Nación
Lucha contra el chance ilegal y las rifas clandestinas deja 23 personas capturadas en Caldas
El detrimento patrimonial por derechos de explotación hasta la fecha es enorme, llegando a los 42.486 millones de pesos.
Sanciones económicas entre 500 y 1.000 salarios mínimos, así como penas de cárcel que podrían rondar los 6 u 8 años, es a lo que se exponen las personas que comercializan rifas y juegos ilegales en Colombia por incurrir en la violación al Artículo 312 del Código Penal.
En Caldas, autoridades adelantan varios operativos de control en contra de estas prácticas en los diferentes municipios, donde se ha producido la captura de 23 ciudadanos en las poblaciones de Anserma, Chinchiná, Filadelfia, Manzanares, Manizales, Neira, Palestina y Viterbo; quienes deberán responder por el presunto delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.
El trabajo realizado durante estos meses de 2022 por la Empresa Departamental para la Salud, (EDSA), junto a la Seccional de Investigación Criminal, (SIJIN), ha permitido determinar si estos juegos de azar, rifas o sorteos cuentan con los permisos requeridos durante las labores de fiscalización y auditoría.
La Policía hace un llamado a la comunidad para que entienda el perjuicio que se les causa a la salud y a la educación del departamento al comprar chance clandestino o rifas ilegales; ya que precisamente el detrimento patrimonial por derechos de explotación hasta la fecha es enorme, llegando a los 42.486 millones de pesos, que además representan falta de oportunidades para el desarrollo de las actividades deportivas.
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Acerca de este tema, el comandante de la Policía en Caldas, coronel José Arturo Sánchez Valderrama, precisó que hasta ahora han sido visitados cerca de 80 establecimientos comerciales en 25 localidades, con el propósito de verificar el cumplimiento de las normas en las ruletas, juegos y apuestas deportivas según lo establecido en la ley 643 del año 2001; la cual regula las condiciones en las que una persona particular puede realizar estas actividades, siempre y cuando se respete el interés público y social.
Explicó que también se les hace a los dueños de los locales un plan de sensibilización para que tengan claros los riesgos que implica el hecho de permitir el ingreso de menores de edad; así como la instalación de máquinas electrónicas tragamonedas o cualquier clase de juegos de azar, porque esto implicaría el cierre temporal de su establecimiento y el cese de la actividad comercial.
Entre los sitios visitados se encuentran además 722 puntos de venta de la empresa Susuerte, que es la única autorizada para adelantar esta clase de acciones según el contrato de concesión 001-2021. También en Manizales y el municipio de Villamaría la Policía Fiscal y Aduanera lleva a cabo controles en casinos y demás lugares relacionados con la organización o venta de juegos de azar. Se le pide a la comunidad que informe cualquier irregularidad en el correo electrónico fuenteshmemaz@gmail.com donde se garantiza absoluta reserva de su identidad.
En este segundo semestre de 2022 ya se dio un golpe contundente a los grupos delincuenciales que se dedican a estas actividades ilícitas, cuando la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre seis bienes que habrían sido adquiridos con los beneficios de esta clase de negocios.
De acuerdo con el reporte que entregaron las autoridades los cuatro establecimientos comerciales, un inmueble urbano y un automotor que fueron incautados en la capital caldense están avaluados en 3.500 millones de pesos aproximadamente; y pertenecerían a una organización denominada Regalías, la cual también al parecer operaba en varios municipios del departamento de Bolívar.
En ese sentido, fueron ocupados 4 establecimientos de comercio, 1 inmueble urbano y 1 automotor, en diligencias realizadas por la Fiscalía y la SIJIN de la Policía Nacional en Manizales (Caldas). Estos activos pertenecerían a una red delictiva conocida como ‘Regalías’ y, al parecer, fueron usados para promover su actividad ilegal. Varias de la propiedades estarían a nombre de Pedro Antonio Tabares Loaiza y su excompañera sentimental, Tatiana Franco Díaz, quienes serían los encargados de coordinar todo lo relacionado con la comercialización ilícita de chance en Caldas y Bolívar.
Las investigaciones indican que la organización delincuencial defraudó al Estado, y afectó la seguridad pública y la Empresa Departamental para la Salud de Caldas (EDSA) en más de 3.500 millones de pesos. Por estos hechos, Tabares Loaiza y Franco Díaz fueron condenados a más de 42 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir y ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico. Además, les fue impuesta una multa de 275 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Los bienes recibieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión. Todos quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
