Polémica: Gobierno Petro insiste en liberar a presos de la primera línea; Fiscalía estudia propuesta del ministro de Justicia

La obsesión del gobierno de Gustavo Petro por dejar en libertad a los integrantes de la primera línea parece no tener final. En la noche de este viernes sorprendió a propios y extraños al anunciar que buscará nuevamente la excarcelación de estas personas que, en medio del paro nacional que se tomó al país entre 2019 y 2021, cometieron delitos, atacaron a los integrantes de la Fuerza Pública y a la población civil, al tiempo que destruyeron infraestructura.

Por encima de las decisiones de los jueces, en un acalorado discurso, el presidente Petro incluso pidió que se les otorgue el estatus de víctimas a los integrantes de la primera línea que participaron en las protestas. Los calificó como “presos de conciencia, presos sociales” que están privados de su libertad por “simplemente decir que no estaban de acuerdo con la exclusión a la que estaban siendo condenados”.

Pero el alboroto se armó cuando el ministro de Justicia, Néstor Osuna, tomó el micrófono y aseguró que mediante una “directriz” que la fiscal general Luz Adriana Camargo firmará en los próximos días, según él, se buscará que los integrantes de la primera línea salgan de las prisiones en las que se encuentran mientras se adelantan los juicios o cumplen sus condenas por delitos relacionados con hechos muy distantes a la protesta pacífica que protege la Constitución.

El ministro le echó pullas al exfiscal general Francisco Barbosa, asegurando que durante su gestión fue “imposible convencerlo” de emitir esta directriz para fijar que los “hechos de protesta no eran terrorismo”.

“Muy pronto ella (en referencia a la fiscal Camargo) va a expedir la directriz en la que se afirma que los hechos de protesta social no son ni terrorismo ni concierto para delinquir, y eso implica que todos los que están en la cárcel van a salir”, aseguró Osuna en Cali.

Pero una cosa son los discursos y otra los hechos, o por lo menos así sucede con el inesperado anunció al que la Fiscalía respondió. Tras conocer la declaración de Osuna, la entidad publicó un mensaje en su cuenta de X en el que aseguró que un “equipo directivo” del organismo había tomado atenta nota de los planteamientos y solicitudes del Ministerio de Justicia.

“La Fiscalía se encuentra estudiando los argumentos del ministro Néstor Osuna a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la doctrina jurídica internacional, principalmente la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, señaló el ente acusador.

En el pronunciamiento, aseguró lo que es una realidad y que, al parecer, el presidente Petro insiste en desconocer: “La palabra definitiva la tendrán los jueces de la República y en última instancia la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia”.

Fue tal la polémica que se armó, y la percepción de que el Gobierno le estaba tirando línea a la Fiscalía, que rápidamente el ministro Osuna recogió sus palabras y en su cuenta en X explicó que se trataba de una propuesta que esperaba fuera acogida por el ente acusador, y agregó que “esa respuesta aún no se ha producido. Evidentemente, el Gobierno nacional no le da instrucciones a la Fiscalía General ni actúa en contra de decisiones judiciales. Acataremos lo que esas instituciones decidan”.

Esta no es la primera vez que el Gobierno busca la liberación de los integrantes de la primera línea. Desde el 7 de agosto de 2022, en su discurso de posesión presidencial, Petro anunció que buscaría la manera de liberar a esos presos. Sin embargo, pocos meses después, sus pretensiones se cayeron por la decisión de los jueces, que aseguraron que no podían dejarlos en libertad por una orden presidencial.

Un asunto que tiene lógica, pues la libertad de los criminales no se da por un anuncio del mandatario, sino que depende de los jueces, ya que los detenidos están purgando condenas por cometer graves delitos.

En ese momento, el primero en rechazar esta propuesta fue el fiscal Francisco Barbosa, quien la calificó como inviable y le recordó al presidente Petro la división de poderes públicos. “Los jueces de la República son autónomos en este país, la Fiscalía no tiene nada que ver con la liberación de los llamados jóvenes de la primera línea”, afirmó entonces Barbosa.

