Reversazo en investigación por acción militar en El Remanso. Juez pide investigar si presuntos civiles eran miembros de las disidencias

Un duro revés acaba de recibir la Fiscalía en la investigación contra 24 militares implicados en la operación Mahlon n.º 5, que se realizó en la vereda El Remanso, en Putumayo, en marzo de 2022. Las Fuerzas Militares iban tras los pasos del poderoso narcotraficante Carlos Emilio Loaiza, alias Bruno. En medio de un “bazar cocalero”, se abrió el fuego cruzado y murieron 11 supuestos civiles. La investigación, que tiene a los militares en el banquillo de los acusados, dio un giro y terminó con un duro llamado de atención de la jueza de segunda instancia por errores en la investigación, quien incluso mandó a los implicados para la casa bajo detención domiciliaria. La Fiscalía, por su parte, afirma que deberían mantenerse en un centro de detención intramural argumentando obstrucción a la justicia.

SEMANA revela el documento de la jueza de segunda instancia, quien analiza lo sucedido en la investigación y le pide a la Fiscalía una investigación a fondo y que no señale a todos los militares de forma indiscriminada, sino, por el contrario, que la indagación se efectúe individualizando las responsabilidades de cada uno de los implicados.

El operativo en El Remanso ha sido duramente cuestionado en los tribunales y en la opinión pública. Señalan a los militares del Batallón contra el Narcotráfico y del Pelotón de Reconocimiento Táctico n.º 3 de abrir fuego sin identificar entre criminales y población civil. Incluso, la Fiscalía se refirió al hecho como una “masacre” y busca condenas de hasta 50 años bajo el cargo de homicidio agravado.

Por su parte, los altos funcionarios del Gobierno del entonces presidente Iván Duque y su cúpula militar defendieron férreamente el operativo, hasta en el Congreso, donde fueron citados a duros debates de control político.

Pero ya en materia judicial, el documento del Juzgado de Puerto Asís, Putumayo, de 112 páginas, es contundente y cuestiona tanto a la Fiscalía como a la jueza de primera instancia, que decidió aceptar los argumentos de la Fiscalía y mandar a los militares a detención intramural sin discriminar responsabilidades.

“Debió hacerse un análisis de las circunstancias individuales de cada imputado, como su papel específico en el operativo y su grado de responsabilidad, además, la línea de mando (…) lo cual es esencial para determinar –entre otras cosas– la necesidad, urgencia y proporcionalidad de la privación de libertad”, afirma el duro documento.

En cuanto a la jueza, advierte: “Es claro que la jueza de primera instancia no revisó todos los elementos de prueba aportados por la Fiscalía, omitiendo aspectos relevantes y particulares que podrían haber variado la decisión sobre la medida a imponer, como, por ejemplo, que solo dos de los veinticuatro imputados dispararon durante el desarrollo de la operación, que arrojó como resultado las muertes y lesiones de personal civil, pero también de personal militar”.

La jueza de segunda instancia cuestiona lo que se ha investigado y que en las acciones realizadas hasta el momento “no se tomaron en cuenta otros aspectos reseñados por la bancada defensiva –obviando argumentos o circunstancias, como el contexto de la operación en la selva y las condiciones específicas del escenario, la posibilidad de participación directa en la ejecución de la operación–, razón por la cual no debieron ser tratados de manera uniforme o indistinta, sino particular e individualizada”.

El asunto es delicado. SEMANA ya había revelado los detalles de la operación Mahlon n.º 5 y un documento reservado, denominado “Informe de patrullaje”, considerado la prueba reina. Este narra en detalle cada uno de los pasos del operativo: planeación, labores de inteligencia, ejecución y resultados operacionales.

Hay un tema que para la jueza es extremadamente delicado y que pone sobre la mesa los vacíos de la investigación, pues no se indagó a fondo si las presuntas víctimas y las personas que estaban en el “bazar cocalero” pertenecían a una organización criminal ligada al peligroso narcotraficante alias Bruno.

“Aun con los resultados operacionales que desencadenaron la muerte de 11 personas, será precisamente esa labor que deberá ejecutar la Fiscalía para demostrar si las víctimas eran civiles o miembros de las Gaor; además, deberá analizarse igualmente si los uniformados actuaron en cumplimiento de la orden”, se lee en el contundente documento.

La Fiscalía argumentó en su momento, en más de ocho horas de intervención, que “los acusados fueron autores de disparos que afectaron la vida e integridad de población civil no combatiente, protegida por el derecho internacional humanitario”, e indicó que “debido a su posición y poder dentro de la fuerza pública, los acusados podrían llegar a interferir en la investigación, manipular pruebas o influenciar a testigos, lo que justifica la detención preventiva para proteger a las víctimas y garantizar un proceso judicial adecuado”. Resulta llamativo, y deja mal parada a la Fiscalía, por ejemplo, que el soldado Róbinson Beleño Herrera, quien resultó herido en la operación y casi lo matan, no sea considerado víctima y, por el contrario, esté siendo juzgado.

Los argumentos de la Fiscalía son duros. Según su investigación, los militares realizaron al menos 1.600 disparos contra 13 casas, una caseta comunitaria, el polideportivo y el embarcadero. Además, lanzaron granadas de 40 milímetros y de fragmentación.

Los argumentos de la Procuraduría también son claros y, al parecer, no fueron tenidos en cuenta en la primera instancia del proceso, pues claramente señalaron que “la operación militar en cuestión fue legal y que los disparos realizados fueron ordenados y ejecutados bajo el mando correspondiente”.

Por su parte, las víctimas afirman que en el proceso ha habido claras dilaciones, denuncian amenazas, insisten en que se está dando una obstrucción a la justicia y sostienen, como argumento, respaldando la postura de la Fiscalía, que los 24 militares procesados sí son un peligro para la sociedad, por lo que deben estar en la cárcel. Se mantienen en que las personas que murieron, pese a estar en el bazar y acompañadas por alias Bruno, son campesinos y no miembros de las disidencias.

SEMANA habló con José Luis Villafañe, quien forma parte de la bancada de defensa de los militares, y afirmó que “estamos adelantando todas las actividades que permitan demostrar que los militares actuaron en cumplimiento de órdenes legítimas bajo el DIH y el respeto a los derechos humanos, mientras que a la Fiscalía le corresponderá demostrar si son civiles las personas que perdieron la vida, pese a la evidencia fotográfica y actos urgentes recaudados en el lugar de los hechos, donde aparece armamento de corto y largo alcance junto con material de intendencia que estaban en poder de esas personas”.

Con ese argumento, Villafañe agregó que “la defensa está a la espera de que la Fiscalía descubra los elementos materiales probatorios y que argumente cuáles fueron las conductas adoptadas por cada uno de los militares que participaron en la operación Mahlon n.º 5”.

La polémica acción armada, que señaló a los militares sin ni siquiera iniciarse el juicio, ha dado una voltereta. Será ahora la investigación de la Fiscalía, individualizada con cada uno de los imputados, la que le brinde las respuestas a la jueza, con un asunto de fondo que no es menor: investigar también si las personas que estaban en el sitio formaban parte de una organización criminal.