NACIÓN
Asentamiento indígena en Niquitao, Medellín, se trasladó al cementerio San Lorenzo. Esta es la situación
La comunidad indígena pasó de los ardedores del colegio Héctor Abad Gómez, hasta el cementerio San Lorenzo.
El grupo de indígenas de la comunidad Embera Katío, que lleva dos meses en un sector de la comuna 10 en Medellín y que inició situándose a las afueras de la institución educativa Héctor Abad, al parecer, ha crecido y se ha ido expandiendo hasta llegar a la zona del Cementerio San Lorenzo.
En 2021, la alcaldía de Medellín indicó que comenzó la intervención del cementerio San Lorenzo, con la intención de convertir esta infraestructura en un nuevo espacio para la comunidad de los alrededores y la ciudad.
Como parte del proceso, se hizo la demolición de 400 metros cuadrados del cerramiento que por años apartó a la comunidad de uno de los sitios patrimoniales, pero hoy la zona está llena de cambuches, casas de madera con techos hechos en bolsa.
La instancia del grupo indígena que, de acuerdo con el censo de las autoridades, son cerca de 250; solo los censados, han impedido que más del 60 % de los estudiantes del colegio público tomen sus clases, por lo que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, busca darle una solución pronta y oportuna a la problemática.
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El mandatario señaló que la Administración Distrital interpondrá una acción de tutela que permita garantizar y acelerar el retorno de esta población indígena que llegó procedente del Chocó por las críticas condiciones de seguridad que viven.
Los andenes de alrededor del colegio se han convertido en las habitaciones de los indígenas, los alrededores de la zona son las cocinas, los patios para secar la ropa que lavan con el agua del colegio y hasta se han convertido en baños, donde hacen sus necesidades.
La emergencia crece al tiempo que en la zona hay hombres consumiendo drogas, y fumando marihuana, cerca muy cerca de los menores de edad.
“Desde la administración distrital estamos listos para que ese retorno sea cuanto antes; incluso estamos liderando que debería estar en cabeza de la Unidad de Víctimas, pero hemos sido nosotros los que hemos venido impulsando que ese retorno sea cuando antes”, afirmó Alexis Mejía, gerente de Etnias (e).
En consejo de gobierno se analizó la situación y confirmaron que la normalidad señala que desde la administración distrital se les brindan todas las garantías a las víctimas que llegan a la ciudad, durante los tres primeros meses, pero después de este tiempo, esa competencia corresponde a la Unidad de Víctimas.
Desde la Alcaldía de Medellín anunciaron que, en articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, regional Antioquia, realizarán en los próximos días una jornada de reparación de los derechos de los cerca de 100 niños y niñas que se encuentran en esta situación.
En el mes de febrero el grupo de indígenas ingresó de manera violenta a las instalaciones del centro administrativo de La Alpujarra y generaron algunos actos de vandalismo. El balance oficial del acto fue de cerca de 500 personas que ingresaron, entre los que se encuentran 300 niños y 200 adultos, dejando al menos ocho personas lesionadas de las cuales tres eran policías.
En relación con lo sucedido, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, cuestionó en ese momento la utilización de menores de edad y afirmó: “Los niños en las protestas son una estrategia de los miembros de la etnia para evitar la intervención de las autoridades, tanto policiales como distritales”.
“El día de hoy (miércoles 22 de febrero) se ha presentado una manifestación de la comunidad Emberá Katío que de manera violenta se ha tomado la Alcaldía, utilizando niños para ello; más de 100 niños utilizaron para la toma de la Alcaldía, lo que obligó al desalojo de las instalaciones de La Alpujarra. Esta protesta se da debido a que en los últimos días y en las últimas semanas, con la gerencia de etnias y el ICBF, con la Policía de Infancia y Adolescencia hemos venido realizando unas tareas para unas intervenciones”, dijo Quintero en ese momento.
