Perfil | Francisco Ricaurte, el todopoderoso de la justicia que hoy fue condenado

Hoy fue condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, en concurso homogéneo, utilización indebida de información privilegiada y tráfico de influencias, el exmagistrado Francisco Ricaurte, quien llegó a ser el hombre más poderoso de la Rama Judicial. Configuró un grupo de magistrados aliados e imponían su voluntad en las altas cortes y tenía la capacidad de definir quién llegaba como magistrado y hasta logró ser presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura. Ahora cayó por corrupto.

Ricaurte fue salpicado por el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien era su amigo personal, abogado de varios congresistas investigados en la Corte Suprema de Justicia y el encargado de llevar los potenciales “clientes” del Cartel de la Toga, escándalo que en síntesis buscaba engavetar las investigaciones contra los aforados a cambio de millonarios sobornos.

El cartagenero Ricaurte creció como la espuma en la justicia. Hizo carrera en la rama, fue abogado, auxiliar en la Procuraduría, juez de Cartagena y Barranquilla, y magistrado de la Corte Suprema de Justicia en 2004. En 2008, cuando la Alta Corte estaba en el momento de máxima tensión con el gobierno del exmandatario Álvaro Uribe Vélez que se había enfrentado con el exmagistrado César Julio Valencia Copete, llegó a la presidencia Ricaurte con una tendencia más moderada en su relación con el Ejecutivo.

Poco a poco fue logrando la vinculación de personas cercanas en la Corte Suprema y otros tribunales, con lo que logró crear un carrusel, entonces llamado “yo te elijo, tú me eliges”, por medio del cual solo se podía llegar a ser magistrado de una Alta Corte si formaba parte de la rosca; pero no solo eso, al cumplir el periodo pasaban a otra alta corte catapultados por los votos de los magistrados que en el pasado ayudó a elegir.

Eso mismo hizo Ricaurte, quien cumplió su periodo en la Corte Suprema y fue elegido como magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Casualidad o no, desde ese tribunal confeccionaba las listas de elegibles de la que la Corte Suprema y el Consejo de Estado seleccionaban a sus magistrados. Todo un carrusel.

Ricaurte tuvo que dejar su cargo por fuerza de decisiones judiciales, producto de una demanda que habían presentado contra esa elección la ONG Dejusticia, el abogado Ramiro Bejarano y la periodista Cecilia Orozco.

Pero el gran escándalo estaba por venir. El acaparamiento y la lucha por el poder se quedaron cortos frente al escándalo más grande que haya tenido la justicia en la historia del país: el Cartel de la Toga, por medio del cual Ricaurte torcía decisiones a cambio de sobornos millonarios.

El testigo estrella del caso del cartel de la toga es el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, quien era amigo personal de Ricaurte, compartían oficina, asistían a los mismos eventos e, incluso, viajaban juntos a destinos como San Andrés y hasta al Festival Vallenato.

Moreno fue detenido en 2017 luego de que recibió un soborno por US$10.000 de manos del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons a cambio de frenar su proceso en la Corte Suprema de Justicia por la pérdida de al menos 50.000 millones de pesos del cartel de la hemofilia y el desangre del Sistema General de Regalías. Esa fue la primera pieza que se conoció de un juego de corrupción en la justicia.

Detenido Moreno, prendió el ventilador y salpicó a los magistrados Leonidas Bustos, Gustavo Malo, Camilo Tarquino y Francisco Ricaurte, condenado hoy por la justicia. La defensa del exmagistrado centró sus argumentos en desestimar las declaraciones de Moreno ante la justicia, y de cuestionar la supuesta cercanía con él.

Vinieron más nombres y el escándalo creció. La Fiscalía estableció que, en la red de corrupción, el abogado Moreno era el encargado de recibir los dineros de los procesados que él contactaba. En cada caso, la suma era distribuida entre el exmagistrado Ricaurte y otras personas, quienes se encargaban de realizar gestiones indebidas en diferentes instancias judiciales para manipular las decisiones e intentar favorecer a los aforados que pagaron.

Dos de los eventos acreditados están relacionados con procesos que se seguían en el despacho del exmagistrado Gustavo Malo Fernández. En uno, el excongresista Álvaro Antonio Ashton Giraldo habría entregado 1.200 millones para dilatar, archivar o prescribir la investigación en su contra por presuntos nexos con grupos paramilitares. Aquí Ricaurte Gómez recibió 400 millones de pesos. En el otro hecho, el exsenador Musa Besaile Fayad, supuestamente, pagó 2.000 millones de pesos para frenar una orden de captura en su contra. En esa ocasión al exmagistrado le correspondieron 250 y 290 millones de pesos.

Francisco Ricaurte el todopoderoso de la justicia hoy se encuentra tras las rejas. El escándalo del Cartel de la Toga toma un nuevo aire y, seguramente, más exmagistrados, encargados de velar por que la ley y la Constitución se cumplan terminarán tras las rejas. Se impartirá justicia como ellos no lo quisieron hacer.