Por amenazas de agentes del Estado, CIDH otorga medidas cautelares a periodista Ricardo Calderón

Las investigaciones que por años realizó el periodista Ricardo Calderón a las Fuerzas Militares en temas como los denominados “falsos positivos”, “perfilamientos” o denuncias de corrupción al interior de la institución le generaron amenazas e intimidaciones de parte de agentes del Estado y otros terceros. Este, a juico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es el argumento por el cual decidió otorgarle medidas cautelares al exdirector de la Revista Semana.

Señala la Comisión que la situación de seguridad de Calderón es preocupante. Entre los argumentos para decretar esta medida afirman que estos hostigamientos lo tienen en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable de sus derechos.

La impunidad rampante en las denuncias que realizó la Calderón en SEMANA es otro de los argumentos que acoge a CIDH como factor de riesgo (aclarando que no es su función revisar la actuación de la justicia sino las condiciones de seguridad), pues señal que, pese a que se han implementado algunas medidas de seguridad para proteger la vida del periodista, “en las investigaciones abiertas no se han producido avances en la sanción de quienes sería los responsables de los eventos de riesgo, o cual resulta un aspecto relevante al momento de establecer el riesgo que enfrentaría el beneficiario (de las medidas cautelares) y las posibilidades de que se vuelva a repetir”.

Para la CIDH es claro que las partes (el Estado y el periodista) reconocen la necesidad de proteger la vida de Calderón. Sin embargo, es clara en reclamarle a Colombia que “adopte todas las medidas que sean necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad (…) que le permitan seguir con sus actividades periodísticas”.

También le reclama al país que informe a la Comisión las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la medida. Esto es, en síntesis, los avances en las investigaciones por las denuncias periodísticas y por los seguimientos, amenazas e intimidaciones de los que fue víctimas de parte de “agentes del Estado”, luego de realizadas las denuncias.

De acuerdo con Resolución 6/2021 con la que le fueron otorgadas las medidas solicitadas por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), durante 2019, Ricardo Calderón fue víctima de múltiples y sistemáticas amenazas, hostigamientos, interceptaciones ilegales y seguimientos que podrían estar activados por parte de miembros inteligencia y la contrainteligencia del Ejército, como reacción a las investigaciones que él ha adelantado y publicado.

Además, en abril de 2019, , previo a publicar un artículo sobre presiones e intimidaciones que sufrían los militares que denunciaban presuntos casos de falsos positivos, Calderón Villegas empezó a recibir llamadas y mensajes de texto, de tres a cuatro veces por semana, en los que se le amenazaba de muerte a él y a su familia. En marzo del mismo año, mientras señor Calderón se encontraba en una reunión con una fuente, se percató de que era objeto de seguimiento por parte un hombre, a quien increparon y manifestó ser “sargento de inteligencia”.

A mediados del mismo año, luego de la publicación del trabajo: “las ovejas negras del Ejército”, en el que “se revelaban audios y videos con algunas de las pruebas de las investigaciones que se adelantan en Fiscalía y Procuraduría, en contra de generales del Ejército, así como también se señalaba que el general Eduardo Quirós, cabeza del Comando de Apoyo de Contrainteligencia (Cacim), ofrecía recompensas y permisos a quienes identificaran a los miembros del Ejército que estaban revelando información a la prensa”, se hicieron más constantes las amenazas, los mensajes al celular, la certeza de seguimientos con una camioneta que se parqueaba cerca de las instalaciones de la Revista Semana y hasta un mensaje de condolencias por “la muerte de su hijo”.

Para la CIDH han sido insuficientes las medidas tomadas por el Estado colombiano como la implementación esquemas de seguridad por parte de Unidad Nacional de Protección (UNP), rechazada por Calderón. O la decisión del presiente Iván Duque de “realizar de una revisión estratégica sobre las capacidades de inteligencia y contrainteligencia militar de los últimos diez años, con el fin de verificar y evaluar el cumplimiento de procesos y protocolos y de erradicar la ejecución de prácticas que puedan ser contrarias a la ley”, sobre lo cual no ha pasado nada, no hay informe o por lo menos no se conoce.

Sobre la impunidad, los argumentos de Colombia ante la CIDH fueron simplemente manifestar que se está adelantando desde enero de 2020 una indagación penal en contra del general Nicasio Martínez Espinel, ante la Corte Suprema de Justicia, y que se realizaron cambios en la conformación de las Fuerzas Militares “incluyendo cambios a los comandantes de veinticuatro unidades de inteligencia y contrainteligencia de todo el país. Asimismo, se fortaleció el sistema SICEI (Sistema de Control Estratégico Institucional) para conocer comportamientos no ajustados a la ley”.

La Comisión explica que no es su función pronunciarse sobre la atribución de responsabilidades penales o de otra índole respecto de las personas involucradas, pues la decisión se relaciona exclusivamente con los requisitos de gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable. Pero es clara al señalar que no se trata de hecho nuevos en el país y que el pasado instó al Estado a llevar a cabo una investigación sobre dicha práctica (seguimientos ilegales) intrusiva, y recuerda que fueron emitidos pronunciamientos en el 2004, 2009 y 2014.

“En particular, la Comisión toma en consideración la especial seriedad que representan los eventos que el propuesto beneficiario ha enfrentado al momento de publicar investigaciones que han causado alto impacto en la sociedad colombiana. Prueba de ello, es que varios de sus informes han llevado al inicio de investigaciones penales y disciplinarias, así como cambios de altos mandos del Ejército Nacional”, señala la CIDH en su decisión.