Así será la cárcel “más segura del país” que se construirá en Medellín

La Alcaldía de Medellín recibió el visto bueno del Concejo para invertir en la construcción de la Cárcel Metropolitana para sindicados en el corregimiento de San Cristóbal. De acuerdo con la planificación inicial, tendrá un costo de $ 56 mil millones y podrá albergar a 1.339 personas.

Si todo sale como está previsto, en 2024 se pondrá el primer ladrillo y en 2037 se inaugurará. Este proyecto fue impuesto por varios fallos que emitió la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, a raíz de las críticas condiciones que hay en los establecimientos penales.

Los datos son escandalosos. Solo en las estaciones de la Policía Nacional se tiene un hacinamiento del 222 %. Los detenidos no tienen espacio para vivir. Esto ha desencadenado una constante violación de los principios básicos: “Deshumano, indigno, falta de salubridad”, dijo la Alcaldía.

La capacidad carcelaria es de 643 ciudadanos. Sin embargo, hasta el 15 de marzo, se tenía el registro de 2.073. En los pasillos hay 466 condenados y 1.578 sindicados de presuntos delitos. Es decir, la demanda es superior de la oferta. De momento, se tienen a 1.430 personas de más.

Una vez el nuevo establecimiento esté de pie, podrá mitigar la sobrepoblación en un 168 %. Allí solo podrán estar las personas que están esperando el resultado de un proceso penal, como lo pidió la rama judicial desde el año 2019, pero estaba en mora su cumplimiento.

Habrá seis pabellones destinados para un edificio de justicia, salud, transición y espera, administración, guardia externa, atención integral, caniles, guardia interna y seis torres de vigilancia. También se diseñaron lugares especiales para cada una de las necesidades.

El diseño inicial expone espacios para internos con movilidad reducida, género, condenados transitorios y visita íntima. Todo esto para sindicados, quienes están amontonados en la infraestructura de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá de manera crítica.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, dijo que será la cárcel más segura del país: “Tiene seis torres de vigilancia de tecnología de última generación. Vamos a poder ver los movimientos permanentes. Además, con inteligencia artificial de todos los presos. Todo el tiempo”.

Pero este proyecto no es del gusto de todas las personas. Prueba de ello es el debate que se dio en el Concejo de Medellín. Solo con once votos a favor, fueron aprobadas las vigencias futuras para su edificación por más de 56.200 millones de pesos anuales por doce años de manera continua.

Los corporados de la banca de oposición manifestaron desacuerdo por las condiciones técnicas y sociales que se platean en la iniciativa, aduciendo que existen múltiples necesidades básicas insatisfechas en el corregimiento de San Cristóbal, como la cobertura de los servicios públicos.

También levantaron su voz para apoyar a la comunidad que clama por no construir más cárceles cerca a sus viviendas y los niños. Al contrario, invertir dinero en las vías de acceso y la infraestructura educativa. No obstante, se recibió el aval y la obra comenzará en 2024.

Mientras que los concejales que están a favor dijeron que la Cárcel Metropolitana para sindicados es un alivio para atender las necesidades que tiene esta población. “Viven una situación dolorosa de hacinamiento en las estaciones de Policía donde no existe salubridad”, señaló la corporación.

Ese mismo concepto tiene el secretario de Seguridad y Convivencia, José Gerardo Acevedo Ossa: “Presentamos el proyecto de construcción que es de suma importancia para dignificar las condiciones en las que se encuentran los privados de la libertad en las 27 estaciones de la Policía”.

También baja la presión al interior de la institución porque se tienen a uniformados cumpliendo funciones que no les corresponde. Por ejemplo, hay 108 funcionarios que están dedicados a la custodia, cuando deberían estar en las calles generando buenas condiciones de seguridad.

De acuerdo con la administración distrital, este inmueble se configura como “el primer proyecto de asociación público-privada de iniciativa pública en Colombia con vigencias futuras aprobadas con la misión de garantizar la dignidad y la prevalencia de los derechos humanos”.