Vienen nuevas imputaciones en el escándalo de la UNGRD. SEMANA revela demoledores informes contra ministros, altos funcionarios y congresistas

Mientras el país está a la expectativa por la ya anunciada decisión de mandar a la cárcel a los principales protagonistas del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el exdirector Olmedo López y su exsubdirector Sneyder Pinilla, que se realizará el miércoles, desde la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía avanzan en las investigaciones de lo que califican como la segunda fase de este proceso.

Se trata de llevar a los estrados judiciales y que el país conozca la responsabilidad de los altos funcionarios del Gobierno, congresistas, asesores y contratistas que, por la colaboración de López y Pinilla, ya tienen los reflectores puestos. Lo más delicado, los investigadores están haciendo el rastreo de miles de millones de pesos que se movieron y que los protagonistas están presuntamente intentando esconder. Las autoridades cuentan con información de un nuevo testigo que aún se mantiene bajo reserva, pero que habría estado involucrado en todo el saqueo.

SEMANA conoció dos duros documentos en los que la Fiscalía consigna las conclusiones de la investigación, las pruebas aportadas por los testigos y el resultado es demoledor, tal como fue la imputación en la que, sin titubeos, fueron señalados el exministro Luis Fernando Velasco y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el entonces director del Dapre, Carlos Ramón González; la exconsejera Sandra Ortiz y los nueve congresistas que habrían participado de esta trama corrupta.

Un capítulo aparte tiene que ver justamente con dos de estos congresistas, los expresidentes de Senado, Iván Name, y de Cámara, Andrés Calle. Según pudo confirmar este medio, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ya tiene armado el rompecabezas y ha recaudado pruebas que los pondrían jurídicamente contra la pared.

El primer documento en poder de SEMANA no es de poca monta y ya está en poder de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, entregado directamente a la fiscal María Cristina Patiño, para los procesos de los ministros y congresistas. En él se da un informe detallado de las verificaciones que se hicieron a las pruebas y declaraciones que entregó Pinilla, y la trazabilidad de los celulares de los protagonistas de este escándalo.

“Concerniente a los hechos de orden de proveeduría #SMD-GS-CTQ-192-2023 (…) aportó en su relato y documentación allegada a la diligencia de las personas que intervinieron en los hechos investigados”, señala el documento sobre las pruebas que aportó Pinilla.

Este informe señala directamente al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien justamente acaba de ser citado a debate de control político, y da crédito a lo dicho por el testigo. “Se comunicó con él y este (Bonilla) le manifestó que estaba llamando al doctor Olmedo y no contestaba; le indica que entendiera que se iban a caer los créditos de la nación si no salían los contratos. Le pide que le diga al doctor Olmedo que lo espera al otro día a las ocho de la mañana o que le contestara el celular, indicando, además, que se encontraba bravo, y que, al parecer, se refería a los contratos que le había enviado el señor Jaime Ramírez Cobo (enlace entre Presidencia y Congreso). Además de ello, el ministro Bonilla expidió la resolución #3202, del 11 de diciembre, la cual permitía que los recursos de la UNGRD solo podían ser utilizados con la aprobación de acta por el director del Dapre y el ministro de Hacienda (sic)”.

En el documento aparece un nombre que será protagonista en esta segunda etapa de decisiones judiciales en el escándalo. Se trata de Luis Carlos Barreto, exsubdirector de conocimiento de la UNGRD, de quien dice la Fiscalía: “Fue designado por el señor Olmedo López como encargado de todos los temas de La Guajira, y cuota de César Augusto Manrique, jefe del Departamento de la Función Pública, acorde a lo referenciado por Olmedo López. Inicialmente, buscó a Sneyder Pinilla para preguntarle por los procesos de la Agencia Nacional de Tierras, cosa que no es normal dentro de la UNGRD. Posteriormente, Olmedo le comenta a Sneyder que el contrato de los 40 carrotanques sencillos es para Luis Carlos Barreto”.

El informe también hace referencia a otros implicados, sus abonados telefónicos, y el análisis de sus comunicaciones: se trata de Jaime Ramírez Cobo, enlace de la presidencia y el Congreso; María Alejandra Benavides, asistente del ministro Bonilla; alcaldes y contratistas beneficiados con el presupuesto de la UNGRD.

Un segundo documento, este con la confesión del exdirector Olmedo López, entregado a la misma fiscal Patiño, delegada ante la Corte Suprema, termina de armar el rompecabezas corrupto de la UNGRD, con los demás protagonistas que serán llamados en próximos días a responder.

El grupo de investigadores rotula su informe de la siguiente manera: “Resultados de la actividad investigativa (descripción clara y precisa de los resultados)”. Deja claro que se realiza por el principio de oportunidad solicitado y “se centra en el aporte de elementos materiales de prueba e información relevante que permita judicializar a las siguientes personas: Iván Leónidas Name, Andrés David Calle, Carlos Ramón González, Sandra Ortiz, Sneyder Augusto Pinilla, Luis Eduardo López (contratista pastuso) y Pedro Andrés Rodríguez (asesor de la UNGRD)”.

El documento reconstruye justamente el rol de cada uno de los protagonistas, por ejemplo, sobre Carlos Ramón González advierte que “fue la persona que lo invitó a la reunión de ministros que denomina como ‘cónclave’, de donde nació la orden de entregar contratos a congresistas, y que le había indicado que debía cumplirles al presidente del Senado y Cámara (sic)”.

Según el informe, los señalamientos de Olmedo contra Bonilla son claros y directos. Ahí se refiere de nuevo al ‘cónclave’, dado a conocer en entrevista con SEMANA, y advierte que “se encargó de aprobar mediante resolución 700.000.000.000 de pesos para los recursos de la UNGRD, los cuales, al parecer, tenían una destinación específica (...) indicó que se había comprado a seis congresistas de la república, para la Comisión de Crédito Público, y así lograr mantener y sacar provecho de los empréstitos y proyectos que tuvieran que ver con el ministerio”.

El exministro Luis Fernando Velasco salta en el informe y es sobre quien refiere que “formó parte de la reunión de ministros que denomina como ‘cónclave’. Indicó que había que cumplirles a los congresistas, porque había que comprar congresistas a cambio de que votaran leyes”.

Sobre la exconsejera Sandra Ortiz, una de las primeras salpicadas en este escándalo, se lee que “fue la mensajera del senador Iván Leónidas Name para recibir la coima de 3.000.000.000 de pesos, entregada por el señor Sneyder Pinilla”. Lo que se ha conocido es que, desde el 27 de mayo, la exconsejera envió una carta a la Fiscalía poniéndose a disposición de las autoridades y muy pronto sería imputada.

El capítulo Iván Name y Andrés Calle está muy adelantado en la Corte Suprema, donde la Sala de Instrucción ha ordenado nuevas pruebas y escuchará de nuevo los testimonios de Sneyder y Olmedo para tomar una decisión de fondo sobre estos dos congresistas. Ellos fueron los primeros salpicados en este multimillonario escándalo en el que tomaron el dinero para atender las emergencias por invierno, y lo convirtieron en cheques en blanco para comprar apoyos en el Congreso.

Sobre Pedro Andrés Rodríguez Melo, asesor de la unidad y uno de los nombres que han venido apareciendo en las confesiones, se sabe que fue el encargado de conseguir a Luis Eduardo López, el contratista pastuso que se quedó con el negocio, por más de 46.000 millones de pesos, para los carrotanques de La Guajira, torciendo las normas. Por esta “vuelta”, Rodríguez Melo habría recibido una coima de 700 millones de pesos.