Ocho personas resultaron heridas, tras riña interna en la cárcel La Blanca de Manizales

Durante el hecho, tres internos fueron trasladados hasta el Hospital Santa Sofía y cinco más fueron atendidos en las instalaciones del centro penitenciario. Además, una conflagración se originó por la quema de colchones y otros elementos en uno de los patios.

Tres internos fueron trasladados hasta el Hospital Santa Sofía y cinco en las instalaciones del centro penitenciario. Las primeras hipótesis de las autoridades indican que el caso se habría presentado por una riña. El Cuerpo Oficial de Bomberos de esta capital llegó hasta el lugar de la emergencia, pero la situación ya había sido controlada por los funcionarios del Inpec.

La transformación que necesita el Inpec

Se habla mucho de condiciones de reclusión dignas, derechos humanos, pero no se debaten los temas que reducirían, en gran medida, lo inhumano de las cárceles en Colombia, las cuales son una bomba de tiempo para que ocurran hechos tan desafortunados como los de Tuluá.

Los internos en Colombia son un tema incómodo de tratar, impopular, pero bastante necesario.

No se puede negar que se debe lograr una reestructuración profunda del sistema carcelario, en aras, siempre, de la resocialización. Para lograr esto se deben tratar cinco temas fundamentales, que no quiere decir que sea lo único, pero sí una buena base para su transformación:

1. Liquidar el Inpec, entidad que fue creada por el Decreto 407 de 1994.

Por muchas razones, el sistema se agotó. La corrupción dentro de las cárceles es incuantificable y esto, sin duda, tiene complicidad de la guardia carcelaria, que, afiliada a uno de los tantos sindicatos que tiene, jura tener un fuero especial y una protección legal ante su inminente actuación en la ilegalidad.

Más de 50 sindicatos con posibilidad del porte de armas en Colombia tiene el Inpec, los cuales están lejos de cumplir a cabalidad las funciones que detentan como guardianes, lo que facilita que la delincuencia siga actuando dentro de las cárceles.

La propuesta es reemplazar la actual guardia penitenciaria para darles esas funciones a una institución, una nueva policía penitenciaria, dependiente de la Policía Nacional en la parte administrativa y se le aplique el régimen disciplinario impartido en la Ley 2196 de 2022.

Los funcionarios actuales que cumplan los requisitos de pertenecer a la nueva rama de la Policía Nacional, con sus respectivos ajustes, podrían ser trasladados. Los que no cumplan los requisitos, pueden ser trasladados, según la función pública, a cualquiera de los entes del Estado como Migración Colombia o la UNP, por ejemplo.

2. Entregar en concesión la construcción, reforma y manejo de las cárceles del país en un trabajo liderado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPC).

Esta figura ocurre en muchos países, donde las cárceles son administradas por particulares que se encargan de alimentación, salud, mantenimiento de las instalaciones físicas, procesos de resocialización, etc.

Con una calificación permanente del servicio, el Estado les pagaría a los concesionarios por los servicios que presta, teniendo en cuenta que estos últimos también deberían proveer un sistema de educación y buscar la manera de que existan factorías internas para los reclusos.

3. Entregarle al Cisa la gestión inmobiliaria de las actuales cárceles en Colombia que están ubicadas en los mejores sitios y de altos avalúos catastrales y comerciales, como la cárcel de El Buen Pastor y La Modelo en Bogotá, la cárcel de Bucaramanga, la de Barranquilla y muchas más, para que se inicie un proceso de venta y esos dineros sean utilizados para la construcción, en condiciones dignas, de mejores centros carcelarios en las afueras de las ciudades, donde hoy ya existen algunos y hay lotes adecuados para construir unos nuevos.

Los dineros recaudados de las ventas permitirían ejecutar, desde cero, una política de mejoramiento de la vida carcelaria y ayudarían en el proceso de readaptación de los internos de una manera sin precedentes, ya que se podría evitar el hacinamiento, se promovería el estudio y el trabajo, y se aseguraría que, cuando los estos queden en libertad, tengan las opciones y la capacidad para actuar como ciudadanos del común.

Los dineros para la construcción y mejora de los centros carcelarios saldrían de los ingresos de la gestión inmobiliaria, de la venta de las actuales cárceles y de los ingresos de la Ley 66, que son parte de los ingresos de la Superintendencia de Notariado y Registro, que permitirían hacer un préstamo puente para tener los dineros suficientes para realizarlos y con esto asegurar el pago de los créditos a corto y mediano plazo que se requieran.