Sergio Fajardo y su secretaria de Hacienda fueron absueltos por la Contraloría por un crédito de 77 millones de dólares. ¿Habrá preclusión en lo penal?

Vientos a favor están soplando para Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia, y María Eugenia Escobar, quien fuera su secretaria de Hacienda, pues resultaron metidos en líos judiciales, fiscales y disciplinarios por cuenta de un crédito de sustitución de deuda, por un monto de 77 millones de dólares, que incrementó su valor por una impredecible subida de la moneda extranjera. Uno a uno han caído los procesos. La Procuraduría lo archivó en mayo de este año, la Contraloría acaba de hacer lo mismo, y ahora Fajardo y Escobar esperan que en la Fiscalía también cierren la investigación en un caso en el que las pruebas los ponen como inocentes.

La última noticia fue, justamente, el archivo del proceso de responsabilidad fiscal en la Contraloría. El fallo es contundente: “Se puede concluir que por no haber adquirido cobertura para el crédito obtenido con Corpbanca no se incurrió en detrimento alguno para las arcas del Departamento de Antioquia. En consecuencia, partiendo de que el daño que es el elemento principal no se encuentra acreditado, no hay lugar a declarar la responsabilidad fiscal de los sujetos procesales, y sin este elemento, no es procedente analizar la posibilidad de vincular a otros presuntos responsables a este proceso”.

El asunto parece técnico, pero es más simple de lo que parece. En 2013, cuando Fajardo era gobernador y Escobar, su secretaria de Hacienda, decidieron firmar, con la asesoría de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), un contrato de sustitución de deuda, que en la práctica era englobar todo lo que debía la Gobernación y pagarlo en un solo crédito con intereses muy bajos, un negocio muy favorable para el momento.

El ofrecimiento lo hizo Findeter y el negocio pintaba bien. Los intereses eran bajos (10,5 por ciento anual) y el dólar por esos años se había mantenido estable, no superaba la barrera de los 2.000 pesos. Pese a esas condiciones favorables, era imposible prever la escalada del dólar, que sí afectó las finanzas del departamento, pues para 2016 se calculaba un sobrecosto en la deuda de 239.000 millones de pesos, por lo que Fajardo y Escobar fueron denunciados por Adolfo León Palacio, secretario de Hacienda del gobernador Luis Pérez.

La subida del dólar, según las decisiones de la Procuraduría y ahora de la Contraloría, no tiene nada que ver con irregularidades cometidas o falta de previsión de Fajardo o de su secretaria Escobar, y así lo dejan claro.

“Se realizaron los estudios pertinentes, no encontrando irregularidades; se contó con la asesoría del Comité Financiero, que después de analizar los pros y los contras de tomar un empréstito en dólares para la sustitución de la deuda pública del Departamento, recomendó tomarlo teniendo en cuenta que la tasa de menor volatilidad en su momento era la TRM, la cual durante el año 2013 no llegó a superar los dos mil pesos (2.000) (…) el Comité Financiero recomendó tomar el crédito en dólares sin tomar el instrumento financiero de coberturas”, se lee en la decisión de la Contraloría, que archivó la investigación.

Queda claro que el exgobernador Sergio Fajardo y su entonces secretaria de Hacienda, María Eugenia Escobar, no cometieron faltas ni al englobar la deuda en un crédito de 77 millones de dólares ni al tomar la decisión de no adquirir coberturas ante la volatilidad del dólar.

Pero hay otro factor en investigación, que también parece técnico y se mantiene en el proceso aún vigente en la Fiscalía: la duda sobre si esta operación financiera era un crédito interno en dólares o un crédito externo. La conclusión, a diferencia de la primera tesis de la Fiscalía, es que “se trató de un crédito interno en dólares y así lo certificó el Ministerio de Hacienda en un documento firmado por la coordinadora del grupo de asuntos legales, Claudia Marcela Gómez, y entregado el 12 de diciembre del año pasado”, afirma la decisión de la Procuraduría, que también cerró la investigación disciplinaria contra Fajardo y Escobar.

La estatal Findeter, entidad que en principio asesoró y aprobó el negocio a la secretaria de Hacienda, también aclaró que no se trató de un acto deliberado para afectar las finanzas de Antioquia. Por el contrario, fue una operación en la que se cumplieron los requisitos y se estudiaron los riesgos. En esta transacción el banco Corpbanca fue la entidad que realizó el crédito.

Precisamente, esa participación de Findeter y la realización del negocio con Corpbanca ratifican que el crédito fue interno y que el hecho de que el préstamo se haya realizado en dólares no significa que haya sido un crédito externo.

Sobre esta decisión, Mauricio Pava, abogado de Fajardo, señaló que “quedó demostrada la inocencia de Fajardo y su equipo financiero al concluir la Contraloría que el contrato de sustitución de deuda se hizo conforme a las normas legales y técnicas aplicables en materia de crédito público”.

Agregó que “el fallo de la Contraloría destaca que, según el estudio realizado, no era necesario contratar coberturas debido a la estabilidad de la tasa de cambio y que, además, no se podía prever la volatilidad del dólar. Concluye categóricamente que no hubo irregularidad ni daño a los recursos públicos”.

Pero hay un lío que les queda pendiente a Fajardo y a Escobar. Superados los procesos fiscales y disciplinarios, el problema penal se mantiene en la Fiscalía, con el proceso del exgobernador en la Corte Suprema de Justicia y para su exsecretaria en la justicia ordinaria.

Por eso, con base en las pruebas presentadas y las decisiones de la Procuraduría y la Contraloría, señala el abogado Pava: “Confiamos en el buen criterio de la Fiscalía para cerrar este caso sin necesidad de llegar a juicio. Ya los argumentos están sólidos y la verdad emergió con claridad: está demostrada la inocencia de Fajardo y de todo su equipo. En todo caso, es improbable que la Fiscalía acredite una responsabilidad penal y, como lo ha hecho en otros casos, tiene la facultad de pedir preclusión. Hacerlo también es hacer justicia”.

Más de dos años han pasado desde que la Fiscalía anunció la imputación de cargos contra Fajardo por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales por este préstamo, decisión que llegó justo cuando el exgobernador aspiraba a la presidencia de la república. La candidatura se vio golpeada, pero ahora espera que su caso, y el de otros funcionarios de la administración departamental, como su exsecretaria Escobar, sea cerrado.