Por escándalo y presuntas irregularidades en compra de carros militares por 304 millones de dólares, denunciado por SEMANA, Procuraduría abre indagación

El escándalo por presuntos sobrecostos por cerca de 17 millones de dólares en la compra de 55 carros militares de combate, que fue denunciado por SEMANA y que, al momento de buscar respuestas en el Ministerio de Defensa, generó un intento de censura, ya está en manos de la Procuraduría General de la Nación que ya anunció el inicio de una indagación para establecer si se habría pagado dinero de más, desfavoreciendo los intereses económicos de la nación.

Esa decisión la acaba de tomar la Procuraduría al señalar que “se abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del Ministerio de Defensa (...) investigará los hechos, reseñados por medios de comunicación, que señalaron que posiblemente se asumieron pagos como el del envío de los elementos, el almacenaje y los ejercicios de pruebas que debían realizarse y que correspondían al contratista”.

Asimismo, la Procuraduría sostuvo que será materia de análisis el concepto a cancelar por la reingeniería no recurrente en fábrica para la integración de sistemas de armas y comunicaciones por un monto que elevaría el total a los 17 millones de dólares, el cual no debería, como al parecer ocurrió, ser asumido por el Ministerio.

La actuación disciplinaria, señalan desde la Procuraduría, busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Lo cierto es que, al momento de la indagación y verificación de la información recibida por SEMANA, cuando se fue a consultar al Ministerio de Defensa lo que ocurrió fue un hecho de censura, incluso advertida por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

La historia de un escándalo que se convirtió en censura

SEMANA recibió una grave denuncia sobre presuntos sobrecostos en un multimillonario acuerdo por más de 305 millones de dólares (1,3 billones de pesos) que dejó firmado la entonces secretaria general, Ana María Garzón, la mano derecha del ministro de Defensa, Iván Velásquez, el pasado 29 de diciembre, cuando el país estaba en las fiestas de fin de año. Al buscar una respuesta oficial, un periodista de SEMANA fue hostigado y presionado a tal punto que intentaron obligarlo a firmar un documento de confidencialidad para que no publicara nada. Un claro acto de censura.

Aunque Gustavo Petro, cuando era candidato, fue un contundente crítico de la compra de armas y, en su momento, de aviones para las Fuerzas Militares por su alto costo, a los pocos meses de su gobierno se firmó este acuerdo por un valor astronómico con una empresa canadiense para la compra de 55 vehículos blindados LAV III 8×8 para reforzar al Ejército.

La denuncia recibida por SEMANA es delicada. Advierte sobre un posible sobrecosto cercano a los 17 millones de dólares, que, según la fuente, sería la causa de la salida de Garzón, ocurrida tres meses después, en absoluta reserva y sin ninguna explicación.

SEMANA buscó de inmediato una respuesta en el Ministerio de Defensa ante la gravedad de la denuncia. Esta se sustenta en documentos oficiales, entre los que se encuentran el contrato, los soportes que sirvieron para elaborar la ficha técnica y las características que debía cumplir el proveedor de los vehículos militares.

Sin embargo, en lugar de explicar la multimillonaria y silenciosa inversión, y aclarar si existieron los supuestos sobrecostos o no, un viceministro y otros funcionarios intentaron callar a SEMANA con arbitrariedades y presiones. La cita con los funcionarios se llevó a cabo en el Ministerio de Defensa el pasado jueves 20 de abril, a las 3:30 p. m. Se había acordado que habría una respuesta oficial a la denuncia.

La reunión la encabezó el viceministro de Estrategia y Planeación, general (r) Ricardo Díaz. Lo acompañaban Javier Mondragón, director de proyección de capacidades e innovación; Yenni Mora, asesora de contratación estatal; los coroneles Óscar Melo Muñoz, gerente del proyecto de fortalecimiento de capacidades operacionales del Ejército para la defensa de la frontera de los vehículos 8×8; el coronel Carlos Luque Ochoa, director de la Escuela de Infantería; y el sargento viceprimero Andrés Aldana, integrante del Comité Técnico del proyecto vehículos 8×8. Todo ocurrió en presencia de Ana María Escobar, jefe de Comunicaciones del Ministerio de Defensa, y Camilo Restrepo, del equipo de comunicaciones, quienes organizaron el encuentro.

