Medellín
Alcaldía de Medellín suma otra investigación: Procuraduría rastrea supuestas irregularidades en millonarios contratos
Las presuntas inconsistencias se habrían identificado en dos contrataciones de la Secretaría de Comunes de la Alcaldía de Medellín, según la Procuraduría.
La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de dos investigaciones contra funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín por supuestas irregularidades en la firma y ejecución de dos millonarios contratos.
Los proyectos que pasarán por la lupa del ente de control disciplinario fueron firmados con la Universidad Nacional de Colombia y el canal de Telemedellín, con el propósito de apoyar las estrategias de divulgación de la administración distrital.
El primer contrato se suscribió por más de nueve mil millones de pesos entre la Alcaldía y la institución de educación superior. Por las dudas que rodean el manejo de la iniciativa, tres personas deberán responder en los próximos días.
Se trata de la actual secretaria de Comunicaciones, Mónica María Orrego López, así como el exsecretario Juan José Aux Trujillo. Paralelamente, se vinculó al proceso al docente universitario, Juan Carlos Gómez Henao.
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Detalles del expediente
En el expediente se lee:
“El órgano investiga si el contrato fue utilizado para favorecer intereses particulares, concretamente, las campañas de algunos candidatos que aspiraron a la Alcaldía y al Concejo de la ciudad durante las elecciones del pasado 29 de octubre”.
Allí se busca establecer si la administración desconoció las modalidades de selección previstas por la ley, pues el proyecto de divulgación se asignó de manera directa al alma máter por medio de un convenio interadministrativo.
Otra de las dudas de la Procuraduría General de la Nación es si la entidad académica contaba con la capacidad suficiente para ejecutar los trabajos encargados por la Alcaldía, pues ha suscrito 280 contratos de prestación de servicios. Uno de ellos, “fue firmado con una persona que aparecía como dueña de una página web que, al parecer, promocionaba la campaña de un candidato a la Alcaldía de la ciudad”.
La lupa sobre Telemedellín
En segundo lugar, este órgano de control abrió otra investigación contra los exsecretarios de comunicaciones, Juan José Aux Trujillo, y contra los profesores Juan Carlos Gómez Henao y Víctor Manuel Quiroz.
A ellos se les alega por presuntas inconsistencias en un proceso de contratación del canal local Telemedellín por un valor superior a los 18 mil millones de pesos: $12.496.159.017 iniciales y una adición por $6.248.079.508.
El objeto de la iniciativa era desarrollo pautas comerciales y el desarrollo de una estrategia de divulgación de resultados de la administración distrital que, en su momento, lideraba Daniel Quintero Calle.
“El ente evidenció un presunto desconocimiento de los principios de contratación estatal, al suscribir el referido contrato bajo la modalidad de contratación directa, eludiendo el procedimiento de ley, licitación pública”, relató la Procuraduría.
Es decir, en ese trámite deberían haber participado varios oferentes para escoger el de mayor experiencia, idoneidad, capacidad necesaria y suficiente para poner en desarrollo los requerimientos de la Secretaría.
En un apartado de la investigación se registró que, posiblemente, “el canal regional no contaba con la capacidad para ejecutar el objeto de control, lo anterior, teniendo en cuenta la tercerización de la contratación para el desarrollo de una parte de las actividades con la empresa Maxempleos”.
Por otro lado, desde Medellín, el fiscal Francisco Barbosa entregó los resultados de varias investigaciones por presuntos hechos de corrupción en la Alcaldía de la ciudad. Se trata de hallazgos derivados de algunas denuncias que fueron entregadas al ente acusador con el detalle de algunos sucesos que se convirtieron en investigaciones formales con responsabilidades puntuales.
Por estas denuncias, seis exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín y seis contratistas serán citados a imputación de cargos por delitos como celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Se trata de irregularidades en la firma de cuatro contratos, durante la pandemia y por más de 68.000 millones de pesos.
