Nuevo y demoledor testimonio revive proceso contra el excongresista Carlos Ferro: lo investigan por enriquecimiento ilícito y concusión

Tras varios años de ausencia en la vida política, el nombre del polémico exsenador Carlos Ferro Solanilla vuelve a aparecer. Pero esta vez en medio de una investigación que estaba dormida en la Corte Suprema de Justicia y que por un nuevo testimonio despertó y lo tiene sentado en el banquillo de los acusados respondiendo con pruebas muy contundentes en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito y concusión. La grave acusación se da porque Ferro, según el expediente, habría obligado a miembros de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a entregarle parte o la totalidad de su salario.

El proceso resulta espinoso y el principal testigo, Roque Julio Díaz, es claro al señalar a Ferro como la persona que abusó de su poder e influencia para contratarlo bajo la condición de que le entregara la totalidad de su salario. Una vergonzosa solicitud que supuestamente hizo aprovechando la necesidad de Díaz de cumplir con las semanas de cotización para acceder a su mesada pensional.

Por si fuera poco, en medio de este renaciente escándalo hay un muerto de por medio. Se trata justamente del hermano del testigo estrella, Segundo Eduardo Díaz, quien fue asesinado y su cuerpo fue arrojado en la vía que conduce del Alto de San Miguel a Fusagasugá, en hechos ocurridos en abril de 2009.

El principal acusado por este crimen, según se lee en el documento de apertura de investigación de la Corte Suprema, es John Harold Arias, patrullero de la Policía, quien formó parte del esquema de seguridad de Ferro y que, según el testigo Gabriel Daza, tenía una relación sentimental con el excongresista.

Incluso, señala un testimonio que reposa en el expediente, cuando Arias empezó a ser investigado por este homicidio, el mismo Ferro, usando sus influencias como parlamentario, logró su traslado al Tolima. Por este caso, la Corte también hace indagaciones por un eventual encubrimiento del entonces senador Ferro.

El expediente, que dormía el sueño de los justos, despertó el primero de febrero de 2022 cuando Roque Julio Díaz Pinzón llegó con las pruebas debajo del brazo y fue enfático en afirmar que después de muchos años (casi una década) se había animado a denunciar al entonces senador Ferro, con quien tuvo una vinculación laboral en su UTL y que se dio bajo el compromiso de devolverle, mediante consignación bancaria, la totalidad del salario devengado.

El esquema corrupto ya estaba montado cuando Díaz fue contratado y, según su testimonio, no era el único que tenía que entregarle la plata. Él solo debía firmar y, al recibir su salario, la orden era enviarlo a cuentas de Bancolombia a nombre de terceros, que identificó como Jaime Andrés Jaramillo, Luis Jaramillo y Diana Galeano.

El ahora testigo estrella contra Ferro afirmó ante la Corte Suprema de Justicia que, después del homicidio de su hermano, el excongresista le dijo en la casa de su mamá que como un gesto de solidaridad por la tragedia familiar se podía quedar con un millón de pesos, pero que el excedente se lo tenía que seguir consignando en las tres cuentas acordadas.

En la investigación de la Corte se pudo comprobar que el titular de una de las cuentas en la que Díaz tenía la obligación de consignar todo su salario, Jaime Andrés Jaramillo, también estuvo vinculado para la época de la presunta comisión de los delitos como empleado del Congreso, pero, en este caso, formaba parte de la UTL de la senadora Leonor Serrano de Camargo en el cargo de asesor grado uno.

Al parecer, y según la declaración de Díaz, la influencia de Ferro era tal que su presunto socio en esta movida criminal termina siendo promovido en el mismo Congreso a los cargos de asistente grado uno en el área de recursos humanos. Luego llegó, como era de esperarse, a la UTL del excongresista, en la que fue contratado como asistente grado dos.

Ante la Corte Suprema también fue citada la exsenadora Leonor Serrano de Camargo, quien asistió el 10 de febrero de 2022, apenas dos semanas después de la denuncia que presentó Roque Julio Díaz, y su testimonio resulto demoledor, pues ratificó los hechos por los que se investiga a Ferro.

Contó que después de tener una amistad muy cercana con el senador, “al punto de llegar a reemplazarla en el Congreso por ser el suplente en la lista”, tuvo que alejarse de él y retirarle su amistad por los desacuerdos que tuvieron con los inadecuados manejos de personal en la UTL. Lo que más generó indignación en Serrano de Camargo fue enterarse de que su amigo y aliado político les pedía parte o la totalidad del salario a sus empleados.

Sobre el delito de enriquecimiento ilícito, tanto Díaz como Serrano de Camargo, y otro testigo llamado Luis Carlos Samacá, aseguraron que Ferro les exigía a todos los funcionarios de su UTL entregar un porcentaje de su sueldo. La Corte es contundente y explica que al presionar a sus colaboradores para que le entregaran sus remuneraciones pudo tener un incremento injustificado de su patrimonio, es decir, enriquecimiento ilícito.

La Corte, además, pidió el número de las cuentas bancarias a través de las cuales los integrantes de la UTL le enviaban el dinero de su salario a quien era su jefe en ese momento, el excongresista Carlos Ferro, durante el periodo de abril de 2007 al 2009, etapa durante la cual el testigo Roque Díaz dice que hizo las consignaciones a las cuentas acordadas, y que finalmente terminaban en el bolsillo del entonces congresista del Partido de la U.

Esta investigación judicial, que incluso tiene un muerto encima y ya cuenta con indicios sólidos de que el exsenador sí presionó a los miembros de su UTL para que le dieran su salario, está encabezada por el magistrado Francisco Farfán. Pero no es el único proceso que adelanta el alto tribunal por la deplorable práctica de algunos parlamentarios de pedir total o parcialmente el salario de sus colaboradores.

Por ejemplo, la magistrada Cristina Lombana trabaja en el caso de Claudia Amaya, exrepresentante a la Cámara, quien supuestamente les pedía a cada uno entre 700.000 y 800.000 pesos mensuales.

Otra investigación está en manos del magistrado César Reyes, quien ya acusó a la entonces congresista Argenis Velásquez, quien supuestamente pedía parte del salario de las personas de su UTL para repartirlo entre ella y su esposo, Edwin Chávez.

Las cuentas, luego de la investigación de la Corte, señalan que les habrían sonsacado más de 25 millones de pesos.Todo indica que en este caso se ajusta el dicho de que no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla, porque después de cerca de una década engavetado y sin mayores avances, el proceso contra Carlos Ferro toma un nuevo aire. Pero esta vez las pruebas en poder de la Corte, y que entregó el nuevo testigo, parecen sólidas y tendrá que dar claras explicaciones.