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Antioqueños tendrían que pagar impuesto de seguridad en la factura de energía
La propuesta fue presentada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
A la Asamblea de Antioquia llegó un proyecto de ordenanza donde la Gobernación pretende adoptar una tasa especial de seguridad. Es decir, un nuevo impuesto para mejorar las condiciones de orden público del departamento.
La idea inicial es que el cobro se haga por medio de la factura de energía en zonas residenciales de estratos 4, 5 y 6, también en sectores comerciales e industriales donde el rango del consumo de energía supere los 400 kilovatios hora.
La plata se invertiría en el sistema de vigilancias, alumbrados en zonas inseguras y dotación a la fuerza pública. La justificación de la administración es que esta tasa es necesaria para luchar contra el crimen y prevenir los delitos.
El gobernador Andrés Julián Rendón envió un oficio a la Asamblea donde argumentó la importancia de este impuesto: “Existen aún hechos que constituyen un serio problema para la seguridad y sana convivencia de los habitantes”.
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Una de las revelaciones es que en el territorio operan 300 organizaciones criminales que afectan a más del 81 por ciento de los municipios. En la lista aparecen el ELN, Clan del Golfo y disidencias de las Farc, entre otros de alta peligrosidad.
Estos grupos persiguen intereses en la explotación ilícita de yacimientos mineros, el tráfico de estupefacientes, la extorsión y la trata de personas. Los homicidios también inquietan: 25 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
La iniciativa ya tiene sus críticos. Uno de ellos es el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero: “Gobernador de Antioquia impondrá impuesto a la cuenta de servicios públicos de 7 millones de antioqueños. Engañaron a la gente”.
El diputado de Creemos y ponente de esta iniciativa, Juan Felipe Vélez Álvarez, aseguró en SEMANA que este proyecto es constitucional, pero inconveniente para la población, por lo que anticipó que su ponencia será negativa.
“Inconveniente porque faltó mucha socialización con la ciudadanía, los gremios y los diputados. Inconveniente porque no estamos en una época de bonanza económica, porque la capacidad adquisitiva de la gente está en su peor momento”, agregó.
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