¿El aborto en Colombia podría llegar a ser legal como en Argentina? Debate

El Congreso de Argentina aprobó en la madrugada del miércoles 30 de diciembre la ley del aborto, que legaliza la práctica en todos los casos y hasta las 14 semanas de gestación. Con esa decisión, Argentina se convierte en el mayor país de América Latina en sumarse al grupo de naciones donde el aborto es libre.

El número de semanas límite en cada país varía: en España se trata de 14 semanas; en Suecia, 18; en Estados Unidos, 16 (aunque existen variaciones por estado), y en Singapur, 24.

El panorama en Colombia es similar al que tenía Argentina antes de la aprobación de la ley: las personas gestantes pueden acceder a un aborto legal en tres causales establecidas por la ley, cuando se trata de un embarazo por violación, si existe un peligro para la salud física o mental de la madre o si hay malformación del feto.

Lo anterior, después de que en el Código Penal del año 2000, en su artículo 122, quedara establecido que la interrupción voluntaria del embarazo es un delito que podría costarle hasta cuatro años de prisión a la mujer que lo cometiera. Sin embargo, en 2006 la Corte Constitucional emitió la histórica sentencia C-355, en la que dichas causales fueron determinadas.

No obstante, las barreras con las que a diario se enfrentan quienes quieren abortar, aun bajo las causales, son muchas, por lo que es usual que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo no pueda satisfacerse y las mujeres tengan que recurrir a acciones de tutela u otras estrategias legales para que les permitan hacerlo. Sin embargo, muchas también recurren a la práctica de un aborto ilegal.

Actualmente hay tres demandas en la Corte Constitucional que buscan eliminar el delito de aborto. La más llamativa de todas es la que está en el despacho del magistrado Antonio José Lizarazo, interpuesta por el movimiento Causa Justa.

El objetivo del movimiento Causa Justa, integrado por organizaciones de todo el país, activistas, prestadores de salud, miembros de la academia, centros de investigación y ciudadanía en favor del derecho al aborto, es que se declare inconstitucional el artículo 122 del Código Penal.

“Después de más de 14 años de la despenalización parcial del aborto en Colombia en tres circunstancias, tan solo entre un 1 % y 9 % de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en forma legal con una gran concentración en las principales ciudades”, dice un comunicado del grupo de mujeres integrado por organizaciones, activistas, defensoras de derechos de las mujeres, entre otros.

La segunda está en el despacho del presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, y el accionante es Andrés Mateo Sánchez Molina, quien recoge argumentos muy similares a los esgrimidos por el grupo de mujeres. “Las mujeres son individuos autónomos e independientes con plena potestad sobre sus decisiones, sobre sus pensamientos y claramente sobre su cuerpo. Razón por la cual el Estado no puede obligar a las mujeres a ser madres y no puede imponer la carga de soportar un embarazo contra su voluntad”, señala Sánchez.

Otra, producto de una acumulación de demandas, está en el despacho del magistrado auxiliar Richard Ramírez, pero no han sido admitidas. Fueron instauradas por la abogada Natalia Bernal y Gerodel Hoffman. La primera intenta cerrarle nuevamente las puertas al aborto, esta vez con argumentos ampliados. En el caso de Hoffman, un ciudadano santandereano, señala que penalizar el aborto atenta contra el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana, el derecho a la intimidad y el derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos.

“Al prohibirse la interrupción voluntaria del embarazo, la dignidad humana se ve gravemente vulnerada cuando una la persona no haya consentido la reproducción de un ser humano, pues eso integra el derecho reproductivo, que por su naturaleza es una facultad que se direcciona por el consentimiento o voluntad del titular”, señala.

Todas estas demandas representan uno de los grandes retos para la Corte Constitucional en 2021, que tendrá que decidir si toma esa papa caliente, despenaliza por completo o mantiene como está el derecho al aborto. Sin embargo, en este momento tres magistrados ya han mostrado sus posiciones: Alberto Rojas, José Fernando Reyes y Alejandro Linares han dicho que Colombia debe avanzar hacia la legalización de esta práctica en el país.

El rol del Congreso ha sido casi invisible, puesto que ninguno de los proyectos a favor o en contra del aborto ha salido adelante y por eso nunca ha legislado en este sentido. Además, Ministerio de Salud y la Procuraduría han pedido mantener las tres causales ya establecidas.

El debate

El Alto Tribunal ha dejado claro que bajo ningún caso se podría retroceder y eliminar las tres causales para el aborto, pero sí se podría avanzar en lo que tiene que ver con la protección de los derechos, lo que es problemático por la definición que esto tiene para distintos sectores.

El tema es complejo, porque aunque algunos lo defienden a capa y espada, ni la comunidad científica se ha puesto de acuerdo. Algunos sostienen que después de las 24 semanas el sistema nervioso ya se desarrolló y que por eso no se debería permitir. Para otros, como dijo la ginecóloga Laura Gil a SEMANA hace algún tiempo, lo importante es que las mujeres tengan opciones y no sean obligadas a la maternidad forzada.

Por el contrario, las iglesias, que desempeñan un rol importante en la discusión por su presencia en casi todo el país de mayoría católica, la vida comienza desde la concepción y es sagrada, y que, en consecuencia, el aborto implica el asesinato del ser humano.

No obstante, Profamilia, organización de derechos reproductivos, envió un concepto a la Corte Constitucional hace meses en el que explica que, por lo menos en su experiencia, 94 % de quienes solicitan un aborto lo hacen antes de las 15 semanas de gestación.