Nación
“Actos de violencia en el Bajo Cauca antioqueño han vulnerado los derechos de la población civil”, afirma el Gobierno Petro frente al paro minero
Les piden a los manifestantes abrir la puerta del diálogo.
El presidente de la República, Gustavo Petro, y los integrantes del Gobierno nacional, rechazaron los actos de violencia que se vienen presentando en la Bajo Cauca antioqueño en desarrollo del paro minero que se registra desde el pasado 2 de marzo.
Aseguran que los hechos violentos que han tenido lugar durante el desarrollo de las jornadas de protesta social “han vulnerado los derechos de la población civil y han puesto en grave riesgo la integridad de miembros de la fuerza pública”.
Además, destacan que el Gobierno ha estado presente en la región con varios de sus integrantes en las mesas de diálogo, escuchando a las partes y garantizando el normal desarrollo de las jornadas. Entre los delegados en la zona se encuentran cinco viceministros y equipos técnicos.
Desde el Gobierno Petro resaltan que los ministros de Defensa, del Interior y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como también integrantes de la fuerza pública y la Gobernación de Antioquia, “estuvieron al frente de las medidas adoptadas para despejar las vías y garantizar la seguridad y los derechos de los habitantes de la región”.
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Con relación a las mesas de conversación, que permitan avanzar en la solución a estas alteraciones del orden público, desde la Presidencia de la República insisten en que la puerta al diálogo solo se reabrirá una vez se cumplan una serie de requisitos, como:
- Cesen los hechos de violencia.
- Tener normalización en el territorio y se supere el desabastecimiento.
- La población pueda contar con alimentos y medicinas.
- Se tenga pleno funcionamiento de hospitales, colegios y centros de atención de la niñez.
Aseguran que, de darse las condiciones para reanudar el diálogo, “insistiremos en la creación y puesta en funcionamiento del distrito minero, así como en el plan de formalización de la minería, que garantice respeto por el medio ambiente y el derecho al trabajo”.
Según la comunicación emitida por el Gobierno nacional, permitirá que estas personas cuenten con el apoyo del Estado en el desarrollo de sus actividades productivas.
Con relación a las alteraciones del orden público en los municipios del Bajo Cauca antioqueño, el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, anunció el pasado viernes 10 de marzo que el Gobierno nacional, con la fuerza pública, empezaban el desbloqueo en las zonas afectadas por el paro minero.
El Gobierno Nacional no ha incumplido los acuerdos celebrados en septiembre de 2022 con los pequeños mineros, ancestrales o artesanales, del Bajo Cauca antioqueño. Si están participando en el paro, lo hacen engañados o intimidados por organizaciones armadas ilegales.
— Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) March 4, 2023
El funcionario explicó que “el Gobierno nacional siempre está dispuesto al diálogo, pero no acepta la presión que los violentos pretenden ejercer ni la intimidación a las comunidades”.
Adicional a esto, el ministro destacó a través de sus redes sociales: “el Gobierno nacional no ha incumplido los acuerdos celebrados en septiembre de 2022 con los pequeños mineros, ancestrales o artesanales, del Bajo Cauca antioqueño”; de acuerdo con el alto funcionario, “si están participando en el paro, lo hacen engañados o intimidados por organizaciones armadas ilegales”.
Como primer punto de la agenda de diálogo, el Gobierno del presidente Gustavo Petro propuso rechazar conjuntamente cualquier acto de violencia y, segundo, que se levanten de manera inmediata los bloqueos que han ocasionado desabastecimiento, principalmente de alimentos, medicamentos y gas, además de la restricción para acceder a los hospitales de la zona.
“El Gobierno ratifica que este ha sido, desde el principio, un acuerdo con la mesa del paro minero”, expresaron. También hace énfasis en que solo en estas condiciones “el Gobierno Nacional está dispuesto a retomar a la mesa de diálogo con todas las proposiciones y el ánimo de construir el diseño de una política pública para avanzar en el desarrollo y la prosperidad de la región”.