Nevado del Ruiz: Procuraduría pide suscribir convenios para fortalecer cuerpos de bomberos en zona de influencia del volcán

Varios son los llamados que hace la Procuraduría General de la Nación a los alcaldes y gobernadores de los municipios y departamentos que se encuentran en la zona de influencia del volcán Nevado del Ruiz debido al nivel de actividad naranja en el que se encuentra.

De acuerdo con el ente de control es necesario que los mandatarios tengan preparados los planes de contingencia y todo lo relacionado con los instrumentos de Gestión del Riesgo, ante una eventual erupción, teniendo en cuenta la inestabilidad que registra.

El llamado incluye el fortalecimiento de los cuerpos de bomberos y organismos de socorro como la Defensa Civil, en los departamentos de Tolima, Risaralda, Caldas y Cundinamarca, que se encuentran ubicados en la zona de influencia del edificio volcánico que recibe monitoreo permanente desde el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales.

Tatiana Ocaña, Delgada para la Gestión y Gobernanza Territorial, recalcó que el llamado de la entidad “es a preparar la capacidad de respuesta frente a la situación de inestabilidad que está presentando el volcán. Esa capacidad de respuesta involucra a los cuerpos de bomberos y a la Defensa Civil”.

La Procuraduría asegura que las acciones en este sentido deben ser inmediatas por la contingencia que se tiene en la zona desde la declaratoria de nivel de actividad Naranja para el volcán Nevado del Ruiz, la cual se dio el día 30 de marzo por el Servicio Geológico Colombiano.

Pidió socializar y fortalecer los Planes Municipales y Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD), las Estrategias Municipales y Departamentales de Respuesta a las emergencias (EMRE), así como otros protocolos para la preparación y respuesta frente a una posible erupción volcánica.

“Es necesario que los organismos de socorro tengan los mejores recursos tanto logísticos como humanos para cumplir con las funciones de evacuación y protección de la población. Para esto es necesario que los alcaldes y gobernadores suscriban los convenios con el dinero que necesitan para poder adquirir los equipos”, explicó la delegada.

Desde la Procuraduría invitan a las autoridades municipales a involucrar a las comunidades en dichos planes con el fin de garantizar una debida comunicación y el éxito de las acciones implementadas.

El llamado incluye al gobierno Nacional a quien le solicita “que haga un llamado a las aseguradoras para que cumplan con su contribución del 2% al Fondo Nacional de Bomberos”, dijo Tatiana Ocaña.

Frente a este aspecto destacan que es necesario garantizar la disponibilidad de recursos del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) y del Fondo Nacional de Bomberos, ya que los bomberos voluntarios dependen de estos recursos para poder acceder a los equipos y herramientas para atender las emergencias y en este aspecto se deben tener en cuenta a los municipios que podrían ser receptores de la población evacuada.

Insisten desde la Procuraduría que los alcaldes y gobernadores en las zonas de afectación formulen e implementen medidas coordinadas para la mitigación del riesgo de desastres, como la evacuación preventiva de las familias que se encuentran en la zona de amenaza alta y que se adecuen las rutas de evacuación, así como la instalación y el mantenimiento de los Sistemas de Alerta Temprana (SAT).

Otras solicitudes de la Procuraduría

• Al Ministerio de Defensa fortalecer mediante dotación y logística a las juntas y organizaciones de Defensa Civil en los municipios con mayor exposición a la amenaza volcánica y en aquellos que podrían ser receptores de población evacuada.
• Al Ministerio TIC garantizar junto con los medios de comunicación comunitarios y operadores de telefonía móvil, comunicaciones en tiempo real y de calidad para que sean un instrumento para la respuesta a la materialización del riesgo.
• A la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) efectuar la coordinación oportuna de la ayuda técnica, logística y económica que pueda venir de la Cooperación Internacional, con el objeto de garantizar que sea empleada de manera clara, eficiente y transparente.