Justicia
Procuraduría pidió medidas urgentes por alto riesgo que corren funcionarios públicos en Cauca, tras secuestro de concejal
El Ministerio Pública advirtió que, en el primer semestre de 2024, se han registrado más de 120 casos de alteración al orden público en esa región del país.
El secuestro de la concejal del municipio de Argelia, en el departamento del Cauca, Sandra Betancourt, en hechos que se registraron el pasado 15 de septiembre, encendió las alarmas de las autoridades y organismos de control. La funcionaria fue liberada el 21 del mismo mes.
En ese sentido, se conoció un enérgico pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación, en el cual solicitó de manera urgente medidas frente al alto riesgo que corren otros funcionarios de la región del Cauca, especialmente en el municipio de Argelia.
“Esta solicitud se hace luego de que el Ministerio Público revelara, en un informe reciente, la compleja situación humanitaria y de seguridad que acontece en ese departamento, que para el primer semestre del año alcanzó el alarmante registro de 123 eventos de alteración al orden público, 42 % de estos dirigidos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario”, expresó el Ministerio Público.
Además, la Procuraduría en ese pronunciamiento, insistió sobre la preocupación que embarga a esa entidad por los constantes eventos de vulneración de derechos humanos “contra las comunidades de esta zona del país y la consumación de riesgos contra la vida e integridad de las autoridades locales, que confirman la ausencia de gestos y voluntad de paz por parte de estructuras armadas”.
Lo más leído
“El ente de control también llamó la atención sobre la ausencia de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz en los espacios de articulación institucional, que en reiteradas oportunidades han convocado a las autoridades de gobierno local del Cauca para la toma de decisiones, y aseguró que esto envía un mensaje de abandono estatal a las comunidades afectadas”, avanzó el Ministerio Público.
Finalmente, aseguró el organismo de control: “La Procuraduría continuará monitoreando la situación de derechos humanos que acontece en este territorio y vigilando la respuesta efectiva y oportuna de las autoridades en su deber de protección y garantía de derechos de los ciudadanos”.
Cabe reseñar que Sandra Betancourt, concejal de Argelia, Cauca, fue liberada el pasado sábado, 21 de septiembre, tras permanecer una semana secuestrada, pero su situación sigue siendo crítica. Las disidencias de las Farc le enviaron una contundente sentencia.
Sin embargo, durante su entrega a los miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja, el líder del grupo armado disidente ‘Carlos Patiño’ le impuso un ultimátum: debe abandonar la región de inmediato.
En un mensaje alarmante, el representante del grupo advirtió: “No sé cómo va a ser para poder seguir siendo concejala, pero usted no puede volver al Cauca. Es mejor que esto sea así para evitarnos problemas, pero usted debe salir del departamento, todos los frentes del comando conjunto del occidente tienen la consigna de hacer cumplir esto”.
Trascendió que los secuestradores justificaron su acción alegando que Betancourt actuaba como informante del Ejército Nacional, acusándola de proporcionar información sobre las ubicaciones de los miembros de su grupo en el corregimiento de El Plateado. Además, la disidencia la acusó de malversación de fondos durante su gestión como presidenta de la Junta de Acción Comunal y de estar involucrada en el crimen de un expresidente y líder social de la región.
La situación de la concejal resalta la grave crisis de seguridad que enfrenta la región y el riesgo que corren los líderes sociales en medio del conflicto armado. La comunidad y las autoridades permanecen en alerta ante esta amenaza.
La información suministrada por el Ejército Nacional indica que la funcionaria pública había sido interceptada en el corregimiento El Plateado por la estructura ‘Carlos Patiño’, quien tiene un amplio despliegue en esa zona del Pacífico colombiano.
Betancourt es integrante del Partido Verde y logró 387 votos en medio de las elecciones locales de 2023, lo que representó el 3,10 % del electorado total de esta localidad, hoy minada por estructuras delincuenciales que se sostienen con el narcotráfico.