Investigaciones

Por filtración de ponencia, separan al magistrado del caso Ramos

La polémica Sala Disciplinaria del Consejo de Superior de la Judicatura acaba de fallar una acción de tutela en favor Luis Alfredo Ramos. El magistrado Ariel Torres, quien pidió condena para el exgobernador, será apartado del caso.

30 de septiembre de 2020
Exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos
Exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos | Foto: Archivo particular

Una polémica decisión acaba de atravesar un nuevo obstáculo en el proceso contra el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos. La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ordenó que el magistrado de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema Ariel Torres (ponente) sea apartado inmediatamente del caso y, en consecuencia, que la revisión del expediente se someta a reparto para la elaboración de un nuevo proyecto de fallo.

Sin determinar cuál es la responsabilidad que se le endilga a Torres, la Judicatura resuelve una acción de tutela en favor del exgobernador, protegiendo su derecho al debido proceso. Para los magistrados de la Sala Disciplinaria el solo hecho de que se hubiera filtrado la ponencia es suficiente para apartarlo del caso, pues Torres era "el guardián del expediente”.

“Al ser el de una persona con cierto reconocimiento público, debió ser custodiado por el funcionario público con suma diligencia, y no permitir que una providencia que ya tenía plasmado su análisis jurídico y de juicio fuera publicada por un noticiero”, señala la Judicatura.

Torres repartió el proyecto de fallo el pasado 24 de marzo de 2020 a la sala en donde comparte asiento con su colega Jorge Caldas. La ponencia pide que Ramos sea condenado a 19 años de prisión al considerar que el exgobernador de Antioquia no solamente recibió dinero para sus campañas políticas de los paramilitares El Tuso Sierra y Miguel Arroyave, sino que también tuvo un papel activo de “fomento, promoción, dirección, encabezamiento, constitución y de jefatura" con respecto a la organización.

El análisis del caso que hizo Torres resultó ser sustancialmente más gravoso para Ramos, pues el mismo caso revisado por otro magistrado de la Sala de Casación Penal de la corte –Eyder Patiño– consideraba que el exfuncionario debía pagar 9 años de prisión. Con la entrada en vigencia de la segunda instancia para aforados, el caso Ramos quedó en manos de la Sala de Juzgamiento de primera instancia de la que forma parte Torres y salió del control del magistrado Patiño.

La historia de la filtración de la ponencia se repitió. El proyecto de fallo resultó en manos de los periodistas de Noticias Uno, quienes revelaron apartes precisos de las conclusiones y mostraron el documento en video. Aunque en la primera ocasión nunca se pudo determinar cómo el caso salió de las manos del ponente Eyder Patiño a los periodistas de Noticias Uno, en esta oportunidad los magistrados de la Judicatura consideran que Torres debe responder por la publicación que hizo el medio de comunicación el pasado 12 de julio.

La decisión, además de controversial, implica que la revisión del expediente se tomará por lo menos un año más mientras lo estudia un nuevo magistrado. Además, a este pronunciamiento de la Judicatura le resta la revisión eventual de la Corte Constitucional, que ya se pronunció antes, cuando la filtración ocurrió en la Sala Penal de la Corte. En ese momento hubo jalón de orejas para funcionarios y periodistas, pero quedó claro que ante la imposibilidad de endilgarse responsabilidades específicas el caso debía continuar su rumbo.

No obstante, la Judicatura pretende cambiar esa línea. En la decisión participaron los magistrados Julia Emma Garzón (ponente) y Pedro Alonso Sanabria, quienes cumplen 12 años de periodo como magistrados. Estos magistrados están ganando tiempo extra en sus despachos, pues la Corte Constitucional les dejó muy claro que su periodo es de ocho años y que no existen posibilidades de extensión por falta de nombramiento de los funcionarios. Sin embargo, siguen tomando decisiones tan controversiales como esta, que seguramente no tendrán ninguna oportunidad en la Corte Constitucional.