Lo último: capturaron al coronel Clauder Cardona, comandante de Policía de Chocó

En las últimas horas de este jueves fue capturado el coronel Clauder Cardona, comandante del Departamento de Policía Chocó.

El uniformado fue detenido por los delitos de explotación ilícita en yacimiento minero, concierto para delinquir y cohecho propio.

La orden de captura materializada por agentes de la Sijín de la Policía fue emitida por el Juzgado 11 de control de garantías de Antioquia.

Carmona llevaba dos años y medio al frente de la Policía en el Chocó, departamento donde habría cometido los delitos endilgados.

Recientemente, en conversación con SEMANA, el oficial informó que estaba liderando una lucha incansable contra la delincuencia en el departamento.

Bajo su lupa estaban el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Clan del Golfo, Los Mexicanos y Los Palmeños, quienes se sostienen con las rentas que les deja la extorsión y la minería ilegal, esta última actividad es la que enreda al coronel.

Para la mañana de este jueves, la institución programó una rueda de prensa en las instalaciones del comando en Quibdó, donde se pretendía socializar “hechos relevantes en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el departamento del Chocó”.

Sin embargo, frente a la detención, se canceló a última hora. La vocería la iba a tomar el teniente coronel Luis Aurelio Fonseca Tuta, quien fue asignado como comandante encargado, dado que el coronel Clauder Cardona no se encontraba en la región.

De momento, se desconoce quién asumirá las riendas de la Policía en el departamento de Chocó, territorio que diariamente suma muertes violentas y los delitos están sin freno.

La institución se refirió al caso por medio de un comunicado dirigido a la opinión pública: “La Policía Nacional reitera su compromiso y decisión para que sus uniformados cumplan y hagan cumplir la Constitución y las leyes. Se mantendrán las acciones contundentes en todo el país, en los eventos en que se cometan delitos por parte de sus integrantes para que sean investigados y comparezcan ante la justicia”.

Las calles de Quibdó son una autopista de lamentos mudos de quienes llevan tatuado en el alma el nombre de un familiar asesinado. Organizaciones sociales dicen que son más de 600 jóvenes acribillados en los últimos seis años, la Policía señala que son un poco menos, pero lo que sí es cierto es que la violencia en esa ciudad transita rápido y el dolor lento.

A Yamileth Mena Murillo aún le cuesta recordar el día que le avisaron que a su hijo, José Yoer Palacios, de apenas 17 años, lo asesinaron en el barrio El Poblado. “... Lo mataron desde la mañana”, fue lo último que escuchó de dos amiguitas del menor que llegaron llorando a su casa en la tarde del 15 de agosto del 2020.

Ella, que sufre de epilepsia, fue sedada inmediatamente por sus vecinos y familiares, cuando recobró la conciencia un par de horas después se encontró con una multitud rodeando su cama. “¿Ustedes lo vieron? ¿Cierto que no era él?”, preguntó, y ante la confirmación, perdió el conocimiento nuevamente.

José Yoer Palacios era bailarín del grupo Black Boys, estudiante de último año de bachillerato y un trabajador incansable para alivianar las preocupaciones económicas de su madre y así evitar los ataques de epilepsia. Lo mataron por cruzar una frontera invisible. Nadie sabe quién fue ni en qué circunstancias, solo saben que su cuerpo fue trasladado al cementerio central apenas lo balearon.

Desde entonces, Yamileth camina buscando justicia, aunque a veces el dolor la derrumba. En una de esas recaídas se bebió por completo un frasco de blanqueador. “A mi niño lo mataron porque les dio la gana, solo por verlo caer”, dice.

De acuerdo con la Policía, en Quibdó hay una sangrienta guerra entre tres bandas delincuenciales que se pelean el control del territorio, microtráfico y extorsión.

Palmeños, Mexicanos y Clan del Golfo son los protagonistas de esta escalada violenta. Quien cruce un territorio prohibido se muere, quien no pague una extorsión se muere, quien hable de más se muere, y el que esté en el lugar equivocado se muere. En esta ciudad ante cualquier situación, por menor que sea, la sentencia es la muerte.

De los 600 casos documentados por la Fundación Círculo de Estudios Culturales entre 2016 y 2022, solo se ha esclarecido alrededor del 87 por ciento. La cifra, a pesar de ser alarmante, no es una preocupación mayor para la administración municipal. Incluso, la normalización de la violencia ha llevado a que se denomine a los muertos por números y no por nombres.

La lideresa social Damarys Palacios Becerra a veces camina en las noches para que el dolor no sea estático. “¿No le da miedo transitar a altas horas sabiendo de la situación de seguridad?”, le preguntan, y ella sin afanarse responde: “yo estoy muerta desde el día en que mataron a mi hijo”.

