SEMANA revela la historia secreta de los nuevos ‘Pepes’, que secuestran familiares de narcotraficantes en Nariño

Lo que parece un suicidio para cualquier delincuente, una organización criminal dedicada al secuestro en Nariño lo convirtió en negocio: les declararon la guerra a narcotraficantes. SEMANA conoció los detalles de un expediente con un reporte sin precedentes en el país. Seis personas, con la ayuda de la inteligencia militar, se dedicaron a secuestrar familiares de narcotraficantes.

La información que recaudó la Fiscalía en el curso de una investigación contra integrantes del Ejército Nacional por supuestos vínculos con redes criminales en Nariño permitió establecer cuál era el negocio entre los militares y los delincuentes. Se trató de un intercambio criminal: información por dinero, y más dinero, pero a punta de secuestros.

La información que entregaban los militares, según los reportes de la Fiscalía, incluía procesos, investigaciones y seguimientos que hacían las autoridades a presuntos cabecillas de redes narcotraficantes en el sur de Colombia.

Los miembros de la inteligencia militar terminaron en una manguala con los secuestradores, era un negocio criminal en el que iban a la fija si querían mucho dinero, en efectivo y difícil de rastrear. La naciente red delictiva identificaba a los narcos, les hacía seguimiento a sus familias, ubicaba las viviendas, investigaba sus cuentas y finalmente secuestraban.

Luego llegaban las exigencias, hasta 4.000 millones de pesos les pedían a los narcos por liberar a sus parientes. Los datos que salían de la inteligencia militar eran precisos. Las víctimas, narcos con procesos en la misma Fiscalía que tenían carpetas, prontuario y expedientes completos que garantizaban dos cosas: primero, el dinero para pagar los rescates y, segundo, que tener rabo de paja con la justicia hacía casi imposible acudir ante las autoridades para denunciar.

“El material probatorio da cuenta de que el grupo criminal tendría contactos con miembros de inteligencia militar, quienes, al parecer, entregaban información de personas investigadas por narcotráfico. Posteriormente, identificaban a los familiares de estos últimos para secuestrarlos y a cambio exigían una alta suma de dinero, con eso garantizaban que no acudirían a las autoridades y que tenían capacidad económica para pagar los rescates”, señaló un investigador del caso.

La investigación que destapó esta particular modalidad de secuestro, con narcos como víctimas, saltó en el curso de otras investigaciones que adelantaba la Fiscalía en Nariño, porque, efectivamente, y como esperaban los secuestradores, no se conocieron las denuncias. Los narcos pagaron algunos rescates y los delincuentes aprovecharon el espacio.

“Se pudo establecer que dicha organización estaría vinculada en dos eventos delictivos, ocurridos el 3 de junio de 2021, en el barrio Chilcos, y el 11 de diciembre de 2022, en el barrio Puenes, de Ipiales, Nariño. Las exigencias económicas realizadas a las víctimas fueron entre 4.000 y 2.000 millones de pesos, respectivamente”, explicó una fuente del proceso a SEMANA.

Las interceptaciones que adelantó la Fiscalía mientras seguía los pasos a los militares corruptos establecieron cómo los uniformados convirtieron los datos de inteligencia en moneda de cambio. Revisaban los expedientes, que en ocasiones ellos mismos construían, para entregar los datos exactos de las personas que estaban en la lupa de la justicia por narcotráfico. Lo demás, el trabajo sucio, corría por cuenta de los secuestradores.

Hasta los investigadores de la Fiscalía quedaron sentados con las conversaciones entre los miembros de la inteligencia militar y la banda de secuestradores. La relación parecía más estrecha que la simple entrega de datos. Eran un solo cuerpo y con un mismo propósito criminal: el secuestro. Otro tema eran las víctimas, un riesgo que decidieron correr con la ilusión de desenterrar una guaca llena de dinero ilícito.

“A una de las víctimas le fue instalada una granada de fragmentación afuera de su vivienda, porque la familia se rehusaba a cancelar el dinero exigido. Los rehenes fueron liberados, uno de ellos después de que pagaran 50 millones de pesos, y el otro, cuatro meses después de su secuestro”, advirtieron los investigadores tras explicar cómo los miedos de los secuestrados se disiparon en la ambición de coronar las extorsiones. La historia de criminales secuestrando familiares de narcos resulta paradójica. Son pocos los registros de eventos similares, por lo menos de conocimiento de las autoridades.

El país aún tiene en la memoria algunas escenas en la época de mayor violencia del cartel de Medellín, cuando familiares de los capos fueron secuestrados y esa osadía tuvo, como era de esperarse, una violenta respuesta de un grupo de asesinos conocido como MAS (Muerte a Secuestradores), financiados por los narcotraficantes.

En este capítulo tampoco hay denuncias de las víctimas, y los familiares de los narcos pagaron parte de las exigencias de los secuestradores. No había maletas repletas de dinero en efectivo, incluso se ofrecieron vehículos y viviendas a cambio de la liberación de los secuestrados. El negocio de secuestrar familiares de narcos tenía futuro hasta que la Fiscalía lo liquidó.

La investigación, que arrancó con las interceptaciones, permitió a la Fiscalía descubrir lo que secuestradores y víctimas pretendían ocultar. No era necesaria la denuncia. De oficio, el ente acusador avanzó y recuperó las pruebas para establecer las dinámicas criminales de la organización, la forma en que se movían por Nariño, la peligrosidad de sus actuaciones y el riesgo de permitirles crecer. Si se atrevían a secuestrar familiares de narcos, hacer lo mismo con cualquier otro ciudadano parecería un juego.

Seis personas fueron identificadas y sus roles quedaron tan claros en la investigación que la Fiscalía pisó el acelerador para obtener las órdenes de captura. En allanamientos simultáneos fueron detenidos y en sus viviendas hallaron información, armas y elementos presentados ante los jueces con el propósito de demostrar que no se trataba de simples ciudadanos, sino una red criminal experta en el secuestro.

“En diligencias de allanamiento y registro se hicieron efectivas seis órdenes de captura en contra de Jhon Jairo Gutiérrez Gómez, Wilmer Hernando Betancourth Leyton, Lady Johana Lenis Romero, Gina Liseth Muñoz Gómez y los hermanos Diego Armando y Wilmer Andrés Caipe Rodríguez”, explicaron los encargados de la investigación.

En audiencias preliminares, la Fiscalía imputó cargos a los detenidos por delitos como concierto para delinquir; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y secuestro extorsivo agravado, de acuerdo con su grado de responsabilidad. No aceptaron cargos y la investigación continúa.

La captura y judicialización de los responsables de convertir a narcos en víctimas es apenas un capítulo de esta historia. Fuentes de la Fiscalía advirtieron que trabajan en los hechos de corrupción que involucran a miembros de la inteligencia militar, su participación está probada y su captura, inminente.