Caldas
Cambios en el ICBF de Caldas, director es declarado insubsistente
Se desconocen las razones que llevaron a tomar este decisión desde la dirección nacional.
Luis Eduardo Céspedes de los Ríos no es más el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el departamento de Caldas. Así le fue notificado al funcionario que fue declarado insubsistente.
La decisión quedó plasmada en un Resolución que fue emitida y firmada desde la oficina de Gestión Humana de la entidad, puntualmente por Daniel Antonio Estrada Montes para la que Céspedes de los Ríos prestó sus servicios por espacio de tres periodos.
El cargo de director del ICBF seccional, Caldas es de libre nombramiento y remoción y en su última etapa venía siendo ocupado por el abogado al ganar el concurso de méritos en el año 2022 que se entendió por más de 12 meses y participaron otras 50 personas.
Los tres periodos en los cuales ha ocupado el cargo son:
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- Entre el 5 de agosto de 2011 al 23 de mayo de 2016.
- Entre el 5 de noviembre de 2019 hasta el 10 de agosto de 2022.
- Del 10 de agosto de 2022 hasta la fecha.
Llama la atención la declaratoria de insubsistencia de Luis Eduardo Céspedes por su cercanía con el actual ministro de las TIC, Mauricio Lizcano Arango y por la experiencia que llega a 30 años ocupando cargos como el de gerente del Hospital San Félix de La Dorada y rector de la Institución Educativa Santágueda, entre otros.
Por el momento no se conoce el nombre de la persona que estará al frente del ICBF en Caldas para adelantar el proceso de empalme.
ICBF reveló a SEMANA más detalles cruciales en la investigación de fuga de 4 jóvenes de la correccional de Piedecuesta, Santander
La conmoción en Piedecuesta sigue presente por causa de la fuga de cuatro jóvenes de la Fundación FEI, centro de rehabilitación social que sirve como correccional en tal municipio. Si bien las autoridades se han dado a la búsqueda, todavía no se conoce su paradero o detalles relevantes que colaboren en la investigación.
El escape de los aprehendidos se dio un mes después de un motín organizado, el cual tenía como fin denunciar los presuntos maltratos que sufrían los reclusos. En esa oportunidad, las madres de familia hicieron presencia a las afueras del recinto para invitar a sus hijos al diálogo y evitar que la situación pasara a mayores.
Ante el panorama como está, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad administradora del centro reclusorio, entregó a SEMANA los primeros detalles sobre el procedimiento que se adelanta en coordinación con la Fuerza Pública. Para explicar las acciones a seguir, el ICBF describió inicialmente la estructura del sistema penitenciario al que se acogen los adolescentes en Colombia.
“En primera instancia, es importante aclarar que el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) es un sistema diferencial de justicia restaurativa con un abordaje integral a los adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA. Segundo, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes está integrado por el Comité del SRPA, instituciones de carácter municipal y regional como Gobernación de Santander, Alcaldías, Defensoría del Pueblo, Personerías, Policía de Infancia y Adolescencia, Procuraduría, Juzgados e ICBF”, comentó la dirección departamental del organismo.
De esta manera, con el Comité del SRPA establecido, lo primero que se adelantó en el territorio santandereano para revisar el caso fue un consejo de seguridad desde un Puesto de Mando Unificado.
“El ICBF, así como las demás entidades mencionadas anteriormente, en Puesto de Mando Unificado instalado desde el 20 de abril de 2023, ante la alteración del normal funcionamiento de la Unidad, definió acciones como el acompañamiento por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia ante situaciones que afecten la convivencia dentro de las instalaciones”, siguió indicando el Instituto.
Asimismo, el ICBF aseguró que ya las autoridades competentes han establecido un sistema de búsqueda articulado.
“Desde la notificación de la evasión, hecha por parte del operador del Centro de Atención Especializada CAE Los Robles, los Defensores de Familia elevan orden de búsqueda a los jóvenes, y se informa a la Policía de Infancia y Adolescencia para el proceso de aprehensión de los jóvenes, que se siguen rigiendo por el Sistema Penal Adolescente”, cuenta el ente.
