Procuraduría investiga a altos funcionarios de Aerocafé por presuntas irregularidades en contrato de mantenimiento

La Procuraduría General de la Nación emprendió una investigación de alto perfil que involucra a funcionarios clave de la Asociación Aeropuerto del Café (Aerocafé), entidad encargada del proyecto de aeropuerto en Palestina, Caldas.

La gerente de Aerocafé, Amparo Sánchez Tamayo; el director jurídico, Juan Sebastián Ocampo; y el ingeniero supervisor, Juan Camilo Uribe, están siendo investigados por presuntas irregularidades en un contrato de mantenimiento rutinario.

La investigación se centra en la posible omisión de los funcionarios en la implementación del documento tipo establecido por la ley para un contrato de menor cuantía. Este contrato tenía como objetivo llevar a cabo labores esenciales de rocería y limpieza para el mantenimiento sostenible del proyecto del aeropuerto y sus áreas de influencia. Según las regulaciones de la Agencia Nacional de Contratación Pública, el uso de documentos tipo es obligatorio en las actividades contractuales del país, incluidas acciones específicas como estas.

La Procuraduría Regional de Caldas está supervisando el caso para determinar si los funcionarios de Aerocafé incumplieron deliberadamente la implementación del documento tipo, lo que podría considerarse como una falta disciplinaria. La investigación se está llevando a cabo con el objetivo de esclarecer si las acciones de los investigados han violado las normativas establecidas para los procedimientos de contratación pública y si han perjudicado de alguna manera la transparencia y legalidad del proceso.

El Ministerio Público ha emitido órdenes para realizar las pruebas necesarias y llevar a cabo una exhaustiva investigación que permita identificar las posibles conductas de los investigados. Una vez que se hayan recopilado y evaluado todas las pruebas pertinentes, se determinará si las acciones de los funcionarios de Aerocafé constituyen una falta disciplinaria y, de ser así, se tomarán las medidas adecuadas en consecuencia.

Procuraduría imputa cargos a rector de Universidad Francisco de Paula Santander

Por otro lado, un nuevo escándalo se libró entre las directivas de la Universidad Francisco de Paula Santander, la cual se ubica en el municipio de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander. Ante lo sucedido, las autoridades ya comienzan a tomar cartas en el asunto y se empiezan a comunicar las decisiones del caso.

Lo que se sabe por el momento es que la Procuraduría General de la Nación ya profirió un pliego de cargos en contra del rector de la institución educativa, Edgar Antonio Sánchez Ortiz, y al subdirector administrativo, José Gabriel Arrieta Bayona.

De acuerdo a lo que han arrojado las primeras investigaciones, hay presuntas irregularidades en por lo menos cuatro contratos durante la vigencia 2020.

En este momento, “el Ministerio Público confirma si los funcionarios participaron en la etapa contractual de los negocios jurídicos, en los que, al parecer, omitieron ejercer el control y la vigilancia debida para que cada uno de estos contara con los estudios previos y soportes de ejecución, entre los que se incluye: supervisiones, actas de inicio y liquidaciones”, de acuerdo afirma el mismo organismo de control en sus comunicaciones oficiales.

Por otro lado, el ente de control público se encuentra verificando si los señalados fueron en contra de los principios de la transparencia y la publicidad que deben regir la función administrativa. Esta situación ha colocado la lupa sobre los procedimientos del claustro académico.

Finalmente, la Procuraduría dictaminó provisionalmente las faltas de los investigados como gravísimas, a título de culpa grave. Mientras tanto, se espera que las pesquisas avancen para poder tomar una decisión definitiva e imponer las consecuencias disciplinarias a las que se tendrán que acoger por ello.

Y es que este no ha sido el único caso reciente de corrupción en la educación superior del país, debido a que sucedió lo mismo hace poco más de un mes con la Universidad Militar.