Así se negocia la ‘paz total’ de Medellín con 12 grupos ilegales

El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, rompió el silencio sobre el proceso de ‘paz total’ que está sosteniendo el Gobierno nacional con las organizaciones que delinquen en la ciudad de Medellín y el resto de los municipios que integran el Valle de Aburrá.

Doce grupos mostraron el interés de transitar hacia la legalidad y, de momento, se oficializó la etapa de acercamiento, pero sus nombres no fueron revelados. De manera extraoficial, se conoció que son los líderes capturados quienes mostraron la disposición.

Fuentes cercanas a la iniciativa detallaron que en la lista aparecerían los integrantes de las estructuras de La Oficina, Los Pachelly, Los Mesa, La Terraza y Los Triana, también otras subestructuras que se desprenden de ellas. Todas tienen antecedentes de narcotráfico.

Los encuentros se realizan con intermediarios en los establecimientos carcelarios del departamento. Se cuenta con la participación de testigos internacionales y nacionales. También se conoció que hay acompañamiento de representantes eclesiales y académicos.

El número de grupos ilegales de la subregión es amplio. El objetivo es unir a las cabezas visibles en un solo lugar para tramitar la conversación de manera efectiva. El establecimiento escogido sería la cárcel de máxima seguridad de La Paz, en Itagüí.

Por ejemplo, el traslado a este establecimiento de José Leonardo Muñoz Martínez, conocido con el alias de Douglas, daría indicios del proyecto de la ‘paz total’. Él recogería los intereses de las bandas de La Terraza, Trianón, La Unión, San Pablo y Los Pesebreros.

Mientras que Juan Carlos Mesa Vallejo, nombrado por sus alfiles con el alias Tom, también recluido en el penal del municipio de Itagüí, tendría la batuta decisoria de las estructuras criminales del Doce de Octubre, Caicedo, La Milagrosa, El Pedregal, entre otras.

Todo esto arrancó hace cuatro meses. Durante este tiempo se armaron mecanismos de verificación para la reducción de la violencia. El componente básico acordado es frenar las torturas, desapariciones y asesinatos para minar de confianza la negociación que empieza.

“Esta primera fase se sostiene sobre compromisos de ambas partes con la verdad, con no hacer trampas ni engaños, y con abstenerse de incluir en el proceso a personas ajenas al mismo a cambio de pagos económicos”, explicó la oficina del alto comisionado para la paz.

Se reconoció que la conversación “ha sido absolutamente discreta” con mecanismos de comunicación específicos para facilitar la tranquilidad de las partes. Eso ha generado malestar en Medellín porque varios actores políticos piden transparencia en el proceso.

No obstante, el Gobierno nacional anticipó que los asuntos sustanciales de la negociación en el Valle de Aburrá se darán a conocer en el momento en que la hoja de ruta esté diseñada y se tendrán en cuenta a todos los actores que estén interesados en la paz.

También se advirtió que todo se está realizado con base en lo reglamentado en la Constitución Política: “Avanzamos hacia la construcción de un espacio de conversación socio jurídica que respetará la autonomía de los diferentes poderes del Estado”.

El alto comisionado para la paz negó que en la conversación se hayan concretado promesas para los actores ilegales. Entre tanto, desmintió las especulaciones sobre las rebajas de pena, no extradición o excarcelación de los líderes de las estructuras armadas.

“El sigilo que nos exige esta primera fase del proceso ha dado pie a informaciones sobre compromisos entre las partes y escenarios inexistentes. La ciudadanía conocerá la arquitectura de la conversación cuando se cuente con una hoja de ruta finalizada”, dijo el funcionario.

Finalmente, el Gobierno nacional informó que los ciudadanos y los grupos delincuenciales que están involucrados en la negociación contarán con todas las garantías para lograr un “proceso de paz urbana eficaz y transparente” en los municipios del Valle de Aburrá.