Su hijo era Deiner David Palacios, tenía 19 años, y el día que lo asesinaron ―en septiembre del 2021― salió a buscar transporte para sacar a su mamá y hermanos del barrio El Reposo, zona norte. La noche anterior entró una facción de Los Mexicanos y advirtieron, con disparos e intimidaciones, que ahora eran dueños de ese territorio. Damarys, como lideresa social, era un blanco fácil para los criminales.

“Ese día no subieron ni busetas, ni rapis (motocicletas que prestan servicio de movilidad), entonces mi hijo fue a buscar transporte para que saliéramos de aquí. Él mismo fue el de la idea que debíamos desplazarnos”, cuenta Damarys. Su hijo alcanzó a caminar tres cuadras, allí se encontró a un amigo con moto al que le pidió el favor de llevarlo hasta su casa y sacar de urgencia a su mamá del barrio, pero una vez abordó el vehículo, una bala le atravesó la cabeza.

A Damarys le avisaron casi en instantáneo. Ella llegó al sitio y alcanzó a ver sus últimos segundos de vida. Lo vio nacer y lo vio morir. “Yo tuve la fortuna, en medio de la tragedia, de levantar el cuerpo de mi hijo, sé dónde está enterrado, lo que no sé es quién y por qué me lo mataron”, añade Damary. Deiner era estudiante de último grado de bachillerato y tenía la vocería juvenil del barrio El Reposo.

El coronel Clauder Antonio Cardona Cataño, comandante de la Policía de Quibdó, reconoce que hay una problemática creciente en algunos sectores, donde la violencia se ha incrustado con fuerza. No desconoce la existencia de fronteras invisibles y un fenómeno de extorsión fuerte.

“Lo que mantienen a estos grupos en la ciudad es la extorsión, porque ni siquiera estamos hablando de un corredor de droga”, dice el coronel. Precisa que desde esa institución tienen el reporte de 482 jóvenes asesinados entre 2016 y 2022. De los otros 118 que denuncian organizaciones sociales no tiene idea.

Ante esto, las madres de varias de las víctimas enviaron una sentida carta al fiscal general, Francisco Barbosa, para que haga presencia en el territorio y esa entidad se comprometa a esclarecer esos casos. “Aquí hasta los muertos se los roban porque las cifras de personas asesinadas jamás coinciden con lo que informan las autoridades. Por eso decidí empezar yo mismo el registro de los homicidios desde el año 2020″, cuenta el veedor Darwin Lozano Murillo.

“Acá las amenazas se cumplen”

El personero de Quibdó, Domingo Ramos, dice que la ciudad está en manos de los criminales. Para sustentar esa afirmación, hace un conteo rápido de, por ejemplo, cómo se extorsiona en la ciudad. “Aquí las casas deben pagar mínimo cinco mil pesos, los negocios pagan cantidades más grandes, las personalidades reconocidas también pagan. Estos grupos mandan panfletos advirtiendo y todos sabemos que acá las amenazas se cumplen”.

Gremios de comerciantes que hablaron con SEMANA confirmaron las palabras expresadas por el personero. Aseguran que los delincuentes de cada sector imponen su ley, a tal punto que la Empresa Distribuidora del Pacífico (DISPAC) no puede entrar a hacer lecturas en los medidores, suspender servicios por falta de pago o hacerle mantenimiento a las redes y equipos de conducción de energía eléctrica; ya que sus empleados pueden ser asesinados.

Las extorsiones tienen un monto entre 1 y 50 millones de pesos, dependiendo del tipo de negocio, y no se rigen por un ciclo de cobro establecido, sino que son reclamadas cada vez que los jefes de los grupos criminales quieren. La desesperación es grande y ya muchos están pensando en armarse para hacerle frente a los delincuentes.

Los otros rostros

Dora María Borja a veces se pierde en el conteo de los días. Su presente parece estar en el pasado. Su vida, dice, se detuvo cuando asesinaron a su segundo hijo en septiembre de 2019. “Me mataron a mi hijo mayor, que es quien convierte en madre a una mujer, y mi hijo último, que es al que uno más quiere”, cuenta.

Su último hijo se llamaba Yadilton Mosquera Borja, tenía 22 años, y lo mataron por no correr. Un tipo armado ingresó a su barrio y al ver que el joven no se intimidó con su presencia, lo baleó hasta ocasionarle la muerte.

Kevin Murillo Palacio era bailarín y lo asesinaron por cruzar una frontera invisible. Andrés Mosquera, conocido como Sololoy, murió el 8 de mayo de 2022 porque un niño sicario, bajo los efectos del alcohol, apuntó mal y disparó contra quien alegraba la vida de los quibdoseños.

Las historias podrían copar todas las páginas de esta revista y cada una es más triste que la anterior. Quibdó es una ciudad bañada de sangre inocente y una violencia voraz que amenaza con cobrar más vidas.