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Volcán Nevado del Ruiz: la sismicidad al interior del cráter se está acumulando y sigue en aumento
Desde el Servicio Geológico Colombiano verifican actividad del Nevado del Ruiz las 24 horas del día.
La incertidumbre continúa con respecto al estado del volcán Nevado del Ruiz, ubicado entre los departamentos de Tolima y Caldas. Desde que fue decretada la alerta naranja, todo el país se ha mantenido en vilo por la situación.
Asimismo, las autoridades nacionales, municipales y gubernamentales han puesto en marcha planes y protocolos para prevenir cualquier consecuencia grave que acontezca la situación.
En ese sentido, este jueves 13 de abril, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) dio a conocer que la actividad sísmica en el volcán volvió a aumentar.
Por un lado, señaló que la actividad sísmica asociada a la fragmentación de roca al interior del edificio volcánico continúa localizada en el sector suroccidental. Sin embargo, desde la mañana la sismicidad aumentó y está asociada por la emisión de la ceniza.
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El origen del estado sísmico se ubica a profundidades entre dos a cuatro kilómetros y a una distancia del cráter entre 1,7 y seis kilómetros. A partir del boletín del 9 de abril, la magnitud máxima presentada fue de 1,8 ML, correspondiente al sismo de las 4:48 a. m. Como tal, la sismicidad está relacionada con el movimiento de fluidos al interior de los conductos volcánicos.
Con respecto a la altura de la columna de gases y/o ceniza, observado desde el 10 de abril, ha alcanzado los 1.800 metros y se ha disipado hacia el oriente y nororiente. Además, la salida de dióxido de azufre a la atmósfera se mantiene en los mismos niveles a los observados en los días anteriores.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación solicitó a las autoridades departamentales y municipales, especialmente en Caldas, Tolima, Cundinamarca y Risaralda, que tomen acciones inmediatas para prepararse ante la contingencia causada por la actividad del volcán.
El Ministerio Público enfatizó en la necesidad de fortalecer los cuerpos de bomberos y organismos de socorro en estas zonas de alto riesgo, con capacidades operativas y personal capacitado para manejar emergencias especializadas.
La Procuraduría General también pidió socializar y fortalecer los Planes Municipales y Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD), las Estrategias Municipales y Departamentales de Respuesta a Emergencias (EMRE) y otros protocolos para la preparación y respuesta frente a una posible erupción volcánica. Además, el organismo de control instó a las autoridades municipales a involucrar a las comunidades en estos planes para garantizar una adecuada comunicación y éxito en las acciones implementadas.
En la circular que emitió, la Procuraduría General insistió a los mandatarios en las zonas de afectación sobre la necesidad de formular e implementar medidas coordinadas para mitigar el riesgo de desastres, como la evacuación preventiva de las familias en zonas de amenaza alta, adecuar rutas de evacuación y mantener sistemas de alerta temprana.
También hizo un llamado al Gobierno nacional para garantizar la disponibilidad de recursos del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) y del Fondo Nacional de Bomberos, ya que los bomberos voluntarios dependen de estos recursos para acceder a equipos y herramientas necesarios para atender emergencias.
La Procuraduría requirió al Ministerio de Defensa fortalecer a las juntas y organizaciones de Defensa Civil en los municipios con mayor exposición a la amenaza volcánica y en aquellos que podrían recibir población evacuada, mediante dotación y logística. Además, instó al Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mintic) a garantizar comunicaciones en tiempo real y de calidad a través de medios de comunicación comunitarios y operadores de telefonía móvil, como herramienta para la respuesta a la materialización del riesgo.
Por último, la Procuraduría solicitó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) coordinar de manera oportuna la ayuda técnica, logística y económica que pueda provenir de la Cooperación Internacional, asegurando que sea utilizada de manera clara, eficiente y transparente.