Así gobiernan los alcaldes desplazados de sus propios municipios por disidencias de las Farc, ELN y Clan del Golfo

La situación de inseguridad en algunas regiones de Colombia traspasa todas las barreras posibles. Los asesinatos y desplazamientos tocan a toda la población, incluidos los alcaldes y alcaldesas que hoy despachan desde otros lugares, porque grupos armados les tienen prohibida la entrada a sus propios municipios.

SEMANA recogió testimonios de varios mandatarios en diferentes regiones y la radiografía de lo que ocurre en la Colombia profunda hace mucho pasó de una simple alerta naranja a roja. Disidencias de las Farc, ELN y Clan del Golfo deciden el destino de poblaciones completas; ellos son la autoridad absoluta.

Por ejemplo, en Antioquia, según la Defensoría del Pueblo, el 60 por ciento de los alcaldes tienen amenazas de grupos armados. La mayoría no puede cumplir agenda en las zonas rurales. Hay especial preocupación en las subregiones del norte, nordeste, occidente y suroeste, donde los mandatarios han alzado la mano para denunciar ante la opinión pública el reclutamiento forzado y el cobro de extorsiones.

En Chocó, el panorama es mucho más desalentador: tres alcaldes están desplazados de sus municipios. Los mandatarios de Bagadó, San José del Palmar y Sipí tuvieron que abandonar sus casas y familiar. De otro lado, los alcaldes de Nuquí, Lloró, Unión Panamericana, Bojayá, Medio Atrato y Río Iró están amenazados.

“Llevo dos meses sin ingresar al territorio. La situación es bastante compleja. Hemos sentido el abandono de las instituciones que se encargan de esta labor. A pesar de mucho pie de fuerza que nos coloquen, nuestra seguridad corre riesgo”, dice el alcalde de Bagadó, Walter Serna Palomeque.

Y agrega: “quien lo elige a usted, lo elige con el propósito de sentir el calor, la presencia. Al no sentirla, se siente un poco de desamparo. No obstante, la administración ha seguido funcionando de la manera convencional”.

En Caquetá cuatro alcaldes han hecho públicas las amenazas que reciben de los grupos armados. El mandatario de Cartagena del Chairá, Edilberto Molina, despacha desde la ciudad de Florencia porque no tiene garantías de seguridad para volver al municipio.

Molina reveló que los criminales les cobran cada año entre $100 millones, $80 millones y $30 millones para dejarlos gobernar. Varios políticos de este departamento pagan la extorsión para que ellos y sus familias no sean víctimas de agresiones.

“Gobernar a control remoto es complejo. Ayer (el martes) tuvimos la inauguración de un parque recreo deportivo y fue mediante una llamada. A pesar de no estar en el territorio, seguimos entregando obras (...) La gente a uno lo elige para estar en el municipio, para tener el contacto con las personas, para uno escucharlos, para encontrarles soluciones. A mí me llaman y me dicen que hago falta. La cara del santo es la que hace el milagro. Si uno no está, es complejo”, señala Molina.

En Norte de Santander,  Íder Álvarez, alcalde del municipio de La Playa de Belén; y Nelson Leal, mandatario de Tibú, ambos de la zona del Catatumbo, han sido víctimas de amenazas por parte de grupos armados que delinquen en la región.

Esta situación obligó a los dos alcaldes a salir de sus municipios y gobernar desde el municipio de Ocaña y en la ciudad de Cúcuta, respectivamente, con el objetivo de salvaguardar sus vidas y la de sus familias, esto teniendo en cuenta que las amenazas son permanentes.

En el caso de Íder Álvarez, se encuentra radicado en Ocaña desde el pasado mes de junio de 2022, luego de salir ileso de un atentado en su contra y amenazas por parte de actores armados contra él y su familia.

“Esta situación nos ha cambiado la vida, tuve que salir del municipio con mi familia a gobernar desde Ocaña y a pesar de ello, las amenazas continúan; es compleja esta situación al punto que una vez termine mi mandato me retiraré de la política”, señaló el alcalde.

Por su parte, Nelson Leal, abandonó su municipio a mediados de marzo de este año, ahora vive en Cúcuta. El año pasado su hijo también había salido de Tibú por amenazas de muerte. “No tengo las garantías suficientes para gobernar desde mi municipio, lo amo porque allá tengo todo, pero por seguridad no puedo permanecer en la zona”, expresó Leal.

José Vicente Otero, alcalde de Caldono, Cauca, ha gobernado su municipio en medio de amenazas tan fuertes que lo han hecho salir de su población. Por medio de panfletos, el ELN lo ha declarado objetivo militar.

Este grupo guerrillero le dio en una ocasión un plazo de 24 horas para irse del municipio. De no hacerlo, lo asesinarían, pues aseguraban que se les había agotado “la paciencia”. Pese a las intimidaciones, Otero ha regresado a su municipio para continuar sus labores.

En el Valle del Cauca hay dos alcaldes que gobiernan en medio de complejos panoramas. Uno de ellos es Víctor Álvarez, alcalde de Cartago, quien afirma que fue declarado objetivo militar por las bandas criminales que se disputan el territorio para la venta de sustancias ilícitas.

“Cada rato sacan pasquines en los que declaran a varios funcionarios, entre esos a mí, como objetivo militar. Si atacamos a una organización nos acusan de estar aliados con la banda contraria y viceversa”, asegura.

El otro es Andrés Felipe Ramírez, alcalde de Jamundí, donde la disidencia Jaime Martínez tiene una fuerte presencia. Y aunque este grupo no lo ha amedrentado directamente, al mandatario sí le ha tocado lidiar con panfletos, como el que sacó un supuesto grupo denominado ‘Los Ultra Derecha’, donde lo amenazan de muerte por “corrupto y petrista”.