De igual forma, en diversos pronunciamientos, jueces y magistrados pidieron respeto por la independencia de poderes públicos, cuestionando las declaraciones del jefe de Estado. En las decisiones judiciales se dejó muy en claro que la resolución firmada por el presidente Petro, en el que designaba a estos jóvenes como “gestores de paz”, no era vinculante.

En diciembre de 2022, el entonces presidente del Tribunal Superior de Bogotá, Hugo Alexánder Ríos, aseguró que los integrantes de la primera línea no podían ser señalados como víctimas de “persecución judicial”, como lo manifestó el Gobierno, indicando que tanto las órdenes de captura, medidas de aseguramiento y apertura de procesos judiciales fueron tomadas de manera independiente por funcionarios de la rama judicial.

“Entonces hablo y ratifico la legitimidad de las decisiones de nuestros jueces a través de las cuales se priva de la libertad a personas que atentaron contra la vida, contra la integridad y contra los bienes de las personas”, enfatizó el magistrado.

Decisiones judiciales

En noviembre de 2022, un juez especializado de Bogotá condenó a 14 años y siete meses de prisión a Sergio Andrés Pastor González, conocido como alias 19; así como a Ivonne Rodríguez Parra, Johan Steven Sainea Rubio y Fernando Urrea Martínez, quienes formaban parte del grupo Resistencia Portal Américas.

En la sentencia se señaló que, en la noche del 4 de junio de 2021, retuvieron a un carpintero que pasaba por el lugar y sin prueba alguna lo acusaron de ser un agente infiltrado de la Policía que estaba recolectando información.

Tras quitarle todas sus pertenencias, despojarlo de su ropa, fue golpeado con un palo y amarrado a un árbol, donde fue rociado con gasolina. Los manifestantes le mostraban constantemente un encendedor y lo amedrentaban con quemarlo vivo si no revelaba su verdadera identidad.

Después de dos horas y media, y gracias a la acción de la ciudadanía y de otros integrantes de la primera línea, el carpintero fue dejado en libertad. Por esos hechos fueron condenados por los delitos de concierto para delinquir y tortura.

En enero de 2023, la jueza 18 de control de garantías negó la solicitud para excarcelar a Daniela Pérez Gantiva, conocida como la Polla, quien habría participado en las manifestaciones violentas que se presentaron en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá, en donde atacaron a la Policía y amedrentaron a la población civil.

Por esos hechos fue vinculada a un proceso por los delitos de concierto para delinquir, tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos; empleo o lanzamiento de sustancias y objetos peligrosos, violencia contra servidor público, perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial e instigación para delinquir con fines terroristas. Ninguno de estos delitos se puede borrar de un plumazo.

Qué dicen los expertos

SEMANA consultó a reputados abogados penalistas para conocer los alcances de la directriz que anunció el ministro Osuna. Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, recordó que la protesta, como todos los derechos, tiene un límite. “El solo hecho de marchar no puede ser considerado un acto de terrorismo (...) pero si en el desarrollo de la protesta se utilizan explosivos, se causan lesiones a personas, pues eso seguirá siendo un delito”.

Por su parte, Camilo Burbano, experto en derecho penal acusatorio, aseguró que una protesta social deja de ser pacífica cuando se cruza la línea y se ejecuta alguna acción que pueda afectar la vida e integridad de otra persona.

“Se pueden cometer delitos de cualquier índole, tales como lesiones, daño en bien ajeno e, incluso, homicidio. Los cuales, por el hecho de estar en el marco de la protesta social, no dejan de ser delitos”, afirmó.

Para Burbano, no se puede perder de vista el hecho de que contra integrantes de la primera línea se han emitido fallos condenatorios que están vigentes. “Aplicar una directiva de la Fiscalía no va a cambiar su situación jurídica”.

Nuevamente, el presidente Petro, esta vez secundado por el ministro Osuna, insiste en la liberación de delincuentes que aprovecharon la protesta social para cometer graves crímenes por los que están tras las rejas; el mandatario insiste en la libertad, pero esta, ya está claro, no depende de un plumazo o de una orden dada desde la Casa de Nariño. La fiscal tendrá que contarle al país, más temprano que tarde, a qué conclusión llegó sobre la petición del Gobierno Petro, que busca dejar libres a los temibles integrantes de la primera línea que están presos.