SEMANA revela el gravísimo documento que el magistrado Gerardo Botero le envió a la ONU contra Petro por atacar a la Corte

En medio de la espinosa elección de quién será la próxima fiscal general entre Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez, la Corte Suprema de Justicia ha sufrido presiones encabezadas por el presidente Gustavo Petro, funcionarios del Gobierno, congresistas de su bancada y ataques coordinados en redes sociales, con la única intención de desprestigiar al alto tribunal, a sus magistrados y presionarlos para una elección inmediata.

En medio de los vientos cruzados, nuevamente, Gerardo Botero, uno de los 23 magistrados de la Corte, levantó su voz y afirmó que en el oscuro capítulo que se vivió en el asedio al Palacio de Justicia sí fueron “retenidos” y responsabiliza directamente al presidente Petro.

Además, hace un durísimo señalamiento contra la OEA, la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por “intromisión en los asuntos internos del país, desconociendo la realidad, generando presiones y faltando al respeto de los procesos constitucionales”.

SEMANA revela un nuevo documento enviado a Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, en el que el magistrado Botero pide una visita “urgente” del organismo internacional y cuenta en detalle el asedio sistemático a la Corte Suprema que desencadenó la retención violenta de los togados el 8 de febrero.

No se va con medias tintas y le plantea a la relatora que “el Poder Ejecutivo y algunos miembros del legislativo han venido generando expresiones que cuestionan y presionan las decisiones que debe tomar la Corte Suprema”.

La denuncia va incluso con nombre propio, “si bien en ciertas publicaciones el presidente Petro señala que la Corte Suprema supuestamente tiene su respaldo, de manera continua y confusa hace llamados para deslegitimar y poner en entredicho la decisión respecto a la elección de la persona que será elegida como fiscal; convoca a diferentes actores del Estado para hostigar nuestra tarea constitucional y, además, contrario a todo lo sucedido, desmiente la gravedad de los hechos a partir de los cuales nos vimos retenidos de manera forzosa”.

Con esos argumentos, el magistrado, a quien le han llegado amenazas de todo tipo y ha sido objeto de dos robos en su vivienda, en los que se llevaron sus computadores con delicada información, hizo la solicitud a la relatora Satterthwaite.

“Solicito respetuosamente su rápida intervención para que evalúe y realice un seguimiento permanente a las alegaciones aquí descritas, y que despliegue todas las facultades que su mandato habilita, con el fin de garantizar la independencia de la Rama Judicial de Colombia. De igual manera, le extiendo un llamado para que, de manera urgente, realice una visita oficial a este país, con el fin de corroborar los graves actos que ponen en serio riesgo el balance tripartito del poder público en el país”, pide el magistrado en el duro documento de 20 páginas conocido en su totalidad por SEMANA.

Botero hace una detallada cronología de los mensajes enviados por el presidente Petro en los que arremete contra la Corte y atenta contra su independencia. Incluso, se refiere a los llamados a movilizaciones.

Empieza el 2 de febrero y señala que el presidente Petro se refirió al “momento de la expresión popular”, al parecer, porque se ha sentido perseguido por las investigaciones que se han abierto en su contra.

También se refiere a dos mensajes del 3 de febrero en los que convoca a una marcha y propone “alistar jornadas de una muy grande y profunda movilización para defender el voto popular”, y hace un llamado a Fecode –sindicato de educadores investigado por dar plata a su campaña– para que se sume “al llamado presidencial en defensa del Gobierno”.

Explica el magistrado Botero, de la Sala Civil, que en adelante los ataques tuvieron como objetivo la Corte y la independencia judicial.

“El 6 de febrero se reúne con el presidente y vicepresidente de la Corte Suprema, compartiendo la foto de la reunión. En la misma publicación sigue llamando a la protesta social indicando que el gobierno ‘no atacará la justicia, sí la impunidad’. En la misma publicación apunta: ‘El movimiento popular debe ganar más capacidad de decisión y poder en este gobierno. Le solicito al magisterio ayudarnos a organizar las coordinaciones de fuerzas populares’”, señala el documento.

