Medellín
Alcaldía de Medellín asegura que Savia Salud EPS está muerta, pero trata de salvarla
Este viernes 27 de enero vence la prórroga que se le asignó a la EPS para cumplir con 19 obligaciones.
La Superintendencia Nacional de Salud está a horas de emitir un concepto definitivo sobre Savia Salud EPS, que podría ser liquidada. En el negocio están la Gobernación de Antioquia, Comfama y la Alcaldía de Medellín. Daniel Quintero, el mandatario de la capital antioqueña, reveló la postura del distrito.
Sobre esta entidad pesa una vigilancia especial por dificultades económicas y quejas de los usuarios desde el 2017, atiende al 80 por ciento del régimen subsidiado del departamento y sus finanzas comprometen a varios hospitales de la red pública.
La decisión que se conocería este viernes 27 de enero sería producto de un examen riguroso en el cual se concluye si es apta para seguir ofreciendo los servicios. La Gobernación pidió un tiempo adicional para resolver los problemas y la Alcaldía también va por ese lado.
El mandatario afirmó que lo principal es que no sea liquidada porque no hay dónde reubicar al más de un millón y medio de usuarios que atiende la EPS. Al contrario, cree que la Superintendencia podría prorrogar la medida de vigilancia para buscar soluciones.
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Así lo afirmó este jueves 26 en una rueda de prensa: “Lo ideal es que se resuelva el problema de Savia. Estructuralmente, tiene problemas. Eso lo viene manejando Lina Bustamante y lo viene haciendo bien, pero está tratando de salvar algo muerto o alguien muy herido”.
Sobre la mesa hay tres opciones: liquidación, prórroga o intervención. En dado caso de que se dé la tercera, a Quintero Calle le gustaría que se ponga al personal adecuado al frente para poder darle un respiro a la crítica situación que enfrentaría Antioquia.
Pese a ello, la lectura que se tiene no es optimista. Con base en la información que se tiene sobre el estado actual de la entidad, así tenga buena administración, no tendría una salida fácil: “La verdad, la verdad, la verdad no es rentable”, agregó el alcalde de Medellín.
El estado de los usuarios también se complicaría. Al parecer, la compañía que podría recibirlos en dado caso de que se presente una liquidación habría dicho que “no”, a razón de que los afiliados de Savia Salud, en su mayoría, serían más enfermos y gastarían más.
“Tampoco tienen muchas opciones el Gobierno nacional ni el sistema de salud en relación con los usuarios de Savia Salud. ¿Dónde meten millón ochocientos mil usuarios? Además, Sura dice que no los recibe”, manifestó el mandatario distrital este 26 de enero.
En efecto, sugirió una intervención integral a todo el sistema. Aunque se mostró en disposición de acompañar a la Gobernación de Antioquia para atender los requerimientos de la EPS, pero no pondrá dinero porque es una empresa que está en riesgo de liquidación.
Los problemas serían mayores. Por ejemplo, la IPS Alma Máter le envió una comunicación a la Superintendencia Nacional de Salud pidiendo que no se dé una liquidación porque golpearía las finanzas de este hospital, conocido anteriormente como la Clínica León XIII.
Solo a esta institución, se le adeudan $ 49 mil millones. Los saldos en rojos son más, un informe de la Supersalud reveló que, para septiembre de 2022, las cuentas por pagar eran $ 579.647 millones, cuando su patrimonio adecuado fue de 735.367 millones.
El Hospital Mental de Antioquia también entraría en un déficit financiero, en dado caso de que se ordene la liquidación, porque el 80 por ciento de sus pacientes es afiliado a esta entidad. Además, se podría llegar a poner en riesgo los servicios que se les ofrece.
Frente a este escenario, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, afirmó que se ha calificado injustamente la gestión de la EPS. La Superintendencia pidió cumplir con 19 indicadores, hace años solo se lograron siete, hoy el cumplimiento es de doce puntos.
“Venimos haciendo el esfuerzo, se vienen teniendo resultados en la mejora de esa institución de salud para los antioqueños. No solo es eso, sino que, en los siete indicadores que no se cumplen, el cumplimiento general es del 60 por ciento”, contó.