SEMANA recorrió la ruta de los migrantes desde Venezuela: pasos fronterizos ilegales, niños contrabandistas, inseguridad y hambre

Con una temperatura de 33 grados centígrados, el sol baña al río Táchira, la frontera entre Colombia y Venezuela. La zona se ha convertido en una de las más porosas con 72 trochas irregulares. El fenómeno se ha vuelto paisaje a escasos metros del Puente Internacional Simón Bolívar, donde las autoridades migratorias, la fuerza pública y el Estado se hacen los de la vista gorda.

El recorrido empieza por ese río en el que tres niños afirman que “nos tienen castigados”. Por eso cargan pesadas piedras, las bases de un puente irregular que facilitará el paso de miles de migrantes y mercancía. A unos metros de la rudimentaria obra hay un letrero del ELN.

Por una de esas trochas empieza el recorrido de 198 kilómetros que emprenden al mes más de 2.000 migrantes venezolanos. El recorrido se resume en miles de pasos bajo el sol, con apenas bocanadas de agua, mucha hambre y la calle como refugio en las noches.

Para cruzar los agrestes senderos no hay control ni presencia de policías o militares, pero sí coyotes, que cobran 20.000 pesos para registrar a los caminantes en Tránsito Seguro, la aplicación gratuita de Migración Colombia, que da un permiso de diez días para desplazarse por el país.

En esa puerta de ingreso a Colombia, en la que también comienza el tránsito hasta Estados Unidos, apareció Carlos, un hombre que no supera los 35 años, aferrado a una enorme maleta y a un niño de corta edad, quienes, después de un peligroso éxodo, decidieron regresar.

“Tres años caminando para buscar algo mejor, pero me tocó regresar. Estuve en Perú y Colombia, pero no conseguí nada y se acabó lo que tenía para echarle a la paila”, dice Carlos con un llanto que le resulta natural.

La ruta de escape del régimen de Maduro continúa. A 10 kilómetros, que, a paso promedio, son tres horas, se encuentra el sector de Los Patios. Allí se ubica el refugio Ayuda en Acción, que sobrevive con cooperación internacional y se ha convertido en el salvavidas para quienes se empeñan en hacer la travesía.

Echando a andar, las paradas humanitarias o refugios salvan vidas. Están La Donjuana, en el cruce a Chinácota; los Hermanos Caminantes, a 93 kilómetros de la ardua ruta; y la Fundación Martha Duque, en Pamplonita, una región que azota el cuerpo por el potente calor, que luego se convierte en un penetrante frío cuando se muestra el páramo de Berlín.

Esa fundación es administrada por su fundadora, Martha Duque, una mujer de 60 años. En el último año, ha recibido a más de 38.000 migrantes con un techo temporal, comida caliente y hasta servicios de salud para atender casos de hipotermia o cansancio extremo.

La preocupación es que la colaboración internacional anunció que la llave del apoyo financiero se cerrará a mitad de año, pues “el fenómeno de la migración se está invisibilizando. Acá hay mujeres y niños que necesitan atención humanitaria (...) no hay voluntad del Gobierno”.

Con casi 140 kilómetros recorridos, la travesía dura semanas y hasta meses para poder coronar el páramo de Berlín. La situación es tan penosa que en febrero de 2020 un bebé murió en brazos de su madre atravesando la montaña.

Desde julio de 2021, fecha en que se abrió este Centro de Atención a Migrantes en Tránsito, la Cruz Roja y los organismos internacionales, como World Vision, han tenido que atender delicados casos de caminantes enfermos al borde de la muerte. Ese albergue ahora cuenta con alimentación, camas, baños; es un refugio que salva vidas. A ese punto llegaron varios venezolanos pidiendo ayuda, mientras otros ya recargaban energía para continuar con su desafío. “No dejen perder esto, por favor, esto es una ayuda que nos salva. Apóyenos, que estamos en una crisis y no nos dejen en la calle. Estos refugios nos dan vida en medio del camino de la muerte”, le dijo a SEMANA uno de los migrantes que descansaba en una cama con sus pies desgastados.

El procurador delegado para los derechos humanos, Javier Sarmiento, recorrió los 198 kilómetros de la ruta desde Cúcuta hacia Bucaramanga. En el camino visitó los seis refugios que aún siguen funcionando, pero se encontró con un panorama desalentador: el abandono del Gobierno.

En diálogo con SEMANA, Sarmiento explicó que tras su visita pudo registrar que esta ruta de migración está siendo “invisibilizada”. El 30 por ciento de esos caminantes son menores de edad, la financiación humanitaria la está cubriendo en el ciento por ciento la cooperación internacional y las autoridades brillan por su ausencia. De hecho, este medio fue testigo de que durante todo el recorrido no hubo presencia de ninguna autoridad atendiendo este drama humanitario.

La ausencia estatal es tan evidente que las trochas ilegales están controladas por grupos armados, como la guerrilla del ELN, y estructuras criminales, como el Tren de Aragua. De la mano de estas organizaciones llega el contrabando y el narcotráfico, en las narices de las autoridades.

Frente a esa situación, la Procuraduría citó a los alcaldes de Cúcuta, Patios, Chinácota, Pamplona, Pamplonita, Tona y Bucaramanga, así como a los gobernadores de Santander y Norte de Santander, a la Cancillería, a Migración y demás entidades nacionales competentes para entender por qué se está abandonando una crisis humanitaria tan grave y cuáles son los planes de acción para atenderla.

“Es muy preocupante lo que está pasando y emitimos una directiva en la que, por primera vez, se advierte toda la situación migratoria para que los entes territoriales incluyan en sus Planes de Desarrollo estrategias. Pero urge la presencia de la Cancillería y Migración para que vigilen la ruta y atiendan humanitariamente a estas personas”, expuso Sarmiento.

Con esa directiva, las entidades que no cumplan pueden terminar en investigaciones disciplinarias. Por esa falta de atención ya están en indagación disciplinaria el suspendido canciller Álvaro Leyva, el director de Migración Colombia, Fernando García, y otros funcionarios.

Solo el año pasado se registró el paso de medio millón de personas que salieron por esta frontera y tomaron la ruta irregular de la selva del Darién. Por lo menos el 54 por ciento son venezolanos.

SEMANA buscó a la Cancillería y a las gobernaciones de Santander y Norte de Santander para saber qué están haciendo. Sin embargo, ninguna entidad se quiso referir al desamparo absoluto observado.

Esta es la muestra del abandono total, muchos miran hacia otro lado, ignorando el problema, y el único riesgo considerado es el de perder vidas. Lo más preocupante es que, en ciertos casos, parece haber una falta de atención motivada por la xenofobia y por una negativa a asistir a seres humanos que han sufrido bajo el régimen venezolano.