300 personas invadieron reserva forestal en Antioquia, autoridades lanzan ultimátum

Una vez Gustavo Petro tomó posesión como presidente el 7 de agosto, 300 personas se abalanzaron sobre un terreno fiscal del municipio de Remedios, Antioquia. Aunque las hectáreas están protegidas por ser una zona forestal, las familias se plantaron en la tierra justificando una propuesta que le escucharon al mandatario en medio de la campaña.

“Los predios fiscales son de todos y que podían acceder a ellos”, ese fue el argumento que le entregaron los ocupantes irregulares a las unidades de la Policía Nacional que trataron de cerrarles el paso. Incluso, a los uniformados les advirtieron que no podían sacarlos del sitio por la fuerza, a razón de que Petro estaba en contra de eso.

Según la administración municipal, las personas que llegaron al terreno son oriundas de varias subregiones del departamento donde hay altos índices de violencia y venezolanos que han adecuado sus hogares con plásticos. Sin embargo, las condiciones en las que habitan no han sido esclarecidas porque se niegan a una caracterización.

En Remedios se presume que alguien está controlando la invasión, aunque nadie se atreve a dar nombres propios. Ese “alguien” estaría comercializando una parte de las hectáreas invadidas sin documentos que certifiquen la adquisición. Las autoridades tienen conocimiento de que el precio impuesto oscila entre los cuatro y diez millones de pesos.

Lo cierto es que en este municipio no se mueve un dedo sin el visto bueno de los cuatro grupos ilegales que delinquen en las calles y montañas. Entre los más temerarios aparece el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes se disputan las rentas criminales de los estupefacientes y la minería de la subregión.

Aunque la Defensoría del Pueblo medió entre los invasores y la Alcaldía para encontrar soluciones a la crisis, no hubo disposición por parte de las familias porque se sostienen en la misma palabra: “Los predios fiscales son de todos”. Esta situación se replica en otras tres zonas de Remedios, invadidas desde hace varios años atrás.

Frente a esta crisis, en las últimas horas la Gobernación de Antioquia les envió un ultimátum a las personas que están sobre los terrenos, con miras a recuperar los metros cuadrados de la administración municipal: habrá circunstancias penales y administrativas contra las familias que armaron sus casas sin la debida autorización.

“En un tema que reviste especial importancia para el municipio de Remedios, se acordó un trabajo articulado para la recuperación y restitución de predios destinados para obras oficiales que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad, que actualmente se encuentran invadidos”, afirmó el secretario de Seguridad Humana del departamento, Luis Fernando Suárez.

La Alcaldía de esta población del nordeste antioqueño dio cuenta de que el suministro de agua potable de una parte de la zona urbana podría verse comprometido en las próximas semanas ante la invasión de las comunidades, cuyos rostros no resultan familiares para los habitantes del pueblo, “muchos no son de Remedios, vienen de Segovia”, dijo la administración.

Ahora bien, hace varios años se tuvo que suspender la ejecución de un proyecto de viviendas sociales porque el sector donde se pretendían construir fue invadido por más de 100 familias. Al igual que el espacio donde nace el agua, acá repartieron los terrenos sin tener documentos que validaran la adquisición.

Este escenario se repite en los municipios del Bajo Cauca y Urabá, donde las personas han adecuado refugios en terrenos privados y públicos debido a que no tienen dónde vivir, aunque en estos sectores el problema es de vieja data, hoy argumentan su estadía con la política de tierras que el presidente Gustavo Petro socializó en la campaña para llegar a la Casa de Nariño.