¿Un falso positivo de la JEP? SEMANA revela audios de cómo comparecientes se pusieron de acuerdo en versiones para inculpar a un subteniente

En medio de los llamados que sigue haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a generales, coroneles y oficiales con el fin de que entreguen su versión sobre los casos de ejecuciones extrajudiciales, SEMANA conoció el presunto falso positivo judicial del que sería víctima un subteniente del Ejército que terminó acusado ante el tribunal transicional. La ironía es que esta acusación, aparentemente injusta, contaría con la venia de la JEP.

El caso arrancó el 26 de julio de 2006, cuando José Lizardo Vela, un jornalero de 34 años, murió en medio de una operación que adelantaba el Ejército en la vereda Bellavista, en Acevedo (Huila). Preliminarmente, se habló de que Vela murió en un cruce de disparos. Apenas llegó la tropa al lugar, tenía en su poder un arma de fuego, pero todo era un montaje.

Familiares y amigos de Vela denunciaron que nunca tuvo vínculos con grupos al margen de la ley, no utilizaba armas de fuego y se dedicaba a jornalear. El caso llamó la atención de las autoridades, que empezaron a buscar irregularidades en el operativo.

El primer informe de Policía Judicial no dejó vínculo alguno de Vela con estructuras criminales, tampoco tenía denuncias ni procesos disciplinarios y nunca hubo información de inteligencia sobre presencia de las Farc en esa época. Años más tarde, terminaron imputados un grupo de soldados por la muerte del joven jornalero. Entre ellos estaba el teniente Carlos Andrés Mahecha, quien para la época de la muerte de Vela era el comandante de la Compañía Berlín, del Batallón Magdalena. En la lista de involucrados también entraron los militares Vicente Osorio, Wilson Rodallega y Sandro Trujillo.

El nombre del subteniente Juan Carlos Araque apareció en un informe judicial como el responsable de firmar una consignación de 1.000.000 de pesos para el pago de la información que llegó sobre la víctima del falso positivo. Para esos momentos, Araque se desempeñaba como oficial de inteligencia del Batallón Magdalena.

La Fiscalía 116 de Derechos Humanos logró documentar que hacía parte de una sección de inteligencia, que no emitía órdenes de operación, y se encargaba de ser el puente entre la fuente y el analista que iba a recibir la información. El oficial negó el pago de la recompensa y señaló al sargento Alexander Carrillo, quien estaba a cargo del área administrativa.

En mayo de 2018, el ente investigador decidió precluir la investigación que se adelantaba contra el subteniente Araque, al considerar que no se pudo demostrar su participación en el operativo en el que murió Vela Salazar. La decisión de la justicia fue “no acusar y precluir” el proceso que se adelantaba contra el oficial por homicidio en persona protegida.

Tres años más tarde, el nombre del subteniente Juan Carlos Araque volvió a aparecer en un expediente, esta vez en la JEP, con el rango de “mayor” y mencionado por el teniente Mahecha, comandante de la compañía que estuvo involucrada en la muerte de Vela, y por el comandante del pelotón motorizado Berlín, Fernando Riveros.

En ese documento aseguraron que, por instrucción de Araque, el homicidio de Vela se dio en la vereda Bellavista, para darle apariencia de legalidad frente a los constantes robos que se estaban presentando. “Señalan que Araque Leal participó de la reunión previa, que tuvo lugar en las instalaciones del Batallón, en la que se planeó el asesinato de las víctimas”, dice el documento de la JEP.

Y es que con el subcaso Huila 081, la JEP ha intentado esclarecer los falsos positivos que se presentaron en ese departamento, por eso los señalamientos contra Araque terminaron en un llamado a comparecer ante la Sala de Reconocimiento para ser escuchado. En esa versión voluntaria, respondió sobre si llevó a Vela hasta el lugar del homicidio.

“Categóricamente, rechazo una afirmación como la que hace el señor Mahecha, de una situación muy grave (...) como he manifestado en repetidas ocasiones, resulta totalmente descabellada la afirmación que da el teniente Mahecha”, le dijo Araque al magistrado.

