Alcalde Daniel Quintero responde a denuncias sobre supuesto apoyo a campaña política con recursos públicos

El alcalde Daniel Quintero habló de las denuncias que salpican a la Secretaría de Comunicaciones de Medellín por apoyar, supuestamente, la campaña política del movimiento Independientes a la administración distrital.

La abogada Gloria Jaramillo alertó que se estarían destinando recursos públicos para la producción de imágenes, por medio de un contrato interadministrativo que celebró esta entidad con la Universidad Nacional por 9.050 millones de pesos.

Ella sostiene esta teoría con los informes mensuales de supervisión de ese proyecto, donde, presuntamente, apareció material multimedia de “Juan Carlos Upegui, Ana Valle, Carlos Romero, Juan Daniel y Sergio López”, quienes aspiran a varios cargos de elección popular.

Daniel Quintero aseguró que la carpeta donde la mujer encontró las fotografías y videos de los candidatos, no tiene relación con la administración:

“Tomaron un Drive que no tiene nada que ver con la Alcaldía y lo presentan como si fuera una carpeta institucional. El Drive en el que encontraron videos de campañas es de una persona natural creada en Gmail”, manifestó el mandatario.

Mientras que el vicerrector de la Universidad Nacional, en la sede de Medellín, Juan Camilo Restrepo, no le restó importancia a las acusaciones y puso la lupa sobre la denuncia de Gloria Jaramillo. Así lo anunció en un comunicado:

“Una vez conocida la denuncia pública, la Universidad dio inicio a las respectivas revisiones e investigaciones sobre el asunto, dadas las implicaciones que estos hechos pueden tener”, indicó la institución de educación superior.

Imponen multa al alcalde Daniel Quintero por no recuperar el Bronx de Medellín

El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó una multa para el alcalde de Medellín y otros funcionarios, por incumplir una orden judicial de 2022, en la que se les exigió recuperar el sector donde se instaló el Bronx de Medellín, una invasión de habitantes en condición de calle y consumidores de estupefacientes que atormenta a los vecinos del barrio.

Hace quince meses, varias entidades fueron llamadas por la justicia para que lideraran un ‘plan integral focalizado’ con el fin de frenar la vulneración de los derechos colectivos en la zona comprendida entre la carrera 54 y las calles 54 a 57, dado que hay serios problemas de seguridad y salubridad, entre otros escenarios amparados por los magistrados.

Se pidió “identificar el perfil de la población, nivel académico, condiciones de salud, género, edades, pertenencia étnica, nacionalidad, entre otros determinantes sociales, que pueden contribuir a determinar cuáles son las medidas y estrategias que se puedan adoptar para invitarlos a que se acojan a la oferta pública existente para atender sus necesidades”.

A esa tarea fueron llamados la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las Empresas Varias de Medellín y la Fiscalía General de la Nación, quienes recibieron el ultimátum de cuatro meses para darle respuesta a las preocupaciones de la comunidad que reside en las inmediaciones del Bronx.

Sin embargo, superado este tiempo y recopiladas varias pruebas, el Tribunal Administrativo de Antioquia concluyó que las instituciones no han cumplido con el fallo de 2022 y multó con el pago de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes al alcalde Daniel Quintero; a Isabel Cadavid, secretaria de Inclusión Social, y a Martha Ciro, coordinadora del ICBF.

Así lo justificaron los magistrados: “La sala resalta la mora en que incurre el municipio de Medellín, lo cual permite inferir que no se ha dado cumplimiento al fallo, a pesar de que han transcurrido quince meses sin que se haya finiquitado el plan focalizado que brinde una solución articulada y de fondo, a la vulneración de derechos colectivos”.

Aunque reconocieron que se han adelantado varias tareas, no estarían siendo suficientes. En medio de las diligencias, la administración distrital les aseguró que trabaja para cumplir con la decisión judicial y advirtió que el proceso ha tenido algunas falencias de cara a las exigencias del fallo, pero los funcionarios estarían corrigiendo los vacíos.