Hasta que llega a la fecha de la segunda citación para la elección, el día en que las presiones detonaron en ataques a la Corte y a los magistrados. “El día de las marchas, el presidente realiza publicaciones sobre su desarrollo, por la misma red social X, afirmando: ‘Comienza la marcha por la decencia en Colombia’ y repostea lo que sucedía en diferentes lugares del país, con mensajes en contra del fiscal Barbosa y la Corte”, señala la queja del magistrado.

Al no haber humo blanco para escoger fiscal, empezaron los hechos violentos, y como demuestra Botero en el documento, fueron aupados por el presidente Petro. “A las 2:54 p. m. repostea una publicación que indica que la Corte Suprema, al no elegir fiscal, ‘se burla’ y ‘la gente sigue en la calle’”, documenta en el escrito.

Cuando la Corte ya está sitiada, expone la queja, llega otro mensaje provocador del presidente: “Aquí la única que ataca la justicia es la extrema derecha que teme una fiscal decente”. Y sigue: “La protesta del pueblo no es contra la justicia, sino contra la mafia que se toma la justicia”.

Para el magistrado, el presidente Petro está “acusando con esto, de manera directa y sin prueba alguna, a los órganos encargados de impartir justicia, de estar tomados por una mafia”.

El magistrado Botero expone un delicado hecho, como que el propio presidente salió a negar la gravedad de lo ocurrido y que además fue impulsado desde la cuenta de X, por eso el documento advierte, “pormenoriza de forma reiterativa los hechos, realizando afirmaciones como: ‘Los Magistrados pidieron seguir trabajando’, ‘Se está desinformando en medio del caos’, insiste en que no existieron actos de violencia (…) y repostea información que indica que la retención de los funcionarios no ocurrió”. El magistrado incluso hace una juiciosa recolección de más de 20 mensajes de congresistas de la coalición del Gobierno atacando a la Corte y su autonomía, dejando claro que las publicaciones en ocasiones eran reposteadas por el presidente Petro.

“Diferentes miembros del poder legislativo en el país atacan la independencia del poder judicial, puesto que contienen mensajes que presionan y señalan injustificadamente a la Corte Suprema, lo cual se puede evidenciar en los siguientes pantallazos de sus publicaciones de sus cuentas de la red social X”, se lee en la denuncia.

El magistrado Botero va más allá y se planta frente a los comunicados que han llegado desde instancias internacionales como la OEA, la CIDH y de la representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Sobre el comunicado del secretario de la OEA, Luis Almagro, dice que “en medio de la tensión por el asedio a la principal sede judicial del país y sin mayor evidencia, dio por sentado que en Colombia existían intentos de interrumpir el mandato del presidente (…) desprovisto de todo respeto por los procesos constitucionales e institucionales de un país”.

Sobre la CIDH, dice con claridad que “además de incurrir en numerosas imprecisiones fácticas y tendenciosas, como afirmar que el proceso de elección del fiscal debía culminar el 7 de diciembre de 2023 o que la Corte Suprema no había elegido por ‘falta de quorum’, privilegió las versiones otorgadas por el Ejecutivo, restando importancia a los graves hechos registrados y omitiendo por completo hacer un llamado a cesar presiones y hostigamientos”.

Frente a Juliette de Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue contundente. Dijo que su mensaje “casi copiado textualmente del comunicado de la CIDH, hace un llamado inquietante a la Corte Suprema a que elija fiscal ‘en el menor tiempo posible’, omitiendo hacer un llamado al Poder Ejecutivo a que cese sus presiones”.

Así, sin rodeos, con pruebas y contundentes críticas, el magistrado Botero sale en defensa de la Corte Suprema de Justicia, pone en evidencia las presiones del presidente, congresistas y organismos internacionales. Un llamado de alerta que busca una visita de la ONU. Por lo pronto, no se ha elegido fiscal y la nueva cita será en el Palacio de Justicia el 7 de marzo.