Pero la JEP terminó, de un plumazo, concluyendo que Araque reportó 19 asesinatos como bajas en combate, y convirtiéndolo, sin que se tuviera en cuenta la decisión judicial de no acusar y precluir la investigación, en una de las piezas fundamentales para planear, ejecutar y encubrir los asesinatos y las desapariciones de los que se reportaron como muertos en combate. La acusación resulta gravísima. Aunque dice que es inocente, sería, según el proceso en la JEP, responsable como coautor de desaparición forzada en crímenes de lesa humanidad.

En enero de 2024, el subteniente, tratando de defenderse, contrató por 70 millones de pesos al abogado Fenibal Ramírez, quien le recomendó firmar un documento de dos páginas en el que reconoció y aceptó su responsabilidad. El abogado Ramírez ahora tiene una queja en la Comisión de Disciplina Judicial por la insólita recomendación que convirtió a Araque en un criminal para salvarse de una condena, aun sabiendo que no era la verdad, irónicamente lo que se supone busca la JEP.

Un montaje

Lo más delicado es que durante las reuniones preparatorias para el encuentro con las víctimas, Juan Carlos Araque tuvo que escuchar a quienes fueron sus compañeros, asegurando que lo incriminaron por ser el jefe, cuando no lo era. Se trataba de una especie de acuerdo para acusarlo, que quedó demostrado con unos audios que el mismo Araque tuvo que conseguir.

SEMANA tuvo acceso a esas grabaciones que ya reposan en la Fiscalía, en las que se escucha a Riveros, el comandante del pelotón motorizado, diciendo que nombró a Araque en la JEP “por ser jefe, porque así firmábamos”, y el teniente Mahecha, encargado de la compañía involucrada en la muerte del jornalero, reconociendo que el subteniente “no fue el que llevó a la víctima hasta el lugar de los hechos”.

“En la noche no fue usted el que fue a llevar a la víctima. La víctima la llevó uno de los hermanos que eran guías de ese batallón, que eran dos hermanos”, confesó Mahecha, entonces comandante de la compañía que mató a Vela, en un audio que no ha sido tomado en cuenta.

Araque terminó denunciando a Mahecha ante la fiscal general, Luz Adriana Camargo, por supuestamente mencionarlo en la JEP para tratar de conseguir beneficios judiciales, y “sus versiones falsas tuvieron fortaleza suficiente para que al interior del tribunal transicional se emitieran decisiones judiciales en las cuales se me endilgó responsabilidad”, indicó el subteniente en la denuncia que reposa en la Fiscalía.

Hace pocos meses, el abogado Víctor Mosquera empezó a revisar el proceso y encontró tozudas inconsistencias como la asesoría del abogado Ramírez, cuando Araque atravesaba por una compleja situación mental por el fallecimiento de un familiar cercano, sobrecarga laboral y ausencia de tiempo para atender el proceso que se le estaba adelantando en la JEP. El caso, que el abogado Mosquera ha tratado de enderezar ante las mentiras, ya llegó al relator de Naciones Unidas para justicia transicional.

Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz le respondió a SEMANA: “El compareciente no había sido absuelto en la justicia ordinaria, fue investigado, y como buena parte de las investigaciones en justicia ordinaria, no avanzó más allá de los ejecutores materiales. El compareciente era jefe de la sección de inteligencia, y otros integrantes de esa sección y de la sección de operaciones reconocieron el rol que tenía en la planeación y encubrimiento de los hechos”.

La JEP también aseguró que Araque siembre tuvo abogado de confianza durante su aceptación de responsabilidad y los audios de los comparecientes que se retractaron de los señalamientos en su contra no fueron tenidos en cuenta porque se dieron “por fuera del registro oficial de la oficina de Comunicaciones de la JEP”. Es decir, los audios que son explosivos, claros y dicientes, no fueron tenidos en cuenta por un asunto de mero trámite.

En medio de la denuncia de Juan Carlos Araque, la JEP ahora estudia si cambia su situación para que se adelante un proceso de juicio adversarial para determinar su responsabilidad. Desde la JEP explicaron que esa situación podría terminar en una condena de hasta 20 años de cárcel. Al parecer un falso positivo montado en las entrañas de la misma JEP, por comparecientes que se pusieron de acuerdo y amañaron sus versiones.