Mondragón expuso a SEMANA los argumentos sobre la necesidad de efectuar la compra de los vehículos. Luego intervino el viceministro Díaz, quien presentó un panorama sobre el pésimo estado operativo de los vehículos de combate del Ejército, que tiene desprotegidos puntos estratégicos del país, y la misionalidad de los 55 que llegarían tras el acuerdo con la empresa canadiense.

La reunión avanzaba en términos cordiales hasta que SEMANA le expuso al coronel Luque unas fotografías de los documentos de la denuncia con el propósito de conocer su veracidad. La situación molestó al director Mondragón, quien de inmediato se quejó por las pruebas que SEMANA estaba exponiendo. Mondragón dijo que el Ministerio de Defensa no estaba de acuerdo con la dinámica que había tomado la reunión.

Pese a la molestia y tensión, el encuentro continuó, pero con reparos permanentes a los documentos de la denuncia. De hecho, desde el inicio se acordó que no se presentarían en físico a la reunión para proteger a la fuente y evitar una cacería de brujas.

La explicación no le cayó bien al coronel del Ejército Óscar Alberto Melo, quien reclamó y se empeñó en preguntar por qué SEMANA tenía en su poder documentos de seguridad nacional. La respuesta al indignado oficial fue obvia: formaba parte de la labor periodística. Cualquier fuga de información era un asunto del Ministerio.

El coronel Melo levantó la voz, calificó la respuesta como una falta de respeto y hasta el viceministro Díaz tuvo que intervenir para ordenarle que se tranquilizara. “Ya coronel”, dijo el viceministro. El coronel Luque parecía más molesto por los documentos en poder de SEMANA que por los posibles sobrecostos e irregularidades del millonario acuerdo.

Con la situación tensa, el viceministro Díaz expuso a SEMANA los argumentos para la adquisición de los vehículos 8×8 y explicó que el proceso se había iniciado en 2012. Sin embargo, SEMANA le demostró en la reunión que fue adjudicado por el Gobierno Petro a finales de 2022.

En ese momento, ocurrió el intento de censura. El director Mondragón, que al comienzo de la reunión expresó su desacuerdo por las fotos que había mostrado SEMANA a uno de los coroneles, advirtió que los temas que se estaban tratando eran de seguridad nacional y altamente sensibles para el país, por lo que no se podían divulgar a la opinión pública. Luego de la advertencia del alto funcionario, el viceministro Díaz tomó en sus manos un documento, lo levantó delante de los asistentes y condicionó la continuidad de la reunión a que SEMANA lo firmara.

Se trataba de un acuerdo de confidencialidad en el que este medio debía comprometerse a no publicar absolutamente nada. De lo contrario, la reunión se terminaba inmediatamente. Por obvias razones, el periodista de SEMANA se negó de forma categórica a firmar dicho documento. Entonces, el viceministro ordenó levantar la reunión como lo había advertido.

Las claves del escándalo

Tras el frustrado encuentro con los delegados del ministro de Defensa, Iván Velásquez, SEMANA revela las dudas que buscaba aclarar sobre los presuntos sobrecostos, que, en principio, ascenderían a 17 millones de dólares. La fuente entregó la prueba del multimillonario acuerdo militar firmado entre Ana María Garzón, en nombre del Ministerio de Defensa, y el representante legal de la empresa canadiense encargada del suministro de los vehículos blindados.

También entregó el soporte de cómo se hará el pago de los 305 millones de dólares. Se acordó que Colombia realizará un anticipo de 66,8 millones de dólares de la siguiente manera: 15,8 millones en 2023, 16,5 millones en 2024, 17,4 millones en 2025 y 17 millones en 2026.

Los 238,5 millones de dólares restantes se pagarán así: en 2027, 29,8 millones; en 2028, 40,5 millones; en 2029, 59,5 millones; en 2030, 34,9 millones; en 2031, 69,2 millones y, por último, en 2032, 4,3 millones.

