Medellín
Alcalde de Medellín respalda sanción de la Dimayor a Nacional y anuncia fecha clave en el pleito
El mandatario ha sido cuestionado por el manejo que le ha dado a la crisis entre el club y la hinchada.
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, apoyó la sanción que la Comisión Disciplinaria de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) le impuso a Atlético Nacional y a la hinchada por la asonada que ocurrió en el estadio Atanasio Girardot.
El conjunto antioqueño deberá jugar tres fechas sin público y pagar una multa de 12 salarios mínimos vigentes que equivalen a $13.920.000. Además, se suspendió de manera parcial la tribuna sur que afecta directamente a la hinchada que ocasionó el caos.
Aunque SEMANA conoció que el equipo apelará las dos primeras decisiones, el mandatario distrital respaldó las determinaciones en medio de las supuestas diferencias que lo alejarían de las directivas de Atlético Nacional y lo unirían con la hinchada.
“La Alcaldía respalda sanciones de la Dimayor: 3 fechas sin público para Nacional y 3 más para la barra de Los del Sur”, escribió en su cuenta de Twitter. Agregó que, tras la turbulenta relación entre ambos frentes, se acordó una reunión para aliviarlos.
El próximo lunes 24 de abril a las tres de la tarde se reunirá con las directivas y los líderes de la barra para acordar las condiciones de seguridad y anticipó que el ánimo entre las partes ha mejorado. Detrás de la ruptura tóxica hay escándalos de poder y dinero.
La discusión está centrada sobre el orden público en el estadio Atanasio Girardot. Son dos puntos. El primero, si esa relación no mejora, podrían presentarse nuevas asonadas. El segundo, el club tendría que costear la seguridad porque no prestarán a más policías.
Así lo anunció el alcalde en Twitter: “Tener que sacar 800 policías de la calle para ponerlos a cuidar un partido de Nacional que es un negocio privado es inaceptable. La ley es clara en que son las directivas las que deben contratar servicios de vigilancia privada”.
Ahora bien, hay malestar por el tratamiento que la administración distrital le ha dado a la crisis. Desde La Alpujarra se dio cuenta de una supuesta responsabilidad que tendrían los directivos de Atlético Nacional por los desmanes que protagonizaron las barras bravas.
El encargado de distribuir las culpas públicamente fue el secretario de Gobierno, Juan Pablo Ramírez. Él afirmó que los líderes del equipo de fútbol tendrían que asumir los estragos que causó la asonada en los policías y fanáticos que resultaron heridos.
El comentario lo hizo en una transmisión de Win Sports y desató la molestia en las redes sociales. El funcionario empezó diciendo: “queremos que quede claro y se establezca la responsabilidad de los directivos de Nacional en las lesiones de policías [y] jóvenes”. Luego, presentó las razones por las que los protagonistas arremetieron violentamente contra las autoridades: “Por la renuencia a escuchar a la hinchada y a las fuerzas vivas del equipo, estas responsabilidades deben ser establecidas esta semana”, agregó Ramírez.
Esas palabras cayeron como una bomba en la opinión pública. En las redes sociales criticaron su posición y le pidieron explicaciones. Entonces, el alcalde Daniel Quintero publicó un mensaje en su cuenta de Twitter relacionado con el incidente.
Desde Centroamérica, el mandatario escribió en Twitter: “No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas”.
Ante el escándalo, el secretario de Gobierno dio la cara. No se retractó e insistió en la culpa que tendrían los líderes del equipo en el marco de la violenta manifestación que se presentó al interior de la unidad deportiva y que obligó a frenar el partido con América: “Frente a este tema, lo popular sería decir lo obvio, que rechazamos la violencia y que quienes participaron de los hechos serán judicializados”.