Alcalde Daniel Quintero revela ser víctima de interceptaciones telefónicas y le envía un mensaje a Petro

Como todo un experto en chuzadas el alcalde de Medellín Daniel Quintero, le envió un mensaje al presidente de la República, Gustavo Petro, y le recomendó cómo actuar ante el escándalo nacional por las supuestas chuzadas que destapó el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, quien se refirió al escándalo de la jefe de gabinete, Laura Sarabia.

Quintero le reiteró su apoyo al mandatario y le recomendó ordenar un informe público por el tema, denunciando que también él ha sido víctima de las llamadas chuzadas desde hace cuatro años.

“Presidente: confió en su integridad. Ordene un informe público para saber quiénes, cuándo, por cuánto tiempo y bajo qué argumentos hemos sido chuzados. En mi caso tenemos información de que ha sido reiterado en los últimos 4 años”, dijo el alcalde de Medellín en un trino en su cuenta de Twitter.

Toda la nueva polémica partió de las declaraciones del fiscal Barbosa asegurando que “las chuzadas volvieron a Colombia”.

Esta fue la forma en la que el fiscal describió la grave situación que vivió Marelbys Meza, la exniñera del hijo de la jefe de gabinete del Gobierno, Laura Sarabia, cuya línea telefónica fue interceptada por agentes de la Dijín de la Policía.

En rueda de prensa, este jueves 1 de junio, Barbosa anunció que con esta acción se quiso vincular a la mujer, trabajadora doméstica, con la banda criminal del Clan del Golfo.

Para el fiscal, este no es más que un caso “aberrante” y que revive en uno de los peores escenarios históricos de Colombia en violación de derechos humanos, haciendo referencia a las acciones que adelantó el F-2 del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia durante la década de los ochenta y, más recientemente, el DAS, lo que llevó a que se ordenara su cierre.

“Es un día lamentable para el Estado Social del Derecho”, aseveró el jefe del ente investigador. Las acciones estuvieron dirigidas a manipular varios informes con el fin de lograr interceptar las líneas celulares de la niñera y de otra persona que trabajaba en la casa de Laura Sarabia. “Se inventan un informe de Policía Judicial de la Dijín, las convierten en miembros del Clan del Golfo y las escuchan y posteriormente en la tarde, como si estuviéramos en la Gestapo en Colombia, la trasladan en un carro, le hacen el polígrafo que no tienen nada que ver con su seguridad nacional”.

Por estos hechos, en los próximos días serán citados a interrogatorio las personas que estuvieron involucradas en estos seguimientos e interceptaciones ilegales. En la investigación ya se pudo establecer que fueron agentes judiciales de la Policía Nacional los que adulteraron la información para que un fiscal de crimen organizado interceptara dos líneas celulares. “No puede admitirse, desde ningún punto de vista, que la violación de los derechos fundamentales de los colombianos sean aceptadas”.

“Es un caso aberrante desde el punto de vista judicial y que nos pone de nuevo en el peor escenario histórico de Colombia, que es la violación de derecho humanos incluso previo a la Constitución de 1991″, aseguró el jefe del ente investigador. “Todo está evidenciado, tenemos los documentos, todo con trazabilidad judicial, hemos trabajado en los últimos cinco días con todo el equipo técnico e investigativo, hay documentos”.

El asunto es de extrema gravedad y así lo informó en detalle el fiscal, que reveló toda la trazabilidad de los hechos, que no son nuevos, y hasta ahora se empieza conocer la magnitud de las irregularidades. Las chuzadas habrían empezado desde el 30 de enero, el día mismo en el que Laura Sarabia presentó la denuncia por el robo de dinero.

En ese momento, trataron de iniciar las chuzadas, pero ante la negativa del fiscal del caso que actuó con independencia, la Policía Judicial produjo un informe, a todas luces irregular, que justificaba las interceptaciones a Marelbys Meza y a otra persona que iba continuamente a la casa de Sarabia, y que era quien les hacía las labores domésticas por días, llamada Fabiola.