La fuente aportó la prueba sobre la modalidad del contrato, que se hizo bajo el sistema Incoterms DPU, el cual contempla que el proveedor se compromete, entre otras cosas, a poner en las instalaciones del comprador (Ejército) los elementos adquiridos, asumiendo el costo del envío, pero al parecer en este caso no fue así.

Según la fuente, en el acuerdo entre Colombia y la firma canadiense hay cuatro ítems que representarían los posibles sobrecostos porque deberían ser asumidos por el vendedor al tratarse de la modalidad DPU y, por el contrario, habrían sido cargados al Ministerio de Defensa. Así las cosas, se habría elaborado el acuerdo presuntamente desfavoreciendo los intereses económicos nacionales.

El primer problema es que, de los 305 millones de dólares, Colombia, presuntamente, pagaría por almacenaje y ejercicios de pruebas de los vehículos de combate. Eso generaría un supuesto sobrecosto cercano a los 2,9 millones de dólares. La fuente aseguró que es ilógico que el país pague por ello si eso le correspondería al proveedor, como lo advierte la modalidad DPU.

En el contrato se contempla “el almacenaje interior de vehículos en una instalación segura, con temperatura controlada, mientras los vehículos esperan el envío por lotes a Colombia. Ejercicio mensual de vehículos para garantizar una alta disponibilidad”, se lee en el convenio, aunque este monto debería ser asumido por los vendedores, según la fuente.

De igual forma ocurre con otro presunto sobrecosto por 7 millones de dólares, según el cual el país pagaría por “la ingeniería no recurrente en fábrica para la integración de sistemas de armas y comunicaciones”. Nuevamente, se le habría cargado el costo al Ejército.

De acuerdo con el contrato, esto contempla “actualizaciones de desarrollo de diseño, dibujo y actualizaciones del paquete de datos técnicos, actualizaciones de instrucciones de construcción de ingeniería de fabricación y costos de puestas en marcha de producción y utillaje”.

La otra posible inconsistencia en el acuerdo tiene que ver con la gestión del programa en fábrica, que se refiere a la “administración de programas, administración de contratos, administración de proyectos de ingeniería, desarrollo de servicios de soporte para garantizar la ejecución contractual conforme y viajes para visitas a proveedores”. Esto, según la fuente, representaría un posible sobrecosto de 4 millones de dólares. Una vez más, eso debería ser responsabilidad del proveedor.

También habría un posible sobrecosto de 1,4 millones de dólares con los manuales que comprenden el “desarrollo de actualizaciones a manuales COLAV existentes, incluyen los cambios de vehículos (HMS, cubre llantas), actualizaciones para sistemas que han sido actualizados por obsolescencia”. Además, no se habría incluido el transporte de los vehículos a Colombia, también una obligación del proveedor. Esa es otra duda que quedó por resolver.

Según indagó SEMANA, los posibles errores en este acuerdo, uno de los de más altos presupuestos para el Ejército, y la firma apresurada el 29 de diciembre habrían sido el detonante para que Garzón, la funcionaria clave para el ministro Velásquez, presentara su renuncia.

Hay que mencionar que Garzón era una mujer de entera confianza del ministro Velásquez, pues lo había acompañado incluso en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Además, había trabajado mano a mano en sus investigaciones sobre paramilitarismo contra funcionarios de alto nivel, congresistas y políticos. La renuncia de Garzón estuvo acompañada de la salida del director de contratación estatal del Ministerio de Defensa, Juan David Montoya, sobre la cual tampoco se entregaron detalles del motivo que la originó.

SEMANA buscó también al Ejército para saber si el comandante de dicha institución, el general Luis Mauricio Ospina, había pedido una revisión del acuerdo, pero al cierre de esta edición no se había conocido ninguna respuesta. El ministro Velásquez debería responder por las dudas que rodean esta millonaria adquisición y, asimismo, por la estrategia de intimidación de sus funcionarios contra SEMANA.