Fiscalía vs. JEP: Comienza tsunami judicial por magnicidio de Gómez Hurtado

La exsenadora Piedad Córdoba precipitó esta semana un drástico giro en las investigaciones por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Después de que Córdoba anunciara que entregaría evidencias a la Comisión de la Verdad, los antiguos miembros de esta guerrilla se vieron obligados a reaccionar y a través de un comunicado anunciaron su reconocimiento temprano por este caso y otros cinco homicidios que estremecieron al país.

Los más críticos de estas manifestaciones fueron los miembros de la familia de Gómez Hurtado quienes han cuestionado que bajo esta sorpresiva tesis el caso saldrá de la competencia de la Fiscalía para irse a la JEP. “Están tratando de llevar el caso a la JEP para echarle la culpa a algún guerrillero muerto o vivo, que se le arrebate la investigación a la Fiscalía y que se convierta en cosa juzgada”, señaló Mauricio Gómez, hijo del excandidato presidencial.

El mayor malestar de la familia Gómez Hurtado es porque evidentemente la tesis de las Farc le quita un peso de encima al exministro Horacio Serpa y al expresidente Ernesto Samper, quienes han sido señalados como determinadores del crimen. "Es una treta de Piedad Córdoba para beneficiar a su amigo Ernesto Samper”, expresó Mauricio Gómez.

Pero en el futuro judicial del caso no hay un cambio de competencia automático, de hecho, lo que se viene puede llegar a ser mucho más complejo que eso. ¿Por qué?

Si bien el reconocimiento que hacen los miembros de la extinta guerrilla supondría que la JEP será la competente para investigar a los jefes de las Farc por el caso, esto no implica que la justicia ordinaria pueda abandonar las investigaciones contra los no combatientes involucrados. De este modo, ambas jurisdicciones podrán continuar realizando sus actuaciones simultáneamente y de manera independiente, incluso, si van en direcciones distintas.

Así lo explicó el exministro de Justicia y exasesor de Paz, Yesid Reyes, quien aseguró que la competencia de Jurisdicción Especial de Paz no es sobre hechos sino sobre personas. “En la medida en que un delito fue cometido por alguien vinculado al conflicto, Farc o Fuerzas Militares, la competencia la tiene la JEP. Pero si hubiera terceros vinculados lo tienen que procesar en la justicia ordinaria, a menos que manifiesten su voluntad de comparecer", señaló.

Muestra de que la Fiscalía está lista para continuar actuando, es que este mismo viernes la fiscal delegada ante la Corte Elba Beatriz Silva citó a declarar a un desfile de testigos, entre los que aparecen la exsenadora Piedad Córdoba, el exalcalde Lucho Garzón y varios capos extraditados a Estados Unidos. Con ayuda de la Embajada de Estados Unidos, la fiscal pretende escuchar a los hermanos Rodríguez Orejuela y a Guillermo Palomari, el contador del cartel de Cali, cuya única versión conocida es la que entregó a una corte de Estados Unidos, entre otros.

Para el exministro, es claro que las investigaciones de la Fiscalía y de la JEP podrán seguir caminando manera independiente. “No es que la JEP coja los expedientes y se los lleve de la Fiscalía. Tendrán que ser investigaciones independientes", precisó.

En este contexto, la Fiscalía sí podría a futuro encontrarse con un obstáculo, y es que los terceros que vincule formalmente al caso pueden someterse voluntariamente a la JEP. Según las reglas de la jurisdicción de paz, tienen un plazo de tres meses para presentar su solicitud después de haber sido notificados de su vinculación. No obstante, esto no significa que deje de actuar para llegar a los responsables materiales e intelectuales del crimen, por el contrario, a futuro podrá controvertir y hasta plantar choques con la justicia especial de paz si llegara a ser necesario.

Ahora bien, en el marco de la discusión iniciada por la familia Gómez Hurtado respecto al expresidente Ernesto Samper, la confesión de las Farc claramente cambia totalmente el rumbo de la tesis criminal del caso. Pero esto no quiere decir que la Comisión de Acusaciones no pueda actuar en caso de encontrar pruebas en su contra. De hecho, la JEP no tiene competencia para investigar a expresidentes, de modo que ni siquiera podrá intervenir si llegara a existir material probatorio en esa dirección.

“En el caso de Samper, él tiene fuero como expresidente y la competencia la sigue teniendo la Comisión de Acusaciones. En cuanto a Serpa, él tiene fuero de ministro, así que la Fiscalía tendría la competencia en caso de llegar a ser vinculado”, aseguró Reyes.

Ante la inédita revelación de las Farc, el problema que se va a desencadenar no es que la Fiscalía se quede sin competencia para actuar. El verdadero lío es que podrá seguir actuando de manera paralela e independiente, aún cuando sus hallazgos vayan en una dirección diferente a los de la Jurisdicción Especial de Paz. Lo cual anticipa un camino más de incertidumbre que de certezas en un caso tan polarizante como lo es el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.