Antioquia

500 personas confinadas por combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en Urrao, Antioquia

Los defensores de derechos humanos pidieron respeto por los derechos de la población civil.

6 de junio de 2022
Comunidad de la vereda Puntas de Ocaidó de Urrao, Antioquia.
Comunidad de la vereda Puntas de Ocaidó de Urrao, Antioquia. | Foto: Tomada de la cuenta de Twitter de la Defensoría del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo denunció que 106 familias de la vereda Puntas de Ocaidó del municipio de Urrao, ubicado en el suroeste de Antioquia, están confinadas por cuenta de un enfrentamiento que se extendió durante el viernes y todo el fin de semana entre los hombres de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional e ilegales del Clan del Golfo.

De acuerdo con el consejo comunitario del territorio, las últimas horas han estado marcadas por el miedo de caer en medio de las balas o de ser reclutados por los delincuentes para hacerle contrapeso al Estado, empeñado en cerrarle el paso a los grupos armados que quieren afianzar sus rentas criminales en esta zona del departamento.

En consecuencia, varios habitantes de la vereda Puntas de Ocaidó iniciaron un desplazamiento forzado hacia el casco urbano de Urrao desde el pasado viernes cuando se empezaron a escuchar los primeros estruendos de las balas.

Los enfrentamientos: dos abatidos y material incautado

El brigadier general Juan Carlos Fajardo González, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, confirmó que sí hubo combates contra la subestructura Carlos Vásquez de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), como también se hacen llamar los sujetos armados que comandó hasta septiembre de 2021 alias Otoniel.

“En desarrollo de operaciones militares en la vereda Puntas de Ocaidó, mueren dos de los integrantes del grupo armado. Además, en el lugar fueron incautadas armas de largo y corto alcance, abundantes municiones, proveedores y equipos de comunicación, entre otros”, detalló el comandante de la institución.

Al parecer, los hombres del Clan del Golfo estaban planeando ataques terroristas en Urrao para generar terror y desestabilizar el orden público. La información recolectada por los grupos de inteligencia del Ejército da cuenta que el objetivo principal de los hombres que liderada alias Patiño es recolectar dinero para patrocinar los deseos delincuenciales de la organización.

En específico, en la zona rural de Urrao querían fomentar el narcotráfico e imponer el miedo en la comunidad para que los comerciantes y campesinos cedieran ante las extorsiones que les iban a empezar a cobrar.

“La Cuarta Brigada continúa desarrollando operaciones con el fin de mantener y estabilizar el orden público en esta región. Patria, región, lealtad. Fe en la causa”, concluyó el brigadier general, Juan Carlos Fajardo González.

Además de los hombres del Clan del Golfo, en ese municipio también hacen presencia las disidencias de las Farc que buscan extender sus mercados ilegales desde Antioquia hacia el Pacífico colombiano, transportándolos por las montañas del suroeste.

El pedido de los defensores: respeto a los derechos de los pobladores

Los defensores de los derechos humanos del departamento alertaron sobre las presuntas violaciones a los tratados internacionales que buscan proteger la vida de los civiles en medio de los conflictos. En la lista de vulneraciones hay homicidios selectivos y amenazas.

A raíz del hecho, la Defensoría del Pueblo informó por medio de un comunicado dirigido a la opinión pública que ya hizo presencia en la zona e incitó a las organizaciones delincuenciales a salvaguardar la integridad de las comunidades que están en medio de los enfrentamientos que sostienen con el Ejército Nacional.

“Recalcamos a los grupos armados ilegales al respeto por el principio de distinción y las normas del derecho internacional humanitario, así como a mantener a la población civil al margen de sus acciones”, reiteró el Ministerio Público.

El organismo concluyó que no dejará de analizar -junto a las autoridades locales de Urrao y la Iglesia católica- la vulnerable situación donde están siendo víctimas más de 500 personas, agrupadas en 106 familias: “Mantenemos monitoreo permanente (…), seguiremos acompañando a la comunidad para garantizar sus derechos”.