A la cárcel, funcionaria de la Alcaldía de Medellín que habría robado $ 47 millones de dos colegios

La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en su lugar de residencia en contra de Margot de Jesús Rojo Restrepo, como presunta responsable de peculado por apropiación y falsedad material en documento público.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, entre octubre de 2015 y octubre de 2019, Rojo Restrepo, quien se desempeña como servidora de la Secretaría de Educación de Medellín, se habría apropiado indebidamente de $ 46.990. 778.

Estos son recursos que hacían parte de las instituciones educativas La Avanzada y Ramón Giraldo Ceballos de Medellín, Antioquia, aprovechando sus funciones como tesorera en ambos establecimientos educativos.

Los investigadores establecieron que para la presunta apropiación del dinero público se habrían realizado 38 transferencias ilegales y se habrían cometido 13 falsedades en documento público. Rojo Restrepo, de 58 años, fue capturada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación y no se allanó a los cargos imputados.

Otro caso: delincuentes saquearon dos colegios en Medellín

Un robo masivo de equipos tecnológicos en dos instituciones educativas públicas de la capital de Antioquia tiene en indignación a la población de Medellín. Dos grupos de ladrones asaltaron en horas de la noche las sedes de formación y tomaron 58 computadores portátiles que les servían a cientos de niños en las clases de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

Los hechos delictivos se presentaron en los colegios María de Los Ángeles Cano y Pablo Neruda, ubicados en dos barrios de la zona noroccidental de la ciudad. En el primer plantel hurtaron 34 máquinas y en el segundo alcanzaron a sacar 24. De momento, las autoridades no tienen claridad si un grupo organizado está detrás del crimen que tiene en indignación a la comunidad.

Sin embargo, se presume que los implicados tendrían cercanía con las instituciones porque conocían la ubicación exacta donde los profesores guardaban los computadores, avaluados en más de 60 millones de pesos. Por ejemplo, en María de Los Ángeles Cano, los ladrones ingresaron haciendo un agujero en la pared y construyeron un túnel hasta la sala de informática.

Las voces de rechazo no se hicieron esperar. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, advirtió que la fuerza pública está trabajando para dar con el paradero de los autores materiales del robo. No obstante, la Policía Nacional informó que no ha recibido denuncias por los hurtos que se presentaron al inicio de la semana en los colegios de la ciudad.

“Condeno el robo de los computadores futuro en Granizal y Santa Cruz. No les roben los sueños a nuestros niños y niñas. Las autoridades están tras los responsables, pagarán caro”, escribió el mandatario local en su cuenta de Twitter, donde adjuntó una imagen de un medio de comunicación que calificó al grupo de delincuentes como “lacras”.

Mientras tanto, la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo Ruiz, explicó que los equipos que fueron hurtados habían sido adquiridos a través del presupuesto participativo que gestionaron los líderes barriales. Es decir, la propia comunidad planteó el proyecto y lo priorizó frente al dinero que tienen disponible para ejecutar los planes locales de desarrollo.

“Nos entristecen de sobre manera los actos delincuenciales que nos han reportado del robo de computadores en dos instituciones educativas de la ciudad. Hemos estado junto a la comunidad educativa, pero también la comunidad territorial. Son los computadores de presupuesto participativo, el esfuerzo de las comunidades”, afirmó la funcionaria.

Agregó que están verificando en las cámaras de seguridad de los colegios el minuto a minuto de las acciones criminales que les quitaron los sueños a los estudiantes que están matriculados en el barrio Granizal. De igual manera, la Empresa de Seguridad Urbana de Medellín rendirá cuentas en un informe sobre las condiciones de vigilancia que facilitaron los delitos.