Sobornos, obstrucción a la justicia y desviación de contratos: las fuertes acusaciones contra el senador Ciro Ramírez que lo tienen tras las rejas

Un soborno por 1.000 millones de pesos, interceptaciones telefónicas, la declaración de implicados en casos de corrupción que buscan una redención firmando acuerdos de colaboración con la Fiscalía, presión a testigos y cientos de documentos son las pruebas que llevaron a que la Corte Suprema ordenara la captura del senador del Centro Democrático Ciro Ramírez. SEMANA revela las acusaciones que lo tienen tras las rejas.

“Se puede colegir, sin duda, que la permanencia del senador Ramírez Cortés en libertad representa un riesgo tangible para el acopio suasorio, pues ya ha intentado, por lo menos en una oportunidad, entorpecer la práctica de las pruebas”, concluyó la Corte en el documento conocido en exclusiva por SEMANA.

El congresista, una de las caras más reconocidas del Centro Democrático, es investigado por presuntamente participar en el direccionamiento de al menos 15 contratos, entre noviembre de 2020 y diciembre de 2022, en entidades del Estado en los departamentos de Tolima, Quindío y Valle del Cauca, por un valor cercano a los 90.000 millones de pesos.

El meollo del asunto tiene que ver con la celebración de los contratos 501 y 670 de 2011, firmados entre el Departamento de Prosperidad Social y la empresa Proyecta para la ejecución de obras por un valor cercano a los 70.000 millones de pesos. El nombre del senador apareció varias veces durante la investigación que se adelantó contra Pablo César Herrera, gerente de Proyecta, Katherine Rivera, quien trabajó en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), y el contratista Ánderson González.

La situación jurídica de Ramírez se torna más complicada si se tiene en cuenta la visita que hizo en la cárcel en 2022 a Herrera, el exdirector de Proyecta. El senador, según los registros de La Picota, se presentó como abogado y no como un visitante ocasional.La Sala expresó que la visita, además de “inusual”, tenía un interés por parte del senador. “Como le era previsible, la importancia del testimonio del exgerente de Proyecta y, por ello, decidió visitarlo”.

Esto, teniendo en cuenta que Herrera buscaba colaborar con las autoridades. “Lo vi muy preocupado, muy consternado, preguntándome que qué había pasado, ofreciéndome su ayuda y su apoyo, insistentemente me preguntaba si necesitaba algo, yo sentí que me estaba ofreciendo dinero”, aclaró el exgerente de Proyecta en su declaración.

En septiembre de 2021 tuvo lugar una reunión en el piso 16 del edificio de la Gobernación del Quindío, en el centro de Armenia, en la que habrían participado Herrera y el senador Ramírez. El encuentro había sido organizado por Alejandro Noreña, asesor del gerente, cuyo nombre también fue mencionado en el escándalo de corrupción de ‘las Marionetas’, liderado por el fallecido y corrupto exsenador liberal Mario Castaño.

En la reunión, el gerente expuso los avances con la selección del contrato, por lo que manifestó la necesidad de buscar otro tipo de convenios. Un mes después se reunieron con Pierre Eugenio García Jacquier, exsubdirector del Departamento de Prosperidad Social, a fin de “discutir la posibilidad de suscribir otro contrato interadministrativo para favorecer los intereses electorales y económicos del procesado”.

Tan solo un mes después, y aprovechando la prescripción de la ley de garantías, se firmó el contrato interadministrativo 670 de 2021 entre el departamento y Proyecta, por un valor cercano a los 48.660 millones de pesos.

Pocas semanas después se registró otra reunión entre Ramírez y García Jacquier para direccionar “por medio de invitaciones privadas” cerca de 13 contratos que tenían un valor de 24.606 millones de pesos para la intervención y obras en los municipios de Mariquita, Purificación, Villarrica y Melgar.

La defensa del senador asegura que en medio de la investigación han desfilado por la Sala de Instrucción cerca de 20 testigos que han asegurado que Ramírez jamás influyó en la contratación. Sin embargo, otros testigos y pruebas documentales reseñan la forma como se habría ejecutado el direccionamiento de contratos para beneficiar a Ciro Ramírez.