuadrados. Dicho inmueble fue puesto como garantía de un crédito de más de 9.000 millones de pesos, que fue incumplido y llevó a hacer efectiva la garantía que hoy reclama Fiducentral, la cual, además, ordenó una serie de peritajes para que se estableciera el tamaño del lote y sus construcciones.

El denunciante asegura que la Fundación Universitaria engañó a la Notaría 13 de Bogotá –donde aparecen todos los documentos de registro del bien inmueble– y así inducir al error a la Superintendencia de Notariado y Registro de Cali, que expidió los certificados de libertad y tradición sobre los 10.898 metros cuadrados que ofreció como garantía de pago.

Debido a esto, los reclamantes presentaron una denuncia por estafa, fraude procesal, falsedad y uso de documento público falso. En las acciones judiciales, conocidas por SEMANA, se señala que la universidad incurrió en engaño y falsificación de las escrituras públicas sobre un préstamo que ofreció como garantía de pago de sus obligaciones.

La presunta estafa que investiga la Fiscalía quedó al descubierto cuando le pidieron que le entregara el lote a Fiducentral para “la administración” bajo la figura de “patrimonio autónomo”, pero este no contaba con el edificio.

SEMANA le envió un derecho de petición a la San Martín para conocer su posición. En un extenso documento recalcaron que han actuado de buena fe y que el predio les pertenece desde hace 20 años. “Se rechazan las afirmaciones malintencionadas de unos supuestos malos manejos y falsedades”, explicaron a través de su abogado, Ricardo Bolaños.

La institución educativa negó que esté siendo investigada por la Fiscalía o la Superintendencia de Notariado y Registro, pero los documentos en poder de SEMANA revelan que existe una investigación activa en la Fiscalía 74 de la capital del Valle del Cauca.

El problema no es menor para la Universidad San Martín, bajo el escrutinio de sus propios estudiantes y empleados, que temen que vuelva el fantasma de la inestabilidad y posible liquidación que hace una década sufrieron por los malos manejos. Los estudiantes